A propósito del nuevo ministerio: los grandes desafíos en materia de seguridad ciudadana de Chile

Tal como lo viven a diario millones de chilenos, nuestro país desde hace años tiene un grave y creciente problema de inseguridad. Así también lo han expresado el Gobierno, los centros de pensamiento, los alcaldes y parlamentarios, los medios de comunicación, las encuestas y especialmente todas las organizaciones territoriales de la comunidad nacional.

Desgraciadamente, parece ser que el sensible aumento del riesgo de ser víctima de un delito es algo que la sociedad está normalizando, término que se usa en forma abstracta e intelectualizada para expresar que nos estamos acostumbrando a convivir con el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia y la corrupción, cáncer que se está expandiendo e infiltrando por debajo en nuestras instituciones.

Esta descomposición salta a la vista con los casos más recientes que afectan al Ministerio Público, a la Corte Suprema, a los municipios, a los gobiernos regionales, a Gendarmería y a otras importantes instituciones.

No estoy exagerando ni haciendo de casos puntuales reglas generales.

Cualquiera que quiera ver la realidad y no engañarse encuentra rápido que en las comunas urbanas, y también en zonas rurales, impera el miedo a la delincuencia como algo generalizado, especialmente entre la gente más vulnerable, porque siempre son los pobres los principales afectados cuando falta o falla el Estado.

Los comerciantes de barrio se exponen a que les disparen y maten, o a tener que pagar por protección. Con impotencia de los padres, los niños pueden recibir balas locas en sus casas, pasajes y colegios, o ser reclutados como soldados de las mafias de narcos que operan a vista y paciencia de todo el mundo y, en algunos casos, también de la policía.

Como vamos, en unos pocos años un periodista no va a poder informar públicamente sobre el aumento de la criminalidad sin exponer abiertamente su vida, y una columna de opinión de denuncia no va a poder ser escrita y publicada sin un serio riesgo de despertar la venganza de las mafias, como ocurre en México, Ecuador o Colombia.

O como está ocurriendo en Argentina, donde recientemente las organizaciones criminales amenazaron la vida de la ministra de Seguridad, que –entre paréntesis– ha reducido en un año en un 15% la tasa de homicidios, como lo informa la prensa de ese país estos últimos días.

Ante esta descripción del terror, ¿vamos a seguir repitiendo como loros que este es un problema que no es nuevo y que no es atribuible a un Gobierno específico, sino que es imputable a la sociedad en su conjunto?

Entonces nos quedamos tranquilos con nuestra conciencia, porque cuando todos somos responsables estamos diciendo que nadie lo es, o, al menos, eso creemos.

Así las cosas, el hilo se sigue cortando por lo más delgado, lo que usualmente significa que son imputados o despedidos funcionarios u operadores menores, pero las cabezas aún se mantienen a salvo entre las sombras.

Para ser justos, los ciudadanos también tienen su parte en esta especie de resignación social y cultural y siguen votando por los mismos políticos, por los mismos alcaldes, parlamentarios y concejales, aún cuando muchos de ellos están imputados por diversos delitos, incluso cumpliendo medidas cautelares en sus casas o en la cárcel.

Esa no es responsabilidad del Gobierno de turno, sino de electores acostumbrados al hecho de que parece ser mejor estar del lado del que al final triunfa siempre, en vez de denunciar y enfrentar este narcoclientelismo que se ha apoderado de muchas zonas de Chile.

Ya no estamos en situación de decir que “hay que actuar a tiempo”, como se venía reclamando desde hace años por parte de los vecinos de las distintas comunas.

Ese tiempo de “va a venir el lobo” se terminó hace algunos años, los mismos en que los chilenos hemos visto cambiar nuestra cultura de pueblo amable y nuestro otrora tranquilo país, seguro para vivir, con una policía sana y que daba el ancho, por unas prácticas delictuales importadas y por organizaciones criminales internacionales, de las cuales Chile está siendo sucursal.

El lobo ya llegó

La verdad es que el lobo ya llegó y desgraciadamente, hasta ahora, está ganando la pelea.

Todo lo dicho no significa en modo alguno desconocer el tremendo esfuerzo que ha hecho y está haciendo el Gobierno por enfrentar este flagelo social. Los chilenos hemos sido testigos de ese gran esfuerzo, pero el desafío es tan grande y complejo que todavía está muy lejos de ser suficiente.

Lo digo con respeto, porque siempre es fácil opinar desde afuera, y con cuidado, porque también estuve a cargo del tema y me corresponde una cuota de responsabilidad. Ya en los años 90 y 2000 el problema del incremento del índice de victimización pasó igualmente a ser prioridad política, pese a que las tasas eran sustancialmente menores a las actuales y el problema no estaba generalizado, como sí ha ocurrido en la última década.

Lo cierto, en todo caso, es que en plena transición nuestra preocupación mayor eran los asesinatos por motivos políticos, la existencia de grupos radicalizados que tomaron las armas y usaron la violencia, y los permanentes embates de Pinochet contra el naciente sistema democrático. Aun así, ya hacia el 2000 el incipiente incremento de las tasas de delitos pasó a ser un tema de la campaña presidencial entre Lagos y Lavín.

Ministerio de Seguridad y policías

Volviendo al presente, cabe destacar que el Gobierno logró aprobar la creación del Ministerio de Seguridad y ha propuesto una serie de leyes y medidas para dotar al Estado de más poder. Vale la pena reconocerlo, porque es un éxito importante avanzar con este Parlamento fragmentado y en permanente estado de bloqueo.

Entonces, ¿por qué digo que no es suficiente? ¿Qué más se puede hacer?

Con la humildad del que probablemente no tenga toda la información, desconozca las nuevas medidas que se adoptarán y, por cierto, pueda estar equivocado, sugiero priorizar el fortalecimiento del mando de la autoridad civil del Estado por sobre las policías. Donde hay un cierto espacio de ambigüedad hay que poner más claridad, porque muchas veces da la sensación de que viven en un sistema autárquico del que se sabe poco.

Casos de corrupción y tráfico de influencias cometidos en la cúpula de las policías también han afectado la confianza en el sistema y en estas instituciones.

Unidad anticorrupción

Como segunda idea, sugiero priorizar el trabajo de una unidad anticorrupción, crimen organizado y narcotráfico, que concentre su atención en los que tienen poder en la sociedad, ya sea siguiendo la ruta del dinero o investigando las redes de protección que en silencio han tejido durante años, como lo hizo uno de los jefes del Tren de Aragua, que vivió tres años en Chile armando el chasis de las futuras operaciones de esa banda delictual en nuestro país.

Es un hecho comprobado internacionalmente que cuando la lucha contra la mafia se concentra en los poderosos, como en Italia, se puede derrotar a estas organizaciones criminales.

Allí, jueces, políticos, grandes empresarios, policías, alcaldes, parlamentarios y autoridades de gobierno, todos, fueron objeto de escrutinio por la unidad de Manos Limpias. El resultado fue tremendamente exitoso.

Coordinación territorial

En tercer lugar es fundamental robustecer la coordinación a nivel territorial. Para que eso sea efectivo debemos tener estadísticas por Comuna y con georreferenciación de datos oportuna y detallada. Sin ella es imposible saber si las políticas contra la delincuencia a nivel local están o no produciendo resultados.

Mientras se construyen y adaptan las nuevas cárceles, que ha sido otra medida exitosa del Gobierno, en forma urgente se deben intervenir las cárceles actuales, aislando y separando a los cabecillas de los soldados.

Los organismos y autoridades del Estado deben ser un solo músculo. Para ello, se debe obtener un nuevo compromiso de trabajo conjunto, sin competencias ni rivalidades absurdas y pequeñas. A esos planes comunales y regionales hay que ponerles metas e indicadores con urgencia.

Recuperar el territorio para los ciudadanos es un golpe duro para las mafias de narcos que se pasean desafiantes ante los vecinos.

El crimen organizado debe enfrentarse a un Estado poderoso, coordinado, implacable, tecnificado y con autoridades que reman todas para un mismo lugar.

Sistema de inteligencia y Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)

Un sistema de inteligencia integrado sería otro punto muy valioso. Ese sistema debe contemplar necesariamente la facultad de desarrollar tareas operativas, bajo los controles de la comunidad de inteligencia y, por ejemplo, debiendo rendir cuenta regular al ministro de Seguridad y a una comisión especializada del Congreso.

Por último, creo que hay que flexibilizar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), para que sea posible prevenir y reprimir la delincuencia violenta. Con respeto lo digo, pero las Reglas del Uso de la Fuerza que existen y las que están discutiéndose son casi imposibles de aplicar.

Da la sensación de que esta hechas para otro momento histórico, para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante y después del estallido social de octubre de 2019.

Hoy es otro tiempo y otra realidad. Ahora el problema es la inseguridad de la sociedad y no las violaciones de los derechos humanos de los participantes de las protestas sociales.

Sin perjuicio de que debe haber límites claros, necesitamos unas policías y unas Fuerzas Armadas que sean realmente disuasivas en número, medios y poderes.

Esto no es incompatible con exigir el respeto a los principios generales e internacionales del uso de la fuerza. Pero cuando el Estado decide utilizar la fuerza legítima, las policías y las Fuerzas Armadas deben poder cumplir su deber de proteger a la comunidad y a los ciudadanos de carne y hueso sin tener las manos atadas.

En todos los países democráticos disparar o atentar contra las fuerzas del Estado, desplegadas para combatir a organizaciones armadas e inescrupulosas, es considerada una acción que permite contrarrestar y reducir, con proporcionalidad, ese poder de fuego delictual con máxima potencia y eficacia.

Hay que aprovechar el tiempo que existe entre elecciones para lograr amplios acuerdos en esta materia, porque implementar el nuevo Ministerio de Seguridad requerirá tiempo y, por tanto, deberá ser complementado por otras acciones urgentes.

La discusión y la aprobación de las leyes que conforman la agenda legislativa antidelincuencia no deben ser impedimento ni aplazar la concentración en las tareas operativas. No debe quedar ninguna duda de la firme decisión de tomar el toro por las astas.

La recuperación de la percepción ciudadana de estar en control del territorio no puede esperar más, para que unidos detrás de las autoridades la delincuencia no vea fisuras ni contemplaciones. Gran cosa el haber aprobado el Ministerio de Seguridad. Este punto lo ganaron los ciudadanos.