Opinión
En este y otros casos, es importante y necesario que se establezcan todas las sanciones individuales, administrativas, civiles y penales que correspondan. Sin embargo, hechos de violencia como el mencionado, no se detendrán después de establecer las responsabilidades.
En medio de celebraciones por finalización del año escolar, convivencias, regalos y paseos de curso, y en un mes donde los estudiantes más afortunados del país se emocionan por la cercanía de las vacaciones y del fin de año, la prensa informa que en una escuela municipal básica de la comuna de Santiago un niño fue empalado en el patio de su escuela y que se encuentra con lesiones graves en su cuerpo.
Las declaraciones de la familia refieren a un ataque producto de bullying, que fue denunciado en su oportunidad. La escuela señala haber tomado las medidas pertinentes y afirma que los actos que tienen a este niño con lesiones de gravedad responderían a un accidente escolar. A su vez, el establecimiento hace explícitas una serie de amenazas y discursos de odio de los que fue objeto, y asegura que los involucrados en los hechos son de edades similares y no son estudiantes extranjeros.
La Dirección de Educación Municipal (DEM) informó, por su parte, que presentaron una autodenuncia, para que se investiguen responsabilidades en los hechos, la cual se suma a la presentada por la familia de la víctima. Todo mientras las redes sociales arden en comentarios que, en su mayoría, claman por castigo hacia los supuestos agresores o apuntan a un eventual desmarque de sus responsabilidades por parte de las autoridades de la escuela ante la prevención el acto.
La violencia en las escuelas es una realidad conocida en las comunidades educativas y por las autoridades en educación, un fenómeno que, tanto en Chile como en otros lugares del mundo, se agudizó de forma significativa tras la pandemia.
Las iniciativas legislativas, como la Ley Aula Segura, y las medidas administrativas para enfrentar este problema –por ejemplo, los protocolos de convivencia escolar– no logran reducir la recurrencia de estos hechos. El enfoque punitivo, que se centra en el castigo individual para erradicar la violencia escolar, deja fuera otras dimensiones que están en la base de esta violencia.
La investigación académica muestra que la violencia escolar se relaciona con las diferentes violencias que acontecen en las comunidades educativas, por ejemplo, el adultocentrismo y la falta de participación de los estudiantes; el sexismo; las estigmatizaciones; la xenofobia y el racismo; el abuso de poder y la violencia laboral; la falta de una infraestructura escolar segura y digna; entre otras.
Asimismo, se relaciona con las violencias presentes en el entorno barrial de los estudiantes, como la falta de espacios verdes, la inseguridad, la delincuencia o el narcotráfico. Sumadas a estas variables, también están ligadas violencias sociales más amplias, como la pobreza y la desigualdad social; y la restricción de los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a una vivienda digna o una salud de calidad, entre otras.
En este y otros casos, es importante y necesario que se establezcan todas las sanciones individuales, administrativas, civiles y penales que correspondan. Sin embargo, hechos de violencia como el mencionado, no se detendrán después de establecer las responsabilidades.
Nos guste o no, necesitamos un abordaje comprensivo y acciones sostenidas que involucren tanto a las comunidades educativas como a cada uno de quienes formamos parte de la sociedad, para llevar a cabo cambios sociales amplios y orientados a garantizar los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la equidad social. De lo contrario, no seremos más que comentaristas de la nueva “prensa roja” escolar.
