Opinión
Solo a través de un debate inclusivo y fundamentado podremos construir un marco legal que beneficie a todos los sectores de la sociedad, respetando los derechos de los creadores sin “sacrificar” el acceso democrático a la cultura y el conocimiento.
En los últimos años, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha lanzado diversas campañas destinadas a reforzar la protección del derecho de autor en Chile. Aunque estos esfuerzos buscan resguardar a los creadores y sus obras, se percibe una preocupante omisión: la falta de equilibrio en el debate sobre el acceso al conocimiento y la cultura. Este enfoque excesivamente proteccionista ignora alternativas que podrían democratizar los bienes culturales y garantizar un marco más inclusivo y equitativo.
No es la primera vez que se observa esta tendencia. Entidades de gestión como la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) y CreaImagen han desempeñado un rol clave en impulsar medidas que, lejos de equilibrar los derechos de los creadores con el acceso público, buscan eliminar las excepciones al derecho de autor.
Recordemos sus intentos, durante el primer proceso constituyente, con fuertes campañas y lobby, de suprimir disposiciones que benefician a sectores vulnerables como personas con discapacidad, estudiantes de colegios públicos y universidades, entre otros, y son a a estas gestiones a las que invita el ministerio a seminarios sobre el tema. Estas propuestas no solo afectan el acceso a la cultura, sino que contradicen tendencias internacionales que promueven marcos legales más flexibles y justos.
Es importante recordar que, cuando se menciona que el derecho de autor es un derecho humano universal, y sin dudas debe serlo, importante es no omitir que el primer derecho universal en esa lista del artículo 27 es: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En segunda instancia se lee el derecho moral. O sea, el primer derecho es de acceso, no de hiperprotección.
En países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea el debate sobre el derecho de autor ha evolucionado hacia una mayor integración de excepciones y limitaciones que favorecen la educación, la investigación y el acceso público. La preservación digital, la copia para uso educativo y el uso justo (fair use) son pilares de estos sistemas, que permiten equilibrar los derechos económicos de los creadores con los intereses sociales.
Por ejemplo, según estudios del Center for the Study of the Public Domain de la Universidad de Duke, los países con marcos legales más flexibles no solo fomentan la innovación, sino que también impulsan sus economías creativas, como debiese ser el interés del actual sistema socioeconómico socialdemócrata reformista del país, independientemente de mi desacuerdo con las industrias y economías culturales.
Pero en Chile persiste una visión restrictiva que limita las oportunidades de acceso a la cultura y el conocimiento. Las campañas actuales del ministerio enfatizan la protección de los derechos de autor, pero dejan de lado aspectos clave como la actualización de las excepciones, la promoción del uso justo o la democratización de los bienes culturales. Esto no solo genera tensiones entre creadores y usuarios, sino que también afecta el desarrollo de la educación y la investigación, áreas fundamentales para el progreso social.
Casos recientes como la condena al Internet Archive en Estados Unidos –que mencioné en una columna el 2023– ponen de relieve los riesgos de un enfoque restrictivo del derecho de autor. Esta plataforma, que actúa como una biblioteca digital global, ha enfrentado demandas por supuestas violaciones de derechos de autor, pese a su misión de preservar el conocimiento para futuras generaciones.
Este tipo de acciones legales no solo amenazan la continuidad de iniciativas de acceso abierto, sino que también envían un mensaje preocupante sobre las prioridades de los sistemas legales en torno a los bienes culturales.
En Chile, una situación similar podría agravarse si no se abordan las limitaciones del actual marco legal. La falta de excepciones adecuadas al derecho de autor impacta directamente en sectores clave como la educación. La distribución de la información en colegios y universidades, la adaptación de materiales para personas con discapacidad visual o auditiva, y la digitalización de libros en bibliotecas públicas son prácticas que actualmente enfrentan barreras legales, a pesar de su evidente valor social.
La discusión en torno al derecho de autor no solo divide a creadores y usuarios, sino también a los propios artistas. Como mencioné en variadas en columnas anteriores, existe una polarización evidente: mientras algunos defienden un modelo más abierto y colaborativo, otros ven en las excepciones una amenaza para su sustento económico.
Sin embargo, estudios del Berkman Klein Center for Internet & Society de Harvard indican que las excepciones bien diseñadas no solo benefician a los usuarios, sino que también pueden ampliar las audiencias y las oportunidades económicas para los creadores. El ejemplo de la SCD y su histórica propuesta de imponer un canon a los productos tecnológicos ilustra cómo una visión proteccionista puede generar tensiones innecesarias.
Medidas como estas no solo ignoran las necesidades del público, sino que también refuerzan la percepción de que las políticas culturales están desconectadas de las realidades sociales.
En este sentido, es imprescindible que se avance hacia un modelo de derecho de autor que reconozca tanto los derechos de los creadores como las necesidades de la sociedad. Esto implica actualizar las excepciones actuales, incorporar nuevas disposiciones para el uso educativo y la investigación, y garantizar que las políticas culturales reflejen un compromiso real con el acceso democrático a la cultura.
Además, el Ministerio de las Culturas debe ampliar su enfoque más allá de la protección, promoviendo iniciativas que fomenten la colaboración y el acceso abierto. Seminarios, talleres y campañas educativas, como las que se encuentran realizando, podrían desempeñar un rol clave en sensibilizar a la ciudadanía y a los creadores sobre la importancia de un sistema equilibrado y concentrado, como lo están haciendo, hacia una polarización que en última instancia atomiza aún más los procesos individualistas y no orienta en una posible nueva época, o era, del conocimiento.
En última instancia, el derecho de autor no debería ser una barrera para el acceso, sino una herramienta para promover la creatividad, la innovación y el desarrollo social. Solo a través de un debate inclusivo y fundamentado podremos construir un marco legal que beneficie a todos los sectores de la sociedad, respetando los derechos de los creadores sin “sacrificar” el acceso democrático a la cultura y el conocimiento.
