Sobre el estado de la seguridad pública en Chile

La seguridad pública es por lejos el tema que más preocupa a los chilenos. Ya no es solo un tema de la Región Metropolitana, sino de todo Chile. No es un tema levantado por la prensa, es un problema real que afecta principalmente a los más pobres, a las mujeres y los adultos mayores.

Aunque el Gobierno trate de demostrar que las cifras no suben, la realidad indica que tenemos un problema complejo y que no es de fácil solución. En ese sentido, tanto el Ejecutivo como todos aquellos que buscan ser candidatos presidenciales lo tienen en el primer lugar de sus prioridades y dicen estar trabajando o que van a trabajar en diseñar una estrategia de seguridad pública, pero la verdad es que sus planes normalmente no pasan de ser listas de acciones que buscan atacar temas individuales, pero no el todo en una forma sistémica, por lo que corren el riesgo de ser inefectivos.

Para ser más precisos, cuando el tema se enfrenta en forma sistémica y se entiende la seguridad pública como un sistema que debería entregar seguridad, que tiene objetivos y que para lograrlos requiere de una estrategia, la probabilidad de resolver los problemas que nos aquejan aumenta.

En cambio, cuando se enfrenta con una lista de lavandería de acciones independientes dirigidas a aspectos puntuales, como podrían ser las cárceles o la frontera norte, corremos el riesgo de no solucionar lo que nos aqueja, que es la ausencia de seguridad pública en el territorio nacional.

El Gobierno recién cuando empuja el Ministerio de Seguridad entiende que requiere de una estrategia, pero equivocadamente lo deja como una tarea de la futura repartición, la que no va a estar operativa antes de junio de 2025, si todo se da según plan.

El ministerio, si es que efectivamente termina siendo parte de la solución y no un problema adicional a resolver, es parte de los medios, pero no es la estrategia, como tampoco el objetivo. Es una idea que suena bien, pero que por ahora no es más que eso, una idea que se tiene que materializar y, en la pasada, resolver los aspectos operativos que ya se identificaron para que pueda operar efectivamente.

Tampoco resuelve el problema el listado de iniciativas legislativas de la ministra Tohá, muchas de las cuales simplemente están ahí para hacer número. Dicho eso, las hay buenas y efectivas, como son las leyes antiusurpaciones, la Antiterrorista y la Naín-Retamal, como también algunas que se echan de menos, como son la Ley de Inteligencia 2.0, la ley que operacionaliza la modificación constitucional de infraestructura crítica, y las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Cuando un problema se mira en forma estratégica, uno tiene que pensar en medios, formas de uso y objetivos. Parte de nuestro problema de inseguridad viene dado por pensar que la promulgación de leyes lo resuelve todo, sin embargo, tienen tanto o más importancia los medios necesarios para hacer el trabajo como la forma en que se usan y los objetivos que se establecen.

Para ser más precisos, y a modo de ejemplo, la dotación de fiscales del Ministerio Público. La planta que tienen es la autorizada hace un par de décadas y, en un país en donde todo lo que es criminal o delictual pasa por los fiscales, la cantidad disponible sí importa y tiene un impacto relevante. Lo mismo aplica a Carabineros, la PDI, Aduanas, UAF, SII, laboratorios de criminalística, Instituto Médico Legal, tribunales, Gendarmería y la ANI. Es decir, a todas las instituciones que son parte del proceso.

No saco nada con colocar más carabineros si no aumento la dotación del Ministerio Público, ya que lo que hago es trasladar el cuello de botella a otra parte del proceso o sistema, como tampoco saco nada con colocar más cámaras o pórticos lectores si no hay quien revise y se haga cargo de la data en el Ministerio Público.

La realidad actual con que cerramos el 2024 es que no tenemos estrategia, no tenemos objetivos, no tenemos un sistema y procesos de seguridad pública, y los medios, sean legales o institucionales, o no existen o son insuficientes, y que, ante las deficiencias recién mencionadas, la seguridad ya sea se está privatizando o bien municipalizando, ya que los ciudadanos en esta materia no tienen paciencia y no van a esperar a que las organizaciones estatales estén listas.

Si es que tenemos resultados en seguridad, y los ha habido, ha sido más bien por esfuerzos y capacidades de personas específicas que por acciones sistemáticas, o como resultado de estrategias en la materia, pero la realidad indica que vamos a necesitar mucho más que eso, o de listados de acciones que apuntan a materias puntuales (los llamados listados de lavandería), los cuales pueden ser integrados al todo conforme encajen, permitan lograr los objetivos y no distraigan recursos críticos.

Sin ir más lejos, revisaría lo que se ha hecho en Argentina tanto en materia de seguridad (Rosario) o en orden público (piqueteros en Buenos Aires). Lo que ha logrado Patricia Bullrich viene mucho más por el lado de la claridad estratégica que por las tecnologías usadas para monitorear lo que ocurre en la capital o el empleo de armas del tipo electroshock. Algo ocurre allende los Andes que está produciendo resultados.

A la derecha le conviene apoyar al Gobierno. De lo contrario, en marzo de 2026, si es que es Gobierno, va a tener que resolver el problema que les van a dejar y que se puede sumar a uno de orden público, si es que la izquierda sale a la calle como fue habitual en los gobiernos de Piñera.

Hoy en día Carabineros no tiene capacidad para manejar en simultáneo el orden y la seguridad pública. Todos los alcaldes reclaman por su ausencia, estando en la práctica la seguridad de las comunas en manos de sus alcaldes y directores de seguridad, los que, sin tener mayores atribuciones legales, tratan de darles a sus vecinos lo que el Estado no está proveyendo.

Independientemente de tener una buena estrategia de seguridad pública, es evidente que se van a tener que aumentar las dotaciones de todas las instituciones que participan del sistema, especialmente las de Carabineros y el Ministerio Público. Lo que se invierte en seguridad hoy es insuficiente y va a tener que aumentar en forma dramática. Dado que el Estado está altamente endeudado, vamos a tener que disminuir los gastos en otras materias, a objeto de poder realizar las inversiones tecnológicas correspondientes y aumentar los equipos humanos dedicados a la seguridad.

Lo que también necesitamos en forma urgente es colocar profesionales a cargo de la seguridad. Por ello, me refiero a lo que hizo Las Condes y otras comunas, que están contratando a generales de Ejército o de Carabineros recientemente retirados para ponerlos a cargo de sus direcciones de seguridad. La gravedad de la materia ya no admite aficionados, algo que se deberá observar cuando se eche a andar el Ministerio de Seguridad, o en la conformación de cualquier equipo dedicado a la materia.

En resumen, no solo necesitamos una estrategia de seguridad pública, sino también un aumento significativo de los recursos asignados, de modo de poder invertir en los sistemas y los equipos humanos que necesitamos, y por qué no, también, sacar luego una buena Ley de Inteligencia 2.0 que nos asegure inteligencia buena, oportuna y con capacidades operativas.