Opinión
Cuando las noticias del sector previsional deambulan entre la crónica roja y las páginas policiales, algo indica que se ha llegado a un límite peligroso. El país lleva más de una década esperando un acuerdo mínimo, que permita algún grado de mejora en una materia tan sensible.
El 26 de noviembre pasado, un pensionado de 66 años ingresó al baño de una oficina de Chile Atiende en la Avenida Brasil de Valparaíso. Llevaba un encendedor y un recipiente con combustible, que roció sobre su cuerpo. Junto con la amenaza de quemarse a lo bonzo, sostenía una carta en la que afirmaba: “Solo pido que el Estado ayude a todos los pensionados de Chile, para que no pasen lo que estoy pasando yo”. Afortunadamente depuso la intención de atentar contra su vida, luego de la intervención de personal especializado. “No alcanzo a llegar a fin de mes”, señalaba en el texto, redactado de su puño y letra.
Este hecho, lamentablemente, hoy no es acto aislado. Los adultos mayores de 80 años, especialmente los hombres, tienen un riesgo de suicidio cinco veces mayor que el resto de la población. Y los motivos centrales de esta tendencia radican en su precarización y, en muchos casos, su pauperización personal.
Pero no solo los adultos mayores enfrentan la crisis previsional como una tragedia inasumible. A inicios de noviembre un hombre de unos 55 años tomó como rehén a una ejecutiva de una AFP ubicada en Las Condes, tras una disputa por acceder a una pensión de sobrevivencia. Carabineros logró resolver la crisis luego de siete horas y liberar a la funcionaria. El secuestrador era un cliente de la AFP y recibía una pensión de sobrevivencia de $500 mensuales.
Cuando las noticias del sector previsional deambulan entre la crónica roja y las páginas policiales, algo indica que se ha llegado a un límite peligroso. El país lleva más de una década esperando un acuerdo mínimo, que permita algún grado de mejora en una materia tan sensible.
Encuestadoras conservadoras, como Cadem, muestran que el problema previsional concentra la mayor preocupación a nivel nacional. Por algo el 80% considera relevante aprobar reforma de pensiones durante el actual Gobierno y el 60% otorga prioridad a este asunto, por sobre la condonación del CAE que, en segundo lugar, concentra el 33% de las preferencias ciudadanas.
La industria de las AFP no propone nada, simplemente quiere postergar o mantener el sistema actual. Un 1% de la población, por su parte, descarta toda reforma. Ya sea porque su situación financiera está resuelta o porque sus creencias ideológicas los llevan a oponerse a cualquier cambio. Con este bloqueo se agudizará la crisis que ya está pasando de la manifestación colectiva a las acciones individuales, como las de Valparaíso y Las Condes, que nada bueno auguran.
Solo falta que algún chileno intente la autotutela en lo penal, entendida como la acción de hacer justicia por mano propia. Nefasto sería que un Luigi Mangione chileno se inspire por su desesperación y desate un círculo vicioso de violencia y desestabilización del orden social.
Solamente un acuerdo nacional por las pensiones implica una alternativa que represente al 99% del país. No dejemos que una ínfima minoría impida que se concrete un cambio que, por reducido que parezca, significa un inaplazable deber de justicia.
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