Opinión
Las instituciones, en lo grueso, han mantenido sus cargos, funciones y estructuras internas administrativo financieras similares a las que crearon a inicios de 1990, cuando eran de un tamaño y de una complejidad muy distinta de sus actuales fisonomías.
En 1990, el entonces rector de la Universidad Diego Portales, Manuel José Montt, señaló en una entrevista en el Diario La Tercera que “cuando el precio de trigo está bueno hay que plantar trigo no más. En todo caso, solo el tiempo corrobora si las Universidades son la papa o no”. Esta frase fue dicha cuando el número de instituciones de educación superior reconocidas oficialmente fue la más alta de nuestra historia: 301.
Desde ese momento, su cantidad solo ha ido disminuyendo. Sin embargo, aunque suene paradójico, las universidades (y la educación superior en general) sí, han sido la papa. Esto se debe a que la sociedad chilena ha invertido en educación superior de manera muy importante. Así lo refleja el segundo informe sobre salud financiera de la Superintendencia de Educación Superior, que da cuenta de que, a nivel agregado, el sector de educación superior ha tenido una trayectoria progresiva de aumento de ingresos. Estos ingresos, para el 2023, ascienden a la cifra de 7 billones de pesos.
La pregunta que emerge de este cuadro es: ¿Por qué la educación superior chilena ha perdido tantos proveedores desde 1990 si, al mismo tiempo, sus ingresos sólo han ido aumentando (con la evidente excepción de los años Covid-19, por supuesto)? Tres dinámicas ofrecen algunas pistas.
Primero, tenemos una regulación pública que se ha ido robusteciendo de forma contingente. Aunque fue menos destacado en su momento, el cierre de instituciones por problemas financieros también fue parte de la década del ’90 (Universidad Real o Universidad Mariscal Sucre) y se extendió a inicios del siglo XXI, con la Universidad del Mar, la Universidad Arcis o la Universidad el Pacífico.
Junto con ello, la regulación de la calidad de los procesos formativos se vio fuertemente cuestionada por los casos de corrupción que afectaron a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Estas crisis tuvieron como resultado la reforma aprobada de 2018 (leyes 21.091 y 21094). La 21.091 crea un nuevo marco de instituciones reguladoras, la dota de diversas atribuciones y las coordina en un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (Sinaces). Quizás por el accidente del COVID 19, tales reformas recién comenzaron a desplegar su implementación más evidente a través del actuar fiscalizador de la Superintendencia o de los nuevos estándares de acreditación desarrollados por la CNA, cuyo mandato principal es -precisamente- regular de forma más planificada el comportamiento del sector.
Segundo, se trata de un modelo de gobierno institucional de baja intensidad. Tanto la salida de la dictadura para el caso de la Universidades Estatales, como el aprendizaje gradual que experimentan las instituciones privadas de educación superior, han ido dando origen en la práctica a modelos de gobierno institucional adaptativos, que siguen muy de cerca la evolución de las políticas, especialmente de financiamiento. Con todo, eso no ha facilitado el desarrollo de espacios de decisión y de planificación estratégica robustos.
Tercero, existe una administración financiera que no se ha adaptado lo suficiente a los mayores volúmenes de recursos recientes. Las instituciones, en lo grueso, han mantenido sus cargos, funciones y estructuras internas administrativo financieras similares a las que crearon a inicios de 1990, cuando eran de un tamaño y de una complejidad muy distinta de sus actuales fisonomías.
Tanto las investigaciones como cierta percepción intuitiva permiten concluir que la pérdida de proveedores de educación superior puede ser una tendencia estructural de la educación superior nacional. Sin embargo, tanto la política pública como las instituciones tienen agencia para intervenir en ese escenario de stress institucional.
En ese sentido, la reforma del 2018 tiene por propósito conducir regladamente el devenir del sector. Por ende, su completa implementación resulta ser un factor decisivo para evaluar su real efectividad al momento de evitar, controlar o intervenir situaciones de crisis.
Junto con ello, las instituciones pueden desarrollar nuevos marcos de gobernanza interna que permitan articular de mejorar forma la participación amplia de sus estamentos, la toma de decisiones informada y la conducción estratégica de la institución.
Y, finalmente, es clave que la instituciones robustezcan sus equipos de administración financiera por el alto volumen de ingresos que reciben, pero también por el correcto uso de los diversos recursos crediticios que recibe el sector.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.
