Opinión
Como es costumbre en la cultura nacional, ante una discrepancia que surge, las partes no buscan una primera instancia de negociación, sino el enfrentamiento y el conflicto, en especial entre el Gobierno y el Parlamento, a lo cual se ha ido agregando el Poder Judicial.
En este caso se trata de un tema especialmente complejo, que se ha ido haciendo cada vez más importante en las relaciones laborales de los trabajadores del sector público: la continuidad en el cargo de los trabajadores “a contrata”.
Es un tema importante, ya que –según información de El Mercurio, en sus ediciones del 22 y 25 de noviembre– los funcionarios “a contrata” llegaron a 144.449 en diciembre de 2014 y crecieron a 274.350 en junio de 2024. Casi se han duplicado. Esta situación ocurre a pesar de que el estatuto administrativo señala que no puede superar el 20%.
Entre los trabajadores públicos se dan varios tipos: a) de planta, b) a contrata, c) a honorarios y d) otros.
Originalmente, la mayor parte pertenecía a la categoría de planta, es decir, con permanencia indefinida en el Estado, pero con la expansión del sector público empezaron a crecer aquellos “a contrata”, que en junio de 2024 representaron el 56,3%.
Por lo tanto, el sentido de estos empleados fiscales era establecer tareas con reglas específicas para empleos relativamente breves, a lo más la duración del período gubernamental.
Lo habitual era que, a fin de año, los contratos se renovaran para el año siguiente en condiciones similares. Para estos efectos, se exigía que la persona fuera calificada como “de confianza legítima” por el empleador. Sin embargo, con los cambios de Gobierno se estimó en las autoridades recién llegadas que los existentes tenían otras preferencias y actitudes políticas y, además, los recién llegados tenían compromisos anteriores con algunos partidarios suyos, que eran necesarios para cumplir las promesas de campaña del nuevo gobernante.
Otro factor que explica el incremento de los “a contrata” ha sido el permanente problema ocupacional que ha enfrentado históricamente Chile, con altas tasas de desocupación y dificultades para conseguir empleos estables.
Varios son los factores que explican esta situación laboral. En primer lugar, la detención del crecimiento económico ha significado una reducción de la demanda laboral, que se explica además por la inseguridad general del país y nuevas normas sobre el trabajo, algunas ya aprobadas, como es el caso de la menor jornada horaria, las condiciones previsionales para los trabajadores mayores y otras en discusión.
Por otra parte, la oferta de trabajo se ha expandido como consecuencia de los efectos de la pandemia y la masiva llegada de inmigrantes, los que incrementan la masa laboral de empleos transitorios.
Cuando se crea una nueva institución oficial o alguna de las vigentes inicia una expansión no tradicional, opta por contratar una parte de los funcionarios “a contrata” y no en planta. Esta situación es más frecuente en los períodos de importantes transformaciones o de rápido crecimiento económico y se agudiza con la inestabilidad, como ha ocurrido en el último decenio.
La escasez de nuevos empleos ha tenido como consecuencia que se genere una gran demanda por ser considerado “de confianza legítima” como requisito para mantener las labores a fin de año, con la consiguiente presión hacia las entidades reguladoras un año atrás, el contralor general de la República (CGR) estableció el plazo de un año para optar al beneficio, el cual fue aumentado a dos años por la nueva CGR. Sin embargo, recientemente la Corte de Apelaciones estableció lo contrario y manifestó que esa situación debía ser resuelta por los Tribunales de Justicia.
Estamos en una situación de incertidumbre legal para resolver el conflicto, donde ambas entidades desean evadir la carga burocrática de asumir la responsabilidad, pero lo más importante es que se requiere una inevitable reforma de las reglas que determinan el empleo público que ha terminado por ser inepto con el funcionamiento actual.
El nuevo Estatuto Administrativo debería señalar los elementos para establecer una clara carrera administrativa, que debe tener los elementos de estabilidad en el trabajo, independientes del Gobierno de turno, dejando la responsabilidad en la gestión en las autoridades políticas. Al mismo tiempo, es indispensable otorgar el poder al Gobierno de turno para que tenga alguna flexibilidad para poder contratar personal cuando se trate de necesidades de corto plazo, o de importante especialización, como ocurre en el cambiante mundo actual.
Según la encuesta Cadem, la estabilidad económica-laboral es la principal aspiración de los chilenos entre 18 y 25 años.
