Opinión
Es hora de modernizar nuestra legislación y adaptarla a las necesidades reales de los consumidores. Este proyecto no solo es un cambio en las normas; es un paso hacia un mercado más justo, transparente y centrado en las personas.
En Chile, millones de consumidores realizan compras en tiendas físicas a diario, confiando en que los productos que adquieren cumplen con los estándares de calidad y las condiciones ofrecidas. Sin embargo, quienes se enfrentan a problemas con sus compras, especialmente en los denominados malls chinos, saben lo difícil que puede ser hacer valer sus derechos.
El derecho a retracto, actualmente consagrado en nuestra legislación, solo aplica a compras realizadas a través de medios electrónicos o en casos muy puntuales, dejando fuera a quienes optan por adquirir productos de manera presencial. Esto es especialmente preocupante cuando vemos un aumento significativo de reclamos por problemas con cambios y devoluciones, particularmente en establecimientos como los malls chinos, donde muchas veces faltan garantías claras o la información adecuada en español.
Según una reciente encuesta de Cadem, el 88% de los consumidores chilenos ha visitado alguna vez un mall chino, y el 77% lo hace habitualmente, atraídos por la variedad de productos. Sin embargo, la calidad sigue siendo un punto cuestionado, y las dificultades para ejercer derechos básicos como cambios o devoluciones han encendido las alarmas.
Por eso, estoy impulsando un proyecto de ley que busca extender el derecho a retracto a las compras presenciales. Esta medida permitiría a los consumidores devolver productos sin necesidad de expresar una causa dentro de los primeros 10 días, siempre que el bien esté en las mismas condiciones en que fue adquirido.
Ampliar este derecho no solo es una cuestión de justicia, sino también una herramienta para fomentar la competencia y la transparencia en el mercado. Al garantizar que las personas puedan rectificar una compra, estamos incentivando a los proveedores a mejorar la calidad de sus productos y a ofrecer políticas más claras y responsables.
Además, esta propuesta apunta a cerrar la brecha de información que muchas veces enfrentan los consumidores. No siempre es posible comparar todas las opciones disponibles antes de una compra, y muchas veces nos encontramos con productos que no cumplen nuestras expectativas o con ofertas más convenientes que desconocíamos al momento de decidir. Con esta ley, los consumidores tendrán una segunda oportunidad para evaluar su decisión y optar por lo que realmente les convenga.
Creo firmemente que este proyecto de ley no solo protege a los consumidores, sino que también fortalece la confianza en el mercado y promueve prácticas comerciales más responsables. Estoy convencida de que juntos podemos avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado, donde los derechos de las personas sean respetados en cada compra que realicen.
Es hora de modernizar nuestra legislación y adaptarla a las necesidades reales de los consumidores. Este proyecto no solo es un cambio en las normas; es un paso hacia un mercado más justo, transparente y centrado en las personas.
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