Opinión
Es indispensable adoptar un enfoque que promueva un diálogo informado, sustentado en evidencia y experiencias probadas.
Hace un par de años, las ambiciosas promesas de campaña en materia tributaria decían que transformarían el país y para ello la agenda contenía proyectos en materia de recaudación fiscal muy difíciles de cumplir. Hasta un 4,1% del PIB.
En diciembre de este año, el gobierno ha enfrentado desafíos significativos para consumar plenamente estos anhelos. Aunque se han presentado iniciativas clave, como la reforma tributaria y la condonación del CAE, la falta de apoyo político ha dificultado su implementación.
Estas promesas, que son a medida, tienen un sesgo político significativo en relación con la aprobación de las reformas. Esto se manifiesta principalmente en el contexto del diseño, discusión y votación en el Congreso, donde las posturas de los diferentes sectores políticos suelen estar fuertemente influenciadas por sus ideologías y las prioridades de sus bases electorales. Para el sector progresista, la única forma de cumplir con la recaudación fiscal es el aumento de impuestos para reducir desigualdades sociales; para el sector más conservador, y que se opone a estos aumentos, el incremento tributario afecta la inversión y el crecimiento económico.
La fragmentación y polarización que se observa en el Congreso dificulta llegar a consensos en esta materia. No existen avances significativos o se suelen revertir propuestas de reformas generando una inestabilidad en la política fiscal y desconfianza ciudadana. Tal vez sea hora de pensar que existe un punto medio entre ambas miradas.
El debate sobre la reforma tributaria refleja una tensión constante entre ideología y técnica. La ideología aporta visión y propósito; la técnica, viabilidad y sostenibilidad, pero, cuando las posturas y sesgos se convierten en trincheras inamovibles, el progreso se detiene y se erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para gestionar los recursos necesarios de manera efectiva.
Es indispensable adoptar un enfoque que promueva un diálogo informado, sustentado en evidencia y experiencias probadas. Esto requiere alcanzar consensos en torno a objetivos compartidos, como reducir las desigualdades y fomentar el crecimiento económico, garantizando que todas las perspectivas sean consideradas. Un sistema tributario equitativo y sostenible no puede depender de la imposición de una única visión, sino de una integración pragmática de enfoques diversos.
Solo mediante un diálogo abierto, transparente y basado en criterios técnicos será posible avanzar hacia reformas que no solo incrementen la recaudación, sino que también aseguren una distribución justa de los recursos y fortalezcan el desarrollo. Este proceso demanda voluntad política, un diálogo constructivo y un compromiso firme con el bienestar futuro del país.
