Opinión
El incumplimiento de compromisos adquiridos en protocolos anteriores –como la recuperación de los liceos emblemáticos o la reactivación del Proyecto de Ley que extiende y moderniza la Subvención Escolar Preferencial– evidencia la necesidad de una supervisión rigurosa.
El Protocolo de Acuerdo que permitió destrabar la aprobación de la partida de Educación de la Ley de Presupuestos 2025, si bien podría considerarse como una mera etapa más de la negociación presupuestaria, adquiere este año una enorme relevancia. En él se establecen compromisos que permiten abordar problemas urgentes del sistema educativo, en materias que, aunque no son nuevas y han sido objeto de debate previo, no han obtenido mejoras ni resultados concretos.
Entre los aspectos contemplados se incluyen medidas para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la flexibilización de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) con la posibilidad de reincorporar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, el fortalecimiento de la educación particular subvencionada y la recuperación de los liceos emblemáticos.
En relación con el SAE, las modificaciones se orientan a abordar uno de los principales desafíos que enfrentan las familias: la posibilidad de elegir un establecimiento educativo basándose en criterios de calidad, adherencia a un proyecto educativo específico o, simplemente, en la libre elección de los padres, sin que estas decisiones se vean condicionadas por factores externos o el azar. Aunque estas medidas representan un avance parcial, constituyen un paso esencial para las familias que aspiran a mejores oportunidades educativas para sus hijos.
En esta búsqueda de una oferta educativa de calidad, también destaca la importancia del compromiso para ajustar la exigencia de acreditar demanda insatisfecha, permitiendo la creación de nuevos cupos y liberando al sistema particular subvencionado de restricciones que hoy limitan su crecimiento y desarrollo.
El éxito del acuerdo dependerá de que se cumpla con el compromiso de tramitar la moción parlamentaria que justamente tiene este objetivo, manteniendo su espíritu original, centrado en permitir ampliar la oferta educativa en instituciones con alta preferencia por parte de las familias (boletín 16743-04).
Este protocolo tiene el potencial de revitalizar un sector crucial del sistema educativo: el particular subvencionado. Este segmento, que representa el 54,1% de la matrícula escolar, y al cual 7 de cada 10 familias dirigen sus primeras preferencias, ha sido injustamente relegado al olvido desde la promulgación de la Ley de Inclusión en 2015, sin que se hayan adoptado medidas legislativas para impulsar su creación y desarrollo. Este abandono ha generado un estancamiento (UDD, 2024) que ahora, gracias a los compromisos asumidos, podría comenzar a revertirse, devolviéndole a este sector el dinamismo y la atención que requiere.
Al observar que, al tercer trimestre de 2024, las denuncias por convivencia escolar volvieron a alcanzar un máximo histórico, ascendiendo a 8.864, un 1,3% más que el mismo periodo del año anterior; al constatar que los resultados nacionales de la prueba TIMSS muestran que hemos retrocedido en aprendizajes a tal punto de que estemos igual a como estábamos 12 años atrás; y al considerar que un 44% de los adultos en Chile tiene competencias insuficientes en Matemáticas y Comprensión Lectora según datos de la OCDE, vemos, más que nunca, que necesitamos que el sistema educativo chileno salga de su estado actual y se ponga a la altura de los desafíos del presente.
El incumplimiento de compromisos adquiridos en protocolos anteriores –como la recuperación de los liceos emblemáticos o la reactivación del Proyecto de Ley que extiende y moderniza la Subvención Escolar Preferencial– evidencia la necesidad de una supervisión rigurosa.
En este contexto, el Congreso desempeña un rol clave: deberá exigir reportes detallados al Mineduc y evaluar si ha existido un avance real, tanto en el fondo como en la forma, utilizando esta información como base para futuras discusiones presupuestarias. Por su parte, el Gobierno debe hacer suyo el protocolo 2025, independientemente de que las medidas comprometidas no hayan sido inicialmente pretendidas o valoradas, pues cumplir con lo acordado no solo responde a un deber institucional, sino también a un compromiso ético que refuerza la confianza en las instituciones.
