Líderes en cantidad de ministerios, pero últimos en descentralización

La discusión en torno a la creación del Ministerio de Seguridad evidencia, una vez más, el desequilibrio de poder entre lo nacional y regional. De hecho, la capacidad para crear ministerios del gobierno nacional (6 en los últimos 15 años) contrasta con la lentitud con la que avanza el proceso de descentralización.

En el caso particular de seguridad, parece existir consenso político y técnico en que se requiere una nueva institucionalidad especializada para abordar los desafíos de la materia. Sin embargo, se ignoran los problemas de gobernabilidad que implica el abultado número de ministerios a los que está llegando nuestro país.

En Chile, el Presidente de la República designa y lidera a sus ministros para implementar su plan de Gobierno. Y de los 19 ministerios que se registraban en 2010, ahora llegaremos a 25, lo que nos ubica como la tercera nación con más ministerios de la OCDE.

En los últimos años, además de la nueva entidad en Seguridad, se han creado los ministerios del Medio Ambiente, Mujer, Deporte, Cultura y Ciencia, evidenciando las dificultades que tiene el gobierno nacional para atender problemáticas de manera intersectorial.

Bajo esta lógica, crear un nuevo ministerio para cada problemática social es insostenible y complejiza aún más las ya evidentes dificultades de coordinación que tienen los gobiernos en el nivel nacional.

La importancia de disminuir el número de ministerios para mejorar las condiciones de gobernabilidad ha sido enfatizada por expertos. Se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de fusionar Segpres, Segegob e Interior, consolidando una única jefatura política de gobierno. De hecho, las divisiones de estudios y coordinación interministerial se trasladarán a Interior, dejando a Segpres casi exclusivamente con funciones de interlocución con el Parlamento.

Hace sentido, entonces, fortalecer esta jefatura política y entregarle no solo la coordinación de las fuerzas oficialistas, sino también las interlocuciones con la oposición en la discusión parlamentaria.

Como complemento a esta reforma, se pueden trasladar labores de Segegob a otros ministerios, como la División de Organizaciones Sociales al Ministerio de Desarrollo Social, o la labor de vocería directamente a Presidencia, como lo hacen otros países.

Todas estas propuestas tienen sentido desde el punto de vista del diseño institucional. Sin embargo, se encuentran de frente con las enormes barreras que interponen los incentivos de los partidos políticos en la escala nacional.

A diferencia de la escala local o territorial, la esfera nacional de gobierno se ve significativamente influenciada por los intereses de los partidos políticos que, en ocasiones, no están en sintonía con los de la ciudadanía.

En este caso, enarbolan débiles argumentos para sostener la estructura actual, como la necesidad de repartir ministerios entre partidos políticos para resguardar supuestos equilibrios al interior de una alianza de gobierno.

Los gobiernos territoriales (municipios y gobiernos regionales), a diferencia del gobierno nacional, responden a otros incentivos. El contacto permanente con las personas los incentiva a buscar soluciones ágilmente, más que a repartir cupos entre partidos políticos.

Su presencia en el territorio, además, promueve un entendimiento multisectorial de los problemas, contrastando con la lógica extremadamente sectorial del gobierno nacional. Por lo mismo, entregar mayores facultades a los gobiernos territoriales ayudaría a implementar nuevas soluciones que no se limiten siempre a la necesidad de crear un nuevo ministerio para enfrentar los problemas.

Lamentablemente, al menos por ahora, somos líderes en cantidad de ministerios y últimos en descentralización. Sin ir más lejos, fuimos el último país de Latinoamérica en establecer que los gobernadores regionales debían ser electos por la gente que vive en las regiones, y no designados por el Presidente. Ojalá podamos enmendar el rumbo.