Chile 2024: balance y perspectivas

Este 2024 concluye con un sello de continuidad respecto al pasado reciente. La economía logra consolidar los esfuerzos antiinflacionarios, pero persiste un crecimiento mediocre. La política fiscal se impone, pero el rezago productivo es notorio. Como es comprensible, el impacto lo resienten los sectores más desfavorecidos. En cuanto a la política, también es posible observar un continuismo.

En efecto, el Gobierno no logra –salvo cortos episodios– retomar el control de la agenda y se enfrenta a una firme oposición. La condición de minoría parlamentaria en que se encuentra el oficialismo también se extiende a la calle y a la opinión pública. El debate público muestra una guerra de trincheras con poquísimos momentos de diálogo.

Peor aún, en el período más reciente, la agenda ha sido dominada por diversos tipos de escándalos, ya sean financieros, tráfico de influencias, farándula y diversidad de delitos que también comprometen a autoridades del Ejecutivo, parlamentarias y municipales.

El Gobierno alcanza una baja aprobación. Si bien en las pasadas elecciones los partidos oficialistas recibieron una votación cercana al 50% y lograron retener los gobiernos regionales más importantes, ello excede en mucho el nivel de aprobación de La Moneda. La conclusión es simple: una buena parte de los electores del oficialismo tienen una opinión crítica de la labor del Gobierno.

La oposición, por su parte, hace de la crítica su recurso principal, pero a la fecha no logra mostrar una alternativa programática diferente, y sobre todo, de los caminos para alcanzarla. Alcanza una amplia votación, posee liderazgos de diverso tonelaje, pero ninguno a la fecha logra construir hegemonía.

En este cuadro, a un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias, es más que probable que, luego de la pausa de fin de año y vacaciones, tengamos una larga y sinuosa campaña electoral.

¿Y las tareas de Estado?

Hablamos de la seguridad interior, de las relaciones internacionales y de la Defensa Nacional. Veamos qué pasó este 2024 que concluye.

En materia de seguridad interior el país sigue viviendo una grave crisis. Por cierto, trasladada al sentir de la población, buena parte de ella tiene una elevada percepción de inseguridad, especialmente en las grandes ciudades. La instauración de delitos que antes no existían en nuestra sociedad demuestra ello, más allá de las estadísticas que exhiben los funcionarios.

El Gobierno no ha variado su política al respecto, que en gran medida se basa en un generoso paquete de proyectos de ley, la mayoría concordados entre el Ministerio del Interior y el Congreso, en tiempos en que el senador Coloma dirigía la Cámara Alta. Muchos de ellos se han aprobado luego de largas sesiones donde con frecuencia hubo que mejorarlos, lo que repercutió en su tiempo de tramitación. El último gran logro fue la creación del Ministerio de Seguridad.

Estos loables esfuerzos desgraciadamente en muchos casos carecen de un diagnóstico realista de las diversas causas que originan el deterioro de la seguridad del país.  Sumemos a ello que, en ocasiones, como será el caso del nuevo ministerio, se requiere de un inevitable proceso burocrático-administrativo para su puesta en marcha –léase dictación del reglamento, encasillamiento de funcionarios, traspaso de inventarios, designación de nuevas autoridades, de primera y segunda línea, entre otros–.

Queda pendiente si los desafíos de seguridad del país se pueden resolver con la dictación de nuevas leyes y la creación de nuevos organismos o si, al mismo tiempo, es necesario mejorar la gestión, afinar el diagnóstico, agregar experiencia a los equipos que dirigen esta vital área, amén de consolidar una fluida cooperación con terceros países.

Las relaciones internacionales han experimentado un cambio relativo. Quizás el cambio principal es que dejaron de ser materia de política contingente y han vuelto a un ritmo más clásico. Todo ello, en medio de una compleja y preocupante situación global y regional.

En materia global está en marcha un proceso de reconstrucción del orden mundial, el cual compromete en especial a las principales potencias y que en varios casos da lugar a cruentos conflictos armados. Hoy lo más grave es la guerra de Ucrania, que enfrenta a la OTAN contra Rusia, y las diversas guerras del Medio Oriente (Gaza, Líbano, Siria, Yemen). En materia regional, especialmente en nuestro entorno sudamericano, asistimos a una convivencia de diversas crisis en la mayoría de nuestros vecinos. Justo es reconocer que ellos pueden decir lo mismo respecto a nosotros.

Para un país basado en un proyecto económico aperturista y globalizante, este escenario es digno de estar en primera prioridad de análisis: ¿qué medidas preventivas debemos adoptar?, ¿cuál será el curso probable de los acontecimientos?, ¿es posible mantener inalterable el actual diseño? Hay poco debate al respecto, de parte de los centros de pensamiento hasta las propuestas de los partidos para conducir el país.

Si bien el Ejecutivo ha logrado retomar una agenda más clásica, aún se puede avanzar. Nadie discute que el principal desafío a nuestra diplomacia es el devenir del entorno regional.

Recientemente, en tiempos en que Bolivia asistía a una peligrosa coyuntura interna de obvias consecuencias para todos sus vecinos, y en el clima inminente del aniversario de los 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad con Argentina, en esos álgidos momentos, nuestras autoridades participaron entusiastas en una reunión en Canadá donde el presidente Zelenski presentaba a un grupo de países su llamado “Plan de Victoria”.

Hasta la fecha, se trata la guerra ucraniana como resultado de un enfrentamiento ideológico (una democracia vs. una dictadura), olvidando los obvios ribetes geopolíticos del conflicto.

En defensa de nuestra Cancillería, justo es decir que a menudo nuestra proyección internacional se define más en La Moneda que en Teatinos, y a la fecha todos somos testigos de que el proceso de aprendizaje aún continúa al menos en algunos equipos de asesores.

Respecto de la Defensa Nacional, justo es evaluarla en cuanto al avance en las misiones permanentes que le dicta nuestra Constitución: defensa, apoyo en emergencias, operaciones de paz y aporte al desarrollo.

Lo más llamativo es la presencia militar en La Araucanía y en la frontera norte, en ambos casos bajo la forma de Estados de Excepción sui generis que carecen de objetivo final deseado (lo que debe ser definido por la autoridad política), y que ya se prolonga por años y probablemente así será hasta que termine el actual mandato.

Que han ayudado en dos procesos muy distintos no cabe duda, la pregunta es qué pasaría si se levantasen. De paso, se trata de una participación de FF.AA. en materias de orden interior, sin recurrir a los Estados de Excepción que fija la Constitución. Eso deja en brumas el objetivo a alcanzar, la conducción y responsabilidad política, y muy difuso el estatuto jurídico del personal, como lo demuestra el caso Llempi.

En materia de operaciones de paz el balance es desolador, poco más de una docena de efectivos comprometidos al año, sumando –entre otros– a los pocos uniformados en el cumplimiento del plan de paz en Colombia, proceso del que fuimos parte y en que todos esperaban un aporte sustancial chileno. Se alude a la falta de recursos, pero no pasa lo mismo con los frecuentes viajes de amplias delegaciones a diversos eventos internacionales.

Todo ello afecta a la misión principal, como lo han señalado altas autoridades castrenses. Recientemente, la discusión del Presupuesto 2025 sacó a flote la baja prioridad de la Defensa, no solo en materia de gasto operacional, sino también en el deficiente manejo de los fondos plurianuales, que debieran garantizar el funcionamiento del sistema a largo plazo, más allá de las coyunturas.

Todo lo anterior refleja una débil conducción político-estratégica del sector. Lo preocupante es que el costo de ello puede acarrear consecuencias a largo plazo.

No todo es preocupante, sin embargo. En el aporte al desarrollo destacamos la botadura del rompehielos Almirante Viel, de manufactura nacional, construido en Asmar y fruto de una planificación que incluyó a dos administraciones pasadas y que se sostuvo en el tiempo. Así debiera operar siempre la política de Defensa, pensándola nacionalmente –más allá de opciones partidarias o agendas personales– y con el objetivo de que ese pensamiento se sostenga en el tiempo.

En otro ámbito, en noviembre de 2025 los chilenos elegiremos a nuestras nuevas autoridades, y con un presente preocupante cabe preguntarse qué podemos esperar. A grandes rasgos podemos intuir dos grandes opciones.

La primera: más de lo mismo 

En este escenario, los principales actores políticos buscarán mejorar sus posiciones. El oficialismo mirará cada día con mayor interés el eventual resultado presidencial y parlamentario que la gestión de Gobierno.

Si las perspectivas presidenciales no se ven halagüeñas, los partidos y sobre todo los candidatos a parlamentarios privilegiarán sus curules. Si no ocurren grandes cambios, es de esperar que en el próximo periodo se intercambien los roles y tengamos una reedición de la guerra de trincheras en el Congreso y en el debate público.

En la derecha se viene una ardua lucha por la hegemonía. En concreto, por el presidenciable (o la presidenciable). De momento, la competencia se da en torno a quien representa mejor los intereses del sector, midiéndose en el nivel y carácter de la oposición a la actual Moneda.

Todos se alimentan de los errores no forzados de esta última, pero esto deja pendiente la oferta de país, la propuesta del futuro inmediato que se quiere y cómo alcanzarlo. La derecha debiera sacar lecciones, en orden a que no es proponiendo candidatos surgidos de la farándula política como se ofrece un destino mejor a la mayoría, más aún cuando esta última cada día está más distante de los partidos y, por el contrario, reclama seguridad en la calle y en el empleo, experiencia y solvencia en el manejo de las políticas públicas.

La segunda: ordenar la casa

No es la tónica imperante hoy en día, pero podría ser. El supuesto es sencillo pero contundente. Persistir en lo actual nos llevaría a una profundización de la guerrilla interna, a la dificultad creciente para enfrentar la necesaria reactivación económica o mejorar la situación de seguridad, de lejos las principales preocupaciones de la mayoría de los chilenos.

Ni al Gobierno le conviene dejar el mando en medio de la frustración mayoritaria ni a la oposición recibir un país en dificultades. Un acuerdo básico y transversal es posible. Chile lo necesita.