Opinión
En 2024 también vimos frustrada la oportunidad de robustecer la Ley Antidiscriminación, tras el rechazo a la idea de legislar sobre la materia el pasado junio. A la fecha, el debate no se ha retomado, prolongando una espera de más de seis años.
Finalizado 2024 corresponde realizar un balance de lo que fue el año y los desafíos que nos esperan en 2025, en relación a los derechos de las personas LGBTIQ+.
Como podrán adelantar, el año pasado fue complejo, tanto a nivel global como local. En el primer caso, observamos la proliferación de discursos de odio dirigidos especialmente en contra de personas trans, evidenciando cómo estos permearon políticas públicas, produciendo severos retrocesos en diversos derechos, tales como el derecho a la salud, a la identidad y al deporte, afectando el desarrollo integral de estos grupos. En el segundo caso, vemos que un cambio de panorama se consolida, pues tras haber sostenido un periodo de continuos y paulatinos avances en relación al reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQA+, hoy nos enfrentamos a un escenario de resguardo de los mismos.
En particular, 2024 se centró en la defensa de los derechos de las personas trans, especialmente menores de edad. Desde una comisión especial investigadora sobre los acompañamientos entregados a estos grupos caracterizada por la desinformación, a la incorporación de retrocesos en el derecho a la salud mediante la Ley de Presupuestos. Estas visiones regresivas no son exclusivas al contexto político, pues basta con recordar el repudiable capítulo “Nuestros niños trans” del programa Informe Especial de Televisión Nacional que recibió el récord anual de denuncias (alrededor de 3.000) producto de su contenido degradante en contra de las personas trans.
En 2024 también vimos frustrada la oportunidad de robustecer la Ley Antidiscriminación, tras el rechazo a la idea de legislar sobre la materia el pasado junio. A la fecha, el debate no se ha retomado, prolongando una espera de más de seis años en búsqueda de fortalecer el acceso a la justicia y el establecimiento de una institucionalidad preventiva ante la discriminación. Resulta esencial continuar empujando esta reforma -como también avanzar en el proyecto de ley de buen trato educativo- pues observamos que, a pesar de los derechos conquistados, la violencia y la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ persiste en nuestra sociedad. Además, estas conductas se presentan como un continuo, ocurriendo en diversos espacios, tales como educación, trabajo, salud, en la familia, en el espacio público, entre otros, siendo urgente tomar medidas concretas.
A su vez, nuevamente la educación sexual integral se posicionó como una materia fundamental de debatir en nuestra sociedad. Si bien no ha existido considerable movimiento legislativo al respecto, los gravísimos casos de Eduardo Macaya Zentilli y otros han puesto sobre la mesa la necesidad imperante de formar para prevenir delitos sexuales en menores de edad y de adquirir herramientas que nos permitan actuar adecuadamente ante este tipo de ilícitos en general.
Cabe destacar que el escenario en relación a los derechos de la diversidad sexual y de género se desarrollará en un 2025 donde se realizarán elecciones presidenciales en el país. Al respecto, observar la experiencia comparada reciente resulta trascendental. Durante este año hemos sido testigos de condenables discursos de candidatos presidenciales dirigidos a las personas LGBTIQA+ prometiendo alarmantes retrocesos respecto de sus derechos. También observamos con preocupación cómo presidentes electos en la región que sostienen este tipo de discursos han desarticulado la institucionalidad garante de nuestros derechos. En ambos casos, se levanta una narrativa que posiciona a las personas de la diversidad sexual y de género como “el enemigo” y principales responsables de profundas problemáticas sociales, a efecto de llevar sus agendas.
En tanto, posiblemente nos enfrentaremos a un año que se centrará en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ bajo amenaza, especialmente en relación a las personas trans. Junto a ello, la consecución de históricos desafíos para la comunidad LGBTIQ+, y los derechos humanos en general, por medio de la reforma a la Ley Antidiscriminación y la elaboración de una norma de educación sexual integral, serán clave. Todo esto, en el marco de una elección presidencial cuyo resultado será determinante en relación al reconocimiento y protección de los derechos de la diversidad sexual y de género durante los años venideros, tal como hemos evidenciado desde la experiencia comparada reciente.
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