Opinión
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¿Quién se beneficiaría con la represión a los informales? La respuesta convencional es que esto dejará contentos a los comerciantes formales y, tal vez, a algún alcalde que quiera ganar puntos con este tipo de medidas.
Dentro de las ya largas conversaciones y negociaciones habidas en el país para efectos de llevar adelante una reforma tributaria, ha surgido recientemente la idea de ampliar “hacia abajo” la base tributaria.
Eso significa, en buen romance, poner a tributar a las personas y a los empresarios –si se les puede llamar así– que llevan adelante una actividad laboral sin contar con los permisos y autorizaciones que el Estado impone, lo cual implica, entre otras cosas, que esos individuos no pagan impuestos ni realizan cotizaciones previsionales a las personas que con ellos trabajan. Componen lo que se denomina el sector informal de la economía.
En el país –de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas para el trimestre agosto-octubre del presente año– existen 2.502.150 informales. Aproximadamente un 25% de la fuerza de trabajo. Allí se ubican los vendedores callejeros presentes en el paisaje urbano de la capital y de otras ciudades importantes del país. Pero también se ubica el pintor o el gasfíter que hace pololitos donde y cuando puede, o el experto en bicicletas que arregla esos vehículos en su garaje o en una pieza de su casa que da para la calle.
También podemos mencionar a la señora Juanita que hace tortas en su casa y las vende a las personas amigas, ubicadas a 500 metros a la redonda de su casa, para los cumpleaños y aniversarios de los vecinos. También la señora Ramona hace empanadas el fin de semana y las vende a unos pocos clientes habituales.
Ninguna de esas personas entrega boleta de compraventa, ni paga cotizaciones laborales a quienes los ayudan en forma permanente o circunstancial en las actividades que realizan.
Si esos informales cobrasen a sus clientes un 19% adicional por concepto de IVA y si pagaran cotizaciones laborales a los que los ayudan en las tareas que realizan, sus precios de venta aumentarían y terminarían quedando fuera del mercado. No podrían resistir la competencia de la industria o de los servicios formales.
Si la señora Juanita tiene que cobrar un 20% o más por sus tortas, terminaría cerrando su negocio, o haciéndolo en forma casi clandestina, pues no podría competir con la panadería o el supermercado más cercano.
La inmensa mayoría de esas personas que se desenvuelven en el sector informal lo hacen por cuanto no encuentran condiciones laborales en el mercado laboral formal. Solo unos pocos, en forma excepcional, logran pasar del sector informal al formal. Los demás, están condenados a ganarse la vida como puedan, y terminan haciéndolo en una actividad que no tiene un régimen legal que los proteja, pero que no viola tampoco ninguno de los diez mandamientos.
El sector formal de la economía no está en condiciones de absorber a las 2.502.150 personas que componen hoy en día el sector informal. Si se les saca de las calles y de las otras actividades no formales –y/o se pretende obligarlas a que paguen impuestos–, se les impulsará a que pasen a engrosar la categoría de los desocupados, que ya está compuesta por 793.280 personas que tampoco encuentran trabajo.
La economía actual, con su estructura y sus tasas de crecimiento no está en condiciones hoy en día de absorber a estos grandes contingentes de mano de obra. Se les puede obligar a realizar sus actividades informales en forma más reservada o clandestina, o en los arrabales o sectores más alejados o marginales de las grandes ciudades. Pero no podrán hacerlos desaparecer, a menos que se utilice el método Bukele.
La informalidad es, en última instancia, un fenómeno suficientemente complejo, de tipo social y económico, que no se puede abordar solo con la óptica fácil de la recaudación fiscal.
¿Quién se beneficiaría con la represión a los informales? La respuesta convencional es que esto dejará contentos a los comerciantes formales y, tal vez, a algún alcalde que quiera ganar puntos con este tipo de medidas. Pero si desaparecen las actividades informales habrá una cantidad muy grande de personas que no tendrán cómo ganar un ingreso.
Estamos hablando de millones de ciudadanos. A ellos se suman una cantidad importante de pobres anteriores que no podrán comprar barato en el sector informal, con lo cual terminarán siendo más pobres aun que hoy en día. Nada de eso se traducirá en mayor demanda para el sector formal. Su clientela se vería reducida y el país se vería enfrentado a una crisis social de envergadura, con inciertas consecuencias políticas.
Y lo más probable es que, desde el punto de vista fiscal, no se lograría el objetivo de captar mayores ingresos, pues eso no se logra haciendo más pobre a un sector relevante de la población nacional.
