Sólo falta la voluntad política para terminar este proceso lo antes posible y dotar de esa manera a Chile de más y mejores herramientas para combatir el comercio ilícito de armas que afecta tanto la seguridad de nuestro país, como de la región y el mundo entero.
El 24 de diciembre próximo se cumplen 10 años desde la entrada en vigor del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), el que hoy cuenta con 116 Estados Parte, incluyendo a Chile. Es el primer tratado que promueve “la responsabilidad en la transferencia internacional de armas convencionales” y establece la obligación de regular la exportación, importación, corretaje, tránsito y transbordo de ocho categorías de armas, sus municiones y sus piezas y componentes, entre otras normas. Pese a que queda un largo camino para que Chile lo implemente en su totalidad, su ratificación ha contribuido principalmente a generar dos cambios que van en directo beneficio del combate al tráfico ilícito de armas convencionales.
El primer efecto fue obligarnos a ampliar hacia el ámbito internacional el enfoque en seguridad interna que ha tenido tradicionalmente el control de armas en Chile. Inicialmente, cuando nuestro país firmó el TCA en 2013, se asumió que estaba prácticamente implementado mediante la Ley de Control de Armas. Sin embargo, esta normativa no incluía regulaciones al transbordo y el corretaje de armas, que son actividades comúnmente utilizadas en el comercio ilícito de armas para ocultar su origen y destino. Asimismo, tampoco regulaba las piezas y componentes de armas tales como aviones, buques o blindados, que son materiales muy cotizados por países bajo embargos; temas que actualmente son una obligación para el Estado bajo este tratado.
El segundo efecto positivo que produjo el TCA fue un aumento sustantivo y formal de la cooperación entre Cancillería y Defensa en la regulación de la exportación de armas, un hito importante, ya que algunos vacíos regulatorios llevaron a que en más de una oportunidad se exportara sin conocimiento previo de Cancillería material enajenado por las FF.AA. o producido por la industria de defensa, con los consiguientes riesgos a nuestra política exterior. Las primeras reformas acordadas entre ambos ministerios fueron la introducción de la actividad de corretaje a la Ley de Control de Armas en 2022 – quedando pendiente definir cómo se regulará – y la reforma de 2023 al Decreto 81/1991 que crea la “Comisión Asesora del Ministro de Defensa para la Exportación de Armas y Material Bélico”, la cual clarifica el tipo de material bélico cuya exportación deberá ser analizada por esta Comisión.
Pero sin duda el acuerdo más importante alcanzado entre Cancillería y Defensa fue el proyecto de Ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico y Regula la Exportación de Material de Uso Dual y de Defensa (Boletín 14.773-02), elaborado con la asistencia técnica de EE.UUU. y la Unión Europea., mediante el cual, entre otras medidas, se someterán a control los materiales cubiertos por el TCA y también otros materiales de defensa, incluyendo la información técnica y tecnologías necesarias para fabricar armas.
Aunque siguen pendientes algunas normas como las regulaciones al transbordo de armas entre buques y aviones en tránsito por nuestro país, a 10 años de entrada en vigor de este importante tratado, estamos cerca de contar con un marco regulatorio que aborde en forma integral el comercio de armas. Sólo falta la voluntad política para terminar este proceso lo antes posible y dotar de esa manera a Chile de más y mejores herramientas para combatir el comercio ilícito de armas que afecta tanto la seguridad de nuestro país, como de la región y el mundo entero. Un impulso desde el ejecutivo a estas normativas iría en directa relación –y complementaría– todas las iniciativas actuales destinadas a solucionar la profunda crisis de seguridad que estamos atravesando como país.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.