La rebaja de impuestos

La posible disminución del impuesto de primera categoría que paga el sector empresarial está en el centro de los debates sobre cuestiones tributarias en el país. La disminución sería de 27% a 25%, según la propuesta del Gobierno, y de 27% a 23 % según la proposición del gran empresariado.

El efecto inmediato de una medida de ese tipo, fuera de toda discusión, es que el sector empresarial elevaría sus ganancias, pues dejaría de aportar –en la misma medida en que lo hace hoy en día– al financiamiento de las actividades del Estado.

El estado perdería ingresos tributarios y, por lo tanto, disminuiría su capacidad de llevar adelante acciones que solucionen, por lo menos parcialmente, las grandes necesidades sociales que están presentes en el país. La distribución del ingreso entre Estado y empresariado se movería a favor de este último. 

Para que una medida de esta naturaleza no genere un retroceso en los ingresos fiscales y en la capacidad de acción social y económica del Estado, el Gobierno ha lanzado la idea de elevarles los tributos a los ciudadanos que ganen más de 6 millones de pesos al mes. Eso implica que los que ganen más de 6 millones compensarán con sus tributos más altos la disminución de los ingresos fiscales que dejaría la caída de la tributación empresarial.

Se sacrificaría a los sectores que ganen más de 6 millones para posibilitar la rebaja de tributos de los sectores empresariales. Y todo eso en el supuesto de que lo parlamentarios de derecha aprueben en el Parlamento ese mayor tributo compensatorio.

Toda esa rebaja de impuestos tendría su justificación en la idea de que los futuros inversionistas, nacionales o extranjeros, se sentirán más motivados a invertir en Chile en la medida que la tasa de impuestos sea más baja. Es decir, se beneficia y se le baja la tributación a los empresarios reales y concretos existentes hoy en día en el país, para atraer a los eventuales inversionistas que analicen, en el presente o en el futuro cercano, su posible inversión en el país. 

Todo parece indicar, sin embargo, que los inversionistas extranjeros están fluyendo hacia el país, en montos importantes, aun con la tasa tributaria hoy en día existente. La rebaja luce más como una demanda de los empresarios reales, con nombre y apellido, existentes en el país, y no tanto de los potenciales inversionistas.

Cabe mencionar aquí un dato relacionado con la visión externa que se tiene de la economía chilena: la tasa riesgo de nuestro país es la segunda más baja de toda América Latina, superada solo por Uruguay.   

Además, hay que agregar que las decisiones de inversión, ya sea por parte de los inversionistas nacionales o extranjeros, no dependen única y exclusivamente de la tasa impositiva que pesa sobre ellos, sino de una serie de otros factores de igual o de mayor importancia que presiden esa decisión.

Entre esos otros factores cabe mencionar la permisología; el grado de corrupción existente en los sectores público y privado; el grado de seguridad que existe en la vida cotidiana; el grado de permanencia y de solvencia de los equilibrios fiscales, monetarios y de balanza de pagos; la calidad de la educación que exhiben los profesionales y técnicos que egresan de nuestras universidades; lo que se gasta anualmente en investigación, desarrollo e innovación y los resultados concretos que se obtienen de todo ello; la estabilidad en el tiempo de las normas tributarias; los convenios comerciales y de inversión firmados por el país con otros socios comerciales; la infraestructura portuaria, vial y de conexión digital con el exterior; etc.

Todos estos son factores que están muy directamente relacionados con la inversión nacional o extranjera, y sobre los cuales podrían haber grandes avances institucionales si hubiera la voluntad real de incentivar la inversión.