Un Estado delivery

A partir del 16 de diciembre de 2024, Chile presenta avances en la digitalización de la identificación personal, al ofrecer a los ciudadanos la opción de obtener una cédula de identidad digital y un pasaporte digital, complementarios a los documentos físicos tradicionales. Estos documentos digitales incorporan 32 medidas de seguridad mejoradas, incluyendo un chip que almacena información personal de forma segura, relieves táctiles e imágenes visibles bajo luz ultravioleta, y diseños inclusivos para personas con discapacidad visual.

La cédula de identidad digital permite a los ciudadanos realizar trámites en línea sin necesidad de utilizar en algunos casos la Clave Única, ya que puede descargarse en dispositivos electrónicos mediante un código de acceso proporcionado al momento de la solicitud. Esta versión digital busca disminuir la dependencia del documento físico, reduciendo el riesgo de extravío o deterioro. En caso de robo o pérdida del dispositivo que contiene el documento digital, se podrán bloquear los documentos de manera similar al procedimiento actual con documentos físicos.

El registro biométrico asociado a estos documentos implica la recolección y almacenamiento de características únicas de las personas, como huellas dactilares y reconocimiento facial, siendo utilizada únicamente con fines de autenticación y verificación. Este sistema incrementa la seguridad al hacer que las características biométricas sean prácticamente imposibles de falsificar, facilitando la autenticación en trámites digitales y alineando a Chile con estándares internacionales de identificación.

La implementación del nuevo carné de identidad digital y el registro biométrico en Chile se alinea con la Ley de Transformación Digital del Estado, siendo el marco que impulsa la digitalización completa de los procedimientos administrativos en los órganos de la Administración del Estado, promoviendo la eficiencia y la modernización de los servicios públicos.

Paralelamente, la Ley de Protección de Datos Personales establece el entorno legal para el tratamiento y resguardo de los datos personales de los ciudadanos. La inclusión de datos biométricos en los nuevos carnés digitales, como huellas dactilares y reconocimiento facial, implica un manejo de información sensible que debe cumplir estrictamente con esta ley.

Es fundamental garantizar que la recolección, almacenamiento y uso de estos datos se realice con el consentimiento informado de los titulares y bajo medidas de seguridad que eviten accesos no autorizados o usos indebidos.

Sin embargo, esta innovación del Registro Civil, le debe permitir al país ir dos pasos más adelante. Ya no es posible hablar de digitalizar documentos cuando nos referimos a la transformación digital del Estado. La transición de modelos documentales tradicionales hacia sistemas transaccionales son clave para modernizar la gestión del Estado.

El país está dando un paso significativo al integrar el carné de identidad y el pasaporte digital, complementados con un registro biométrico, pero este avance debe formar parte de un esfuerzo más amplio por transformar la “gestión documental” tradicional en una “gestión transaccional”, con plataformas que aseguran la trazabilidad de los accesos y la integridad de la información, donde no solo aumenta la seguridad y eficiencia, sino que reduce los tiempos de los trámites, redefiniendo la relación entre el Estado, los ciudadanos y la información compartida.

Un modelo basado en la “gestión transaccional” se enfoca en la automatización de procesos y en el manejo dinámico de datos en tiempo real, permitiendo la aparición de un “Estado delivery” dotado de mayores capacidades para entregar servicios y bienes públicos de manera eficiente y efectiva a sus ciudadanos, capaz de responder a las expectativas y necesidades de los ciudadanos con rapidez, inmediatez, puntualidad y la satisfacción en la prestación de servicios públicos.

Un “Estado delivery” exige una interoperabilidad tecnológica, logística y de una gobernanza de datos capaz de unificar diversos sistemas y bases de información, que puedan comunicarse y compartirse de manera eficiente y segura.

Esta capacidad permite que aplicaciones y plataformas, incluso de diferentes proveedores o desarrolladas en distintos lenguajes de programación, trabajen conjuntamente sin problemas, estableciendo trazabilidad, estándares y protocolos comunes, donde se facilita el intercambio de datos en tiempo real, reduciendo la duplicación de esfuerzos y acercando servicios y recursos públicos a los ciudadanos.  Un buen ejemplo que sintetiza este nuevo modelo de Estado es el proyecto SITIA.

La transformación digital del Estado es poner al ciudadano en el centro de las políticas públicas, adaptando la institucionalidad a sus necesidades y expectativas, asegurando que los servicios públicos lleguen de manera oportuna y con la calidad esperada, con mayor rapidez y disminuyendo los tiempos de espera, implementando sistemas de adhesión de condiciones y términos de usos, que permitan a los ciudadanos rastrear el estado de sus solicitudes o trámites, tal como se puede seguir un paquete en tránsito, programar un pedido o cancelarlo si el tiempo de espera fue mayor a lo esperado.

Chile tiene la oportunidad de consolidarse como líder regional en identificación digital, pero además puede significar un cambio estructural en la relación entre el Estado, sus ciudadanos y en la prestación de los servicios en la era digital.