Opinión
La coyuntura actual que enfrenta el Gobierno no es si aprueba o si rechaza Dominga, sino si cumple o no con una sentencia dictada por un tribunal de la República. El respeto a estas últimas por parte de la administración del Estado constituye un pilar esencial del Estado de derecho.
Dentro de los 12 años en que los tribunales ambientales han operado en Chile, el reciente fallo relativo al proyecto Dominga debe ser el más duro con el Gobierno de turno que se haya dictado hasta ahora. ¿La razón? El tribunal ha constatado el incumplimiento manifiesto de su sentencia anterior, de 2021.
No debe olvidarse que esta es la tercera sentencia que dicta el mismo tribunal, pero con nueve ministros distintos. Todos ellos, sin excepción, han estado por afirmar, desde el derecho y la ciencia, que el proyecto cumple con los requisitos exigidos por la normativa ambiental y que se hace cargo de sus impactos ambientales.
La sentencia es contundente, pues le entrega un plazo brevísimo al Comité de Ministros para pronunciarse y le dice que se ha arribado a un escenario en el que existe una única decisión posible, lo que inequívocamente le exige arbitrar las medidas necesarias para que el proyecto sea a la postre aprobado.
Para ello se funda en que, en casos calificados, la discrecionalidad del comité se puede reducir a cero, en tanto sucesivas revisiones administrativas y judiciales han cerrado todas las brechas de discusión posibles, concluyendo que el estudio de impacto ambiental de Dominga es completo y suficiente.
Los opositores ya han señalado que los recursos de casación que presentarán ante la Corte Suprema impugnarán lo lejos que el Tribunal Ambiental ha llevado sus prerrogativas. No obstante, dadas las circunstancias del caso, que lleva más de 11 años entre tramitación y judicialización, lo esperable es que se confirme dicho criterio, porque se ha llegado a una situación límite, que arriesga una verdadera crisis en la institucionalidad. El máximo tribunal no permitirá que se soslaye la debida ejecución de las sentencias judiciales.
No cumplir con la sentencia en esta oportunidad puede traer costos altísimos al Gobierno, que trascienden lo meramente jurídico. Ha quedado claro que el Tribunal Ambiental, por las señales que da, no estará dispuesto a aceptar que se desconsidere nuevamente su decisión, en particular respecto de los lineamientos que entrega. Si el Comité de Ministros no resuelve dentro de 15 días el destino del proyecto, lo más probable es que la discusión pase a otro nivel y que en estas líneas se esté hablando de desacato.
Pero que se entienda bien: la coyuntura actual que enfrenta el Gobierno no es si aprueba o si rechaza Dominga, sino si cumple o no con una sentencia dictada por un tribunal de la República. El respeto a estas últimas por parte de la administración del Estado constituye un pilar esencial del Estado de derecho, construido en un esquema de pesos y contrapesos que sirve de fundamento al sistema democrático. En otras palabras, el Presidente se juega aquí parte de sus credenciales democráticas.
Las instituciones no solo deben funcionar, sino que su fortaleza radica también en el respeto que unas y otras se conceden en sus respectivas esferas de competencias. Hace 12 años lo deslizaron los hoy premios Nobel Acemoglu y Robinson en su libro Por qué fracasan los países. Hace seis años lo reforzaron Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias, denominándolo “contención institucional”. Esperemos que lo anterior sea entendido en su real dimensión por quienes nos gobiernan.
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