Casos Pradenas y Macaya: la importancia de educar y prevenir para proteger a la infancia

El abuso sexual infantil es un tema que ha cobrado una relevancia alarmante en Chile, especialmente en el contexto de casos que sacudieron a la opinión pública durante el 2024.

La condena a Iván Pradenas en diciembre por abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años, y la de Eduardo Macaya a seis años de cárcel, por delitos similares, y otros casos mediáticos, evidencian la gravedad de esta problemática y la necesidad de revisar tanto las penas como el desarrollo de las investigaciones.

En el caso de Pradenas, el tribunal dictó una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, tras aceptar un procedimiento abreviado, lo que no implica admitir responsabilidad, sino aceptar los hechos presentados por la Fiscalía.

Su caso resalta una tendencia preocupante: más del 80% de los agresores pertenece al círculo cercano de la víctima, lo que incluye familiares, amigos, profesores y otras personas de confianza. El abusador es padre de Martín Pradenas, quien fue condenado a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, tras ser declarado culpable de siete delitos sexuales

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la última década se han registrado 32.183 abusos sexuales contra menores de 14 años y 7.769 casos con víctimas mayores de edad, cifras que son un llamado urgente a reflexionar sobre cómo se manejan estos casos y cómo se protegen los derechos de las víctimas.

El 2024 también estuvo marcado por casos de abuso sexual a víctimas mayores de edad: las denuncias contra el exfutbolista Jorge Valdivia y el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve se encuentran aún en etapa de investigación. Estos casos de alto perfil subrayan la necesidad de garantizar tanto la presunción de inocencia como el manejo responsable de la información, evitando la revictimización.

Terminamos un año donde, hasta septiembre, se habían registrado 15.536 violaciones y delitos sexuales según la Superintendencia de Prevención del Delito. Esta alta cifra, si bien es preocupante, también podría interpretarse como una señal de confianza en el sistema judicial.

Muchas víctimas y sus familias se atreven a denunciar porque creen en la posibilidad de justicia. Recordemos que para lograr sanciones en este tipo de delitos se requiere transitar un proceso que comienza con la denuncia de los hechos y continúa con un juicio que exige una rigurosa investigación. Sin este proceso, no es posible sancionar al culpable ni proteger a las víctimas.

En los casos de abuso sexual infantil, la denuncia puede provenir de cualquier persona al tratarse de un delito de acción penal pública. Aquí, el rol de la investigación es crucial, no solo para sancionar al culpable, sino también para proteger adecuadamente a la víctima. El sistema judicial debe garantizar que las víctimas, especialmente menores, no sean revictimizadas durante el proceso. Esto incluye las entrevistas grabadas para evitar que los menores deban repetir varias veces su testimonio, protección de identidad y acompañamiento con profesionales especializados, como psicólogos y abogados.

Las condenas recientes y las investigaciones en curso muestran la urgencia de fortalecer el sistema judicial, garantizando penas proporcionales y procesos que respeten a las víctimas. Sin embargo, no basta con las sanciones. La educación y la prevención en el entorno familiar y social son pilares fundamentales para crear espacios seguros donde los menores puedan expresarse y sentirse protegidos.

Proteger a la infancia es una responsabilidad colectiva. Debemos redoblar los esfuerzos en justicia, educación y prevención, involucrando a familias, comunidades e instituciones. La justicia es un derecho inalienable, y la protección de nuestros niños y niñas no puede esperar.