Opinión
Tanto el excesivo multipartidismo como el cambio de tienda política de parlamentarios, han sido ampliamente diagnosticados como problemáticas en el funcionamiento de las instituciones en el régimen presidencial. Los dos porque dificultan la coordinación del Poder Ejecutivo con el Congreso.
Recientemente se ha presentado, de parte de un grupo de integrantes del Senado, un proyecto de reforma constitucional que propone modificaciones al sistema político y electoral. No es la primera vez que se plantea introducir modificaciones al entramado de regulaciones que articula los nexos entre: sufragio, ejercicio de la función parlamentaria y vínculos del Congreso con el Gobierno. Se trata de un tema que fue ampliamente debatido en los recientes procesos constituyentes.
La actual iniciativa tiene dos propósitos: primero, aspira a reducir la multiplicación de partidos políticos con representación en el Congreso Nacional y, segundo, persigue fortalecer la lealtad de congresistas respecto de quienes avalaron su elección.
Tanto el excesivo multipartidismo como el cambio de tienda política de parlamentarios, han sido ampliamente diagnosticados como problemáticas en el funcionamiento de las instituciones en el régimen presidencial. Los dos porque dificultan la coordinación del Poder Ejecutivo con el Congreso. El segundo, especialmente, porque el cambio de color político de autoridades en ejercicio distorsiona la voluntad del electorado que acude a las urnas y sufraga por una opción que luego, ya estando en su cargo, persigue su propio camino.
En la primera dimensión de la iniciativa, puede discutirse el porcentaje de votación que se exigirá para que los partidos obtengan representación en el Parlamento. Debe acordarse un umbral que, sin limitar la libertad de asociación ni suprimir la diversidad, aporte en la construcción de partidos políticos sólidos y sostenibles, que representen genuinas ideas y no proyectos personales o intereses de corto plazo.
Además, debe reflexionarse en torno a la aplicación del número mínimo de votos para alcanzar escaños en el Congreso con un cálculo diseñado pensando en partidos con alcance nacional. Mantener la propuesta, como ha sido planteada, podría castigar desproporcionadamente a interesantes iniciativas regionales.
Asimismo, pueden ser objeto de reflexión los mecanismos de subsistencia que se ofrecerán para los partidos que no alcancen el umbral contemplado en el proyecto –aunque la reagrupación parece una muy buena alternativa– y la prohibición de listas de independientes.
Respecto de esto último, la experiencia reciente ofrece evidencia atendible que sugiere como no aconsejable dispensar un tratamiento equivalente a listas de grupos de interés transitorios y a listas de instituciones con vocación de permanencia.
Acerca de la segunda arista del problema –la relativa a la renuncia al partido con el cual han sido elegidos senadores y diputados– no veo reparos de fondo a la propuesta.
Una cuestión sustancial, sin duda, radica en la entrada en vigor de esta reglamentación. Sería aconsejable diferirla en un periodo al menos, para dispersar los intereses de corto plazo que pueden oponerse a su aprobación.
En la materia, hay otros asuntos pendientes e igualmente indispensables. Por ejemplo, los vinculados con procurar la igualdad de género en la representación o la real obligatoriedad del voto. Recordemos que la paridad de género fue una cuestión transitoriamente establecida en los procesos constituyentes y que actualmente la Constitución dispone que el voto es obligatorio, pero que la regulación legal de las multas aplicables por no sufragar es un asunto sin regulación permanente. Con todo, ello no borra la importancia de este primer paso.
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