La defensa nacional no puede esperar

Al estar por terminar este 2024, hemos podido leer en el último trimestre editoriales, opiniones de autoridades del Parlamento, de académicos civiles y también exuniformados, respecto de la necesidad de que el Gobierno reponga los flujos de dinero para que las respectivas instituciones de las Fuerzas Armadas puedan seguir avanzando en alcanzar las capacidades que se declararon por cada una de ellas ante el Poder Ejecutivo, cuando se dio por terminada la asignación proveniente de los recursos de la Ley del Cobre, hace unos años.

La defensa nacional de Chile es una responsabilidad del Estado, en especial de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los que deben velar para que se les dote de una organización moderna y con las capacidades que les permitan cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Por tal razón, es transversal a los partidos políticos y debe ser tratada con altura de miras, colocando siempre por delante el mejor interés del país.

Cuando estuve en el servicio activo, los canales de comunicación eran los que se establecen tanto en las relaciones dentro del Ejército, como en aquellos en que se interactúa con el nivel político a través del Ministerio de Defensa. Además de ser reservados, estos tenían una particularidad: las posiciones institucionales en las materias de defensa que se debatían eran conocidas normalmente por algunas autoridades del propio Gobierno, las que las evaluaban y decidían si se llevaban a efecto o no.

Ahora, desde mi condición de retiro, y con los resguardos necesarios, creo firmemente que, respecto de todos quienes tenemos opinión sobre materias de la defensa nacional, que son fundamentales para el resguardo de nuestra soberanía nacional, es necesario que se planteen y se debatan pública o reservadamente, según los canales que se dispongan, esperando que los mejores argumentos prevalezcan por el bien de la república, considerando una política estratégica de mediano y largo plazo, que demandará los recursos financieros para capacidades militares que siempre serán limitados e insuficientes.

Chile debe invertir bien en defensa, en especial con los importantes montos que se dispusieron cuando se derogó la ya mencionada Ley del Cobre y los que se dispongan en el futuro.

Antes de desarrollar algunas ideas, creo necesario expresar que tanto al Gobierno, al Congreso, como a la comunidad de defensa, entre las que están las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, se les presenta una nueva oportunidad para hacer un trabajo inédito y relevante en la elaboración de la Nueva Política de Defensa con una mirada estratégica, que redundará finalmente, entre otras consideraciones, en capacidades estratégicas y operativas conjuntas para el país, lo que debe ser obviamente liderado por el Ministerio de Defensa.

Las consecuencias políticas estratégico-operativas y, muy especialmente, el derrotero táctico-técnico del desempeño de los distintos sistemas de armas en los recientes conflictos bélicos y lo que se observa en sus tendencias para el futuro, conforme a las nuevas tecnologías y empleos, permitirían visualizar capacidades no previstas que deben ser abordadas o sencillamente limitar otras que se pensaban inicialmente necesarias, pero que han perdido vigor, considerando que no siempre existirán recursos financieros para todas las necesidades que se vayan levantando por el nivel conjunto y/o institucional.

A partir de la propuesta para la actualización de la “Política de Defensa” del Gobierno del expresidente Piñera, que involucró a las instituciones de las Fuerzas Armadas durante el 2019 y 2020, el Ejército tuvo importantes discrepancias desde su primera aproximación a este texto, que constituye un documento iluminador para levantar capacidades estratégicas actuales o futuras. Estas observaciones en general fueron mantenidas por la institución, a pesar de que su promulgación oficial se hizo tiempo después.

Esta posición institucional fue expuesta a las autoridades del Ministerio de Defensa en presencia del resto de los comandantes en Jefe de la Armada y Fuerza Aérea de Chile, como del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la época.

Una de sus deficiencias, que no fue abordada, era que no definía lo que el país necesitaba desde una perspectiva más allá de los requerimientos que declaraba cada una de las instituciones y que el país pudiera ser capaz de mantener en el futuro, entendiendo que el tamaño de las Fuerzas Armadas, en sus capacidades terrestres, navales y aéreas, era un debate que a nivel conjunto no se había realizado.

Tampoco establecía explícitamente la metodología que realizaría el Estado de Chile para asignar los recursos para financiar y sostener las capacidades estratégicas definidas para cada institución, la que debía considerar la totalidad de los recursos que se asignan a las Fuerzas Armadas por las diferentes fuentes de financiamiento, lo que incluía los presupuestos anuales.

Estas apreciaciones, y otras también muy relevantes que no pueden hacerse públicas, fueron del mismo modo informadas por escrito a través de dos documentos clasificados que hicieron llegar desde el Ejército al ministro de Defensa el 5 de junio y el 24 de agosto del 2020, para que se analizara lo que se exponía en sus páginas, con conclusiones y proposiciones muy definidas, para lo que la institución, que en ese momento comandaba, estaba plenamente disponible a participar.

Esta importante materia fue abordada con profundidad y expuesta a dichas autoridades por un equipo de oficiales de la institución, sin encontrar opiniones ni argumentos que invalidaran los antecedentes aportados. Para el Ejército de Chile era relevante que, dada la influencia y repercusión que dichas decisiones iban a tener para el futuro de la defensa, se dejara por escrito esta posición institucional.

Lamentablemente, por diversas razones que a estas alturas son incomprensibles, este estudio no se abordó, dejando la responsabilidad a que cada institución armada tuviera la tarea de sensibilizar por separado a las autoridades políticas de turno, para alcanzar alguna capacidad.

Las propuestas que en general hacen las instituciones se basan en su propia perspectiva y experiencia que, por esencia, es limitada, al responder a una solución operativa atingente a la rama a la que pertenece, en vez de corresponder a una definición del mando conjunto que se haya planteado, analizado, aprobado y priorizado, como una necesidad de la defensa nacional.

Para solucionar lo anterior, el rol del Estado Mayor Conjunto (EMCO) es relevante, pero su poco fortalecimiento desde su creación, a pesar de sus buenas intenciones, no le asigna un papel resolutivo con respecto a las instituciones de las Fuerzas Armadas.

 El Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMCO) o el título que se le asigne posteriormente, debe constituirse en el principal asesor militar de la autoridad política representada por el ministro de Defensa y por ese canal al Presidente de la República y no como ocurre en la actualidad, donde los comandantes en Jefe institucionales cumplen ese rol.

Un elemento no menor para que el Jefe del Estado Mayor Conjunto se constituya en el principal asesor militar del Gobierno civil es que sea un cargo terminal de la carrera militar y, por tanto, sea “par” del resto de los comandantes en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile, es decir, que tenga el mismo grado jerárquico; general de Ejército (Ejército), almirante (Armada) o general del Aire (FACH), según corresponda a la institución que haya pertenecido el oficial general designado en el puesto, incluso que sea su “primus interpares”, es decir, con preeminencia sobre todos ellos.

Esta definición tan sencilla y concretada en muchos países, ha sido por años desacreditada y olvidada por presiones de distinta índole, políticas y militares, porque en su implementación implica una relativa pérdida de influencia de los mandos en Jefe institucionales con la autoridad política, al ser bajo esta mirada que se propone el mando conjunto el principal interlocutor con el Gobierno.

El estudio de estos cambios fue solicitado en varias ocasiones por quien escribe estas líneas a los ministros de Defensa y al propio expresidente Piñera, para que se avanzara decididamente en esta necesidad que demanda la defensa nacional. La razón era y es muy simple: nos estamos quedando rezagados con respecto a los avances que sobre este particular tienen los países que son de referencia en cómo se organiza y estructuran las organizaciones de la defensa, incluso basta mirar a nuestros países vecinos.

En el caso de EE.UU., se le conoce como la Enmienda Goldwater-Nichols aprobada en 1986, la que fue muy importante para reformar la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas de ese país y que se le califica como el más importante cambio en la historia en el sector defensa con resultados óptimos.

Como lo realizado en Estados Unidos existen otras experiencias que están disponibles desde hace décadas, no en vano se aprobó en Chile la ley que dio forma al actual Estado Mayor Conjunto el 2010, pero que tuvo enmiendas de último momento (grado del JEMCO y duración en el cargo, por dar dos ejemplos).

Ahora su modernización no admite dilación y la responsabilidad mayor y final está en manos de las autoridades políticas del Gobierno y del Congreso Nacional, que tienen las llaves para llevar adelante esta reforma.

Los países que han efectuado estas modificaciones no han vuelto atrás, muy por el contrario, han profundizado y optimizado las medidas sin que cada institución pierda su esencia en la preparación y entrenamiento que les son propios y de su responsabilidad, antes de colocarlos a disposición del mando conjunto.

Volviendo a Chile, aunque el Gobierno entregara los recursos financieros que se reclaman, no se van a solucionar las capacidades de defensa que requiere el país para asegurar la paz futura, sin haber antes efectuado una apreciación (análisis) completo del escenario mundial, regional y vecinal, para determinar la planificación estratégica necesaria y, como consecuencia, las capacidades que se deben alcanzar y obviamente financiar, con la participación de todos los actores que se hayan establecido.

Debe existir una “fase de transición” que permita alcanzar algunas de las capacidades ya comprometidas por las instituciones a partir de su divulgación hace unos años y, a partir de este nuevo estudio, determinar lo que el país necesita en capacidades terrestres, navales y aéreas para asegurar su desarrollo nacional ante cambios imprevistos, especialmente externos.

Durante mi servicio en el Ejército, como en el antiguo Estado Mayor de la Defensa Nacional y en su evolución, a través del Estado Mayor Conjunto, me correspondió analizar y discutir tanto con camaradas de mi institución como de la Armada y Fuerza Aérea de Chile, escenarios de gravitación mundial y regional que, si bien pueden o podrían afectar al vecindario y por ende al país, son espacios de desafío y enfrentamiento de las grandes potencias mundiales.

Chile, con las capacidades que ha podido desarrollar con esfuerzo a través de la decisión de gobiernos de distinto signo político, debe privilegiar sin duda sus obligaciones en el territorio nacional, mediante sistemas de armas que deben estar enfocados en asegurar la soberanía nacional, en donde tenemos un vasto espacio terrestre, marítimo y aéreo que resguardar.

Pensar en una dimensión más amplia es desconocer lo que realmente el país puede sostener operativa y económicamente. Lo anterior, excluye los compromisos con la comunidad internacional, especialmente ante las Naciones Unidas, como ha sido cumplido en años anteriores, pero dentro de capacidades que se hayan desarrollado con la mirada en la tarea principal que es el “área de defensa”, que debe permitir el resguardo de la soberanía nacional.

Se debe privilegiar el desarrollo armónico de todas las instituciones de las Fuerzas Armadas, si no es considerado de ese modo, el país lo sufrirá en el futuro, teniendo en cuenta que los conflictos están mutando constantemente y se debe disponer de una respuesta conjunta que sea flexible, rápida y financiable en el largo plazo.

La dilación de estas decisiones se ha visto facilitada por la ausencia de conflictos bélicos desde hace más de 140 años. La lejanía de sus efectos sobre la vida nacional puede ser un incentivo para que los gobernantes decidan no invertir en capacidades operativas.

La defensa nacional de Chile no acepta improvisaciones de última hora por los lapsos extensos que demanda poner en operación una determinada capacidad operativa (en promedio de cinco a siete años), muy por el contrario, necesita una planificación y preferentemente sistemas de defensa polivalentes, es decir, aptos para un gran abanico de empleos, pero también algunas capacidades muy específicas que entregan superioridad en el campo de batalla moderno.

Lo que se invierta en la defensa nacional debe estar debidamente priorizado. Todas las instituciones armadas deben estar en condiciones de discutir y aceptar que la suma de las partes es más importante que el aporte individual de cada una de ellas.

Para que estas definiciones se validen, deben contar con la aprobación del nivel conjunto, antes que pasen al conocimiento y resolución política, entendiendo que los futuros conflictos bélicos se ganan con el esfuerzo de todos los componentes de la fuerza militar.

Parece del todo urgente que el Congreso, a través de sus comisiones de Defensa, tenga acceso a conocer y opinar tanto de la “política de defensa” como del desarrollo de capacidades previsto para las Fuerzas Armadas, porque al representar distintas sensibilidades políticas, las decisiones tendrían una robustez en el tiempo en caso de que cambie el Gobierno, todo ello con los debidos resguardos del secreto y su persecución penal en caso de que se filtre lo tratado.

La eficiencia, creatividad, adaptabilidad y uso de la tecnología deben ser parte inherente en las apreciaciones de la planificación estratégica que sea definida. Ellas demandarán resoluciones para mantener, acrecentar o levantar nuevas capacidades operativas, con la finalidad de construir una fuerza militar conjunta equilibrada en todos sus ámbitos de acción y, lo que es más importante, disuasiva no solo por la calidad e inteligencia con que hace las inversiones que materializa, sino también por la reconocida calidad profesional de su personal