Opinión
Debemos reconocer los múltiples avances para Chile durante los 35 años de democracia, pero da la sensación de que en muchos casos se pudo ir más allá o que los progresos quedan a medio camino.
Este 10 de diciembre, la celebración de los logros alcanzados a 76 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos ocurre en un escenario de tensión mundial. Conflictos bélicos en distintos lugares del planeta se han sumado al recrudecimiento de tendencias autoritarias –incluso en países democráticos–, el auge de movimientos en contra de los derechos de las mujeres, las personas LGBTIQ+ y otros grupos, la estigmatización de las personas migrantes y el impacto de las crisis ambientales.
América sigue siendo el único continente libre de conflictos armados declarados, pero no es ajeno a este escenario regresivo: en algunos países se observan retrocesos autoritarios y antidemocráticos y abundan la militarización de la seguridad pública, la criminalización de la migración, y la postergación de los pueblos originarios y comunidades, todo en medio de un desgastado modelo de “desarrollo” basado en la industria extractiva y monocultivos a gran escala, que considera los impactos ambientales, sociales y de derechos humanos como meras “externalidades”.
Pese al manifiesto compromiso del Gobierno de Chile contra la regresión autoritaria, el país también enfrenta múltiples desafíos, como la justicia tardía e incompleta por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y las lecciones no del todo aprendidas de las protestas de 2019, con intentos de simplificación que buscan ignorar la dramática desigualdad que les dio origen.
La desigualdad en Chile sigue siendo estructural. Se expresa en las profundas brechas en materia de acceso y goce de los derechos económicos, sociales y culturales, entre quienes pueden pagar los sistemas privados y quienes dependen de los públicos. También en los niveles de privatización y mercantilización de la tierra, el agua y otros bienes –que deberían abordarse desde un enfoque de derechos– y las tristemente famosas zonas de “sacrificio ambiental”, con impactos devastadores en la salud humana.
Por otro lado, en Chile vemos señales prometedoras, como el diálogo franco del Estado con los mecanismos internacionales de derechos humanos y su apertura a visitas de expertos internacionales. También la instalación de la Comisión de Paz y Entendimiento, que intenta contribuir a la justicia histórica en la relación con el pueblo mapuche y resolver las conflictividades que persisten generación tras generación. Además, siguen los esfuerzos en justicia transicional, con el valioso papel que puede tener el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por la actual administración.
Debemos reconocer los múltiples avances para Chile durante los 35 años de democracia, pero da la sensación de que en muchos casos se pudo ir más allá o que los progresos quedan a medio camino.
Por ejemplo, el derecho a la reunión pacífica se mantiene regulado por un decreto de la década de 1980, y la Constitución –que un 80 por ciento de votantes quiso reemplazar–, permanece vigente ante la imposibilidad de redactar, en tiempos democráticos, una nueva Carta Magna que convenciera a la mayoría. A lo anterior se suma una creciente polarización en el Congreso que dificulta los avances y muchas veces amenaza con retrocesos, como por ejemplo en los derechos de las personas migrantes.
Esperamos que las autoridades chilenas vean en este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, una oportunidad para reflexionar sobre todos estos logros y pendientes, y renovar sus compromisos e iniciativas en la materia. Desde ONU Derechos Humanos reafirmamos nuestra disposición de apoyar a los Estados en la implementación de sus obligaciones de derechos humanos para todas las personas, sin discriminación.
