Opinión
La discusión sobre el futuro del sistema previsional, una de las políticas públicas más trascendentales para el país, parece haberse transformado en una revancha de los retiros de fondos.
En el debate sobre la reforma previsional en Chile, persiste la controversia sobre cómo distribuir el 6% adicional para mejorar las pensiones, un tema que lleva más de una década sin resolverse. ¿Por qué la derecha se opone ahora a la fórmula del 3-3, originalmente propuesta por el ex presidente Sebastián Piñera en 2020 y retomada por el actual Gobierno?
La respuesta más plausible apunta a una hipótesis inquietante para el país: las decisiones públicas en Chile parecen estar controladas por un grupo reducido de poderosos, una percepción compartida por el 83,7% de los ciudadanos, según una encuesta de Latinobarómetro en 2023, cifra que supera el promedio de América Latina.
Pareciera que la propuesta del ex presidente Piñera, que incluía mecanismos de solidaridad e incluso la creación de una Agencia Pública denominada Consejo de Administración de Seguros Sociales (CASS) para gestionar este fondo adicional del 6%, ya no encuentra respaldo en la centro derecha, y menos aún en la extrema derecha, representada por el Partido Republicano y otros actores políticos.
El mercado de capitales parece ser la razón detrás del cambio en las posturas, lo que ha desplazado significativamente el cerco político y, con ello, la propuesta inicial del Gobierno del presidente Gabriel Boric. Hasta ahora, el único consenso alcanzado es destinar 5,5 puntos para cuentas individuales (administradas por las AFP) y un 0,5 puntos como un “seguro” para compensar las diferencias entre las pensiones de hombres y mujeres, una fórmula que todavía no cuenta con un apoyo mayoritario de la derecha y que se aleja considerablemente de la propuesta original impulsada por el ex presidente Piñera.
A pesar de todo lo cedido, el Gobierno se muestra optimista. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha señalado que ‘nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo’ y ha destacado que la postergación de la reforma previsional por más de una década ha tenido costos significativos tanto para los pensionados como para el mercado de capitales.
En este contexto, resulta evidente que, tras los retiros de fondos, las AFP y el mercado de capitales enfrentan la necesidad de diversificarse y garantizar mayores recursos para sostener su funcionamiento, lo que podría explicar parte de las resistencias en torno al diseño del 6% adicional y su enfoque hacia la solidaridad.
La discusión sobre el futuro del sistema previsional, una de las políticas públicas más trascendentales para el país, parece haberse transformado en una revancha de los retiros de fondos. Más que centrarse en garantizar mejores pensiones para los actuales y futuros jubilados, las decisiones parecen estar condicionadas por la necesidad de mitigar el impacto que estos retiros tuvieron en el mercado y las AFP. Esto plantea un escenario preocupante, donde los fundamentos técnicos para mejorar el sistema previsional quedan en segundo plano frente a los intereses económicos de los actores más poderosos que al parecer conseguirán llevarse prácticamente todo el 6% adicional con cargo al empleador.
