Opinión
Tenemos el problema y contamos con un modelo que puede aportar a resolverlo: sin ser una solución mágica, puede ser una herramienta poderosa que permitiría construir un sistema más humano, eficiente y confiable. ¿Por qué no usarla?
Los resultados de la última Encuesta Bicentenario UC muestran un dato alarmante: solo el 8% de los chilenos confía en los tribunales de justicia. Este indicador es un síntoma de una crisis profunda en el sistema penal chileno, que afecta tanto la percepción de equidad como su capacidad de responder a las expectativas de la ciudadanía.
Pero, ¿qué pasaría si existiera un modelo de justicia que permitiera promover la responsabilidad de las personas infractoras y, al mismo tiempo, reparar el daño causado en las víctimas, reconstruyendo tejido social y, por añadidura, la confianza de las personas en las instituciones de justicia? ¿Y qué pasaría si ese modelo contara, a lo largo del mundo, con muchísima evidencia que lo sustente? ¿Qué pasaría, además, si dicho modelo fuera promovido por organismos internacionales en todos los continentes?
Este modelo existe y se llama justicia restaurativa.
El sistema de justicia penal chileno, así como muchos otros en el mundo, se basa en un modelo retributivo; es decir, se enfoca principalmente en castigar al culpable. En este proceso, no solo la víctima queda relegada a un papel secundario, sino que el conflicto interpersonal y social subyacente o que emerge como consecuencia a la situación de violencia vivida queda sin resolverse o abordarse. Cuando el sistema no aborda esta dimensión, se perpetúa una sensación de cosificación e injusticia en las víctimas, quienes ven negada su dignidad como personas.
La justicia restaurativa, en cambio, propone un enfoque distinto, centrado en la reparación del daño, la participación activa de las víctimas y el reconocimiento del impacto del delito en las relaciones humanas. Este modelo busca restablecer la dignidad de las víctimas y responsabilizar al infractor de manera activa.
En Chile, un piloto del Gobierno Regional de Santiago, implementado por la Universidad Católica y la Universidad de Talca, mostró resultados prometedores al incorporar la mediación penal con adultos bajo este enfoque.
Los participantes, tanto víctimas como infractores, reportaron altos niveles de satisfacción con el proceso, destacando su carácter inclusivo y reparador. Estos hallazgos se alinean con la experiencia internacional, donde países como Nueva Zelanda, Canadá, Bolivia, Argentina y Brasil han implementado programas de justicia restaurativa con resultados positivos en términos de satisfacción de las víctimas y reducción de la reincidencia delictiva, especialmente en delitos contra las personas.
Sabemos que el crimen organizado domina la agenda pública. Sin embargo, no podemos ignorar que delitos como robos, hurtos y lesiones representan una parte significativa de la victimización en Chile. Según datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), estos delitos tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas, especialmente en sectores vulnerables.
La evidencia a favor de la justicia restaurativa es clara. Estudios han demostrado que este enfoque no solo podría reducir la reincidencia –cuando es implementado con altos estándares de calidad– sino que también fortalece el sentido de justicia en la sociedad en general y en las víctimas en particular. Hasta ahora la política publica ha abierto la puerta a su uso en justicia juvenil, y centrado en delitos leves. Sin embargo, para que logre un efecto de mayor envergadura, es indispensable expandir su uso a diferentes momentos del sistema penal y ampliarlo al sistema adultos.
Tenemos el problema y contamos con un modelo que puede aportar a resolverlo: sin ser una solución mágica, puede ser una herramienta poderosa que permitiría construir un sistema más humano, eficiente y confiable. ¿Por qué no usarla?
Sobre los autores:
Daniela Bolívar Fernández y Jorge Farah Ojeda pertenecen a la Escuela de Trabajo Social, Programa de Justicia Restaurativa y Paz Social (Pontificia Universidad Católica). Raúl Carnevali Rodríguez es miembro del Centro de estudios de Derecho Penal (Universidad de Talca) y Marcela Fernández Saldías es docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
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