Más manos para salir del déficit habitacional

La crisis del aumento de campamentos en Chile ha encendido alarmas en diversos sectores. Desde 2005 al 2023, el número de familias viviendo en campamentos ha crecido más de un 357%, llegando a 113.887. A esto se le suma que, según datos de la encuesta Casen, el precio de los arriendos ha aumentado un 68% en los últimos 20 años.

Para enfrentar esta realidad, en 2022 el Gobierno lanzó el “Plan de Emergencia Habitacional”, que busca disminuir el déficit nacional de cerca de 600 mil viviendas para 2025. Sin embargo, con un avance del 60% a poco más de un año del plazo autoimpuesto, queda claro que alcanzar la meta será un desafío.

Entre las estrategias del plan está el desarrollo de viviendas públicas para arriendo, un modelo donde el Estado chileno todavía no tiene mucha experiencia, capacidad institucional y una cultura social que lo facilite. Para contribuir a los esfuerzos por reducir el déficit, un grupo de investigadores, apoyados por un fondo de la Fundación Luksic, nos propusimos analizar y visitar políticas de vivienda en arriendo.

Elegimos estudiar las experiencias de cuatro ciudades europeas –Barcelona, Porto, Manchester y Viena–, que han implementado estrategias de vivienda pública en arriendo con distintos enfoques, presupuestos, volumen, frente a diferentes contextos históricos y fase de madurez.

Es evidente que las diferencias culturales y presupuestarias entre Chile y Europa son profundas. Además, aunque varios países europeos enfrentan una presión inmobiliaria que no vivían hace décadas, no es posible replicar sus políticas de forma literal, ya que sus causas y consecuencias son distintas.

Fue necesario depurar los aprendizajes, identificando tanto sus aciertos como los desafíos que enfrentaron y adaptar las recomendaciones a la realidad chilena.

Si el objetivo es reducir el déficit habitacional con criterios de integración urbana, una lección clave de estas experiencias, es que el Estado no puede asumir esta tarea en solitario. Se necesitan más manos. Empresas municipales, fundaciones, Housing Associations, cooperativas y empresas con fines de lucro regulado forman parte de sistemas que llevan décadas perfeccionándose (como en Viena y Manchester) o que están en etapas más tempranas (como en Porto o Barcelona).

El impacto del caso Convenios en las fundaciones, donde el 60% reporta una reducción de ingresos, no debiese hacernos retroceder en la relación sinérgica entre Estado y tercer sector, sino que más bien nos debiese impulsar a regular mejor y seguir avanzando más fuerte.

Las experiencias internacionales demuestran que los ecosistemas con mayor diversidad de actores son también los más sólidos. Estos sistemas han desarrollado institucionalidades tan robustas que, si uno de los actores falla, el resto puede continuar funcionando.

La amplia gama de actores no solo refuerza la estabilidad, sino que permite una mayor especificidad y calidad en los servicios sociales, donde vimos que una mayor cercanía entre prestador de servicio y usuario es mejor tanto financiera como socialmente. Además, un sistema con metas comunes reduce la posibilidad de que las políticas públicas cambien abruptamente con los vientos políticos.

Esta diversidad, aun inexistente en Chile, podría generar la fuerza necesaria para disminuir (y, por qué no, erradicar) el déficit habitacional, como lo demostraron muchas de las ciudades estudiadas.

Vimos cómo, por ejemplo, Porto y Barcelona logran mayor eficiencia en el uso del presupuesto público mediante empresas municipales; cómo en Manchester o Viena los incentivos económicos y la seguridad a largo plazo permiten a empresas con fines de lucro, o con fines de lucro regulados, involucrarse activamente en la construcción de viviendas; y cómo, en prácticamente todas, un marco de continuidad sólido permite a fundaciones trabajar con certezas de largo plazo, fomentando una colaboración sana entre el sector público y la banca pública o privada para financiar proyectos de interés social.

El déficit habitacional es un problema demasiado grande para que el Estado lo enfrente solo. Se necesita la colaboración de todos los sectores, con reglas claras y objetivos comunes. Se necesitan más manos para construir el sistema que nos permita erradicar en un futuro (esperamos que cercano) los campamentos de Chile y se pueda dar una respuesta efectiva a las miles de personas que esperan por un hogar digno.