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Reforma de pensiones: claves de las preferencias ciudadanas para el debate político Opinión AgenciaUno

Reforma de pensiones: claves de las preferencias ciudadanas para el debate político

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Las preferencias ciudadanas en materia de pensiones son diversas y en ocasiones pueden parecer contradictorias: la ciudadanía considera que la reforma de pensiones es clave para el país, pero difiere en las fórmulas concretas a través de las cuales concretarla.


Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Espacio Público, realizaron la segunda versión de la encuesta sobre pensiones, “Anhelos y preocupaciones ciudadanas ante una reforma inminente”. Los resultados confirman la centralidad que otorgan las personas a esta reforma: el 90% de la población considera que es muy relevante que el Congreso logre concretar una reforma en este ámbito, resultados coherentes con el reciente Informe sobre Desarrollo Humano en Chile (2024) del PNUD: “¿Por qué nos cuesta cambiar? Conducir los cambios para un Desarrollo Humano Sostenible e inclusivo”.

Según esta publicación, las dificultades para reformar el sistema de pensiones constituyen una de las principales deudas del cambio que identifica la ciudadanía. Además, las bajas pensiones en Chile desempeñan un rol clave en la percepción de inseguridad humana subjetiva: un 39% de la población cree que las pensión que recibirá durante la vejez solo le alcanzará para cubrir sus necesidades básicas y un 24% que ni siquiera le permitirá cubrirlas. Esta inseguridad es incluso mayor en las mujeres, un resultado consistente con los menores montos de las pensiones que reciben.

Esta nueva encuesta sobre pensiones nos entrega valiosa información sobre las encrucijadas y percepciones ciudadanas que deben ser consideradas en el debate político en torno a esta reforma.

Una de ellas es que el consenso respecto de la importancia de una reforma de pensiones se acompaña de importantes divergencias sobre las fórmulas a través de las cuales concretar la misma. Aunque la mayoría (54%) opina que el 6% adicional de cotización debe ir íntegramente a la cuenta personal del trabajador, no puede desestimarse que el 43% considera que al menos una parte de esta cotización se destine a un fondo colectivo.

Otro resultado relevante es que el apoyo ciudadano hacia la solidaridad en el sistema de pensiones es considerable y varía según a quién se dirige. Resulta mayoritario cuando se orienta a compensar a quienes desempeñan labores de cuidado no remunerado: un 57% está de acuerdo con que quienes desempeñan tareas no remuneradas de cuidado reciban un aporte de los demás trabajadores. Disminuye a un 50% cuando se plantea en términos de solidaridad intergeneracional y a un 48% cuando se dirige a compensar a los trabajadores que perciben menores ingresos.

¿Qué podemos conjeturar detrás de ambas preferencias? Por un lado, una mayoritaria adhesión normativa a la igualdad de género en la sociedad chilena, pues los cuidados se concentran en las mujeres. Por otro, que el apoyo a la solidaridad coexiste con una alta valoración del esfuerzo individual contributivo: entre quienes señalaron que una parte o la totalidad del monto adicional vaya a la cuenta personal, un 44% señaló como razón que “es el resultado del trabajo de cada persona”.

No obstante, la valoración del esfuerzo individual no implica necesariamente que cada persona deba ser exclusivamente responsable por su propia seguridad económica, pues la mayoría está en desacuerdo con la idea de que las pensiones se financien únicamente en base al ahorro individual (54%).

Junto a la valoración del esfuerzo individual, la desconfianza constituye otro elemento que explica la preferencia de que el 6% adicional vaya a cuentas individuales: un 21% argumenta su respuesta “por la seguridad que los fondos se destinen a las pensiones y no a otros fines”.

Otro resultado relevante es que la mayoría prefiere que la administración de los fondos de pensiones la realice una institución distinta a las actuales AFP, pero le resulta indiferente si estas instituciones son públicas o privadas: un 26% considera que esta función debe desempeñarla un organismo público independiente y un 27% uno privado sin fines de lucro. Esto sugiere que la actual insatisfacción de la ciudadanía con las Administradoras de Fondos de Pensiones no reside en el carácter privado de estas instituciones.

En síntesis, las preferencias ciudadanas en materia de pensiones son diversas y en ocasiones pueden parecer contradictorias: la ciudadanía considera que la reforma de pensiones es clave para el país, pero difiere en las fórmulas concretas a través de las cuales concretarla.

Apoya la introducción de un principio de solidaridad en el sistema, pero en su mayoría prefiere que el 6% adicional vaya a la cuenta individual, pues considera que es el resultado del esfuerzo de cada uno y desconfía de los usos que se darán a los ahorros si estos van a parar a un fondo común.

Pero al mismo tiempo, está en desacuerdo con que las pensiones se financien solamente a través de los ahorros de cada trabajador, se inclina por modelos de administración de los fondos alternativos al actual, pero le resulta indiferente el carácter público o privado de estas instituciones.

Frente a esta diversidad, una tarea de los liderazgos políticos es traducir estas preferencias, descifrar los temores y anhelos que las alientan y ofrecer respuestas que permitan destrabar esta reforma, reconciliando las diferentes percepciones ciudadanas, como los insumos que fueron recogidos en procesos de diálogo social y técnico previamente.

La encuesta, al indagar sobre las razones por las que la reforma al sistema de pensiones no se ha concretado, encuentra que después de las AFP, un 35% de las personas lo atribuye a la falta de capacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos, al obstruccionismo de la oposición (26%) y a las dificultades del Gobierno para ceder en sus posiciones (22%).

Al respecto, vale la pena destacar una consideración realizada por el reciente Informe sobre Desarrollo Humano en Chile (2024) del PNUD: es clave que los liderazgos políticos abandonen la ilusión de un consenso pleno, sin fisuras, sino que promuevan acuerdos pragmáticos en torno a los desafíos de desarrollo que enfrenta el país. Esto implica asumir el carácter en transición de los acuerdos, que permitan destrabar las discusiones y avanzar en temas tan sensibles para la ciudadanía.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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