Un nuevo pacto por la educación superior

Las universidades chilenas se encuentran en un punto de inflexión. Su sostenibilidad inmediata está siendo objeto de un intenso debate, al calor de los ajustes que distintas instituciones han tenido que adoptar. Pero las discusiones, muchas veces polarizadas, se han centrado en aspectos financieros, administrativos y de gestión, dejando de lado una reflexión más profunda sobre su carácter como derecho social y su rol en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Se trata de miradas que presentan una visión limitada y reduccionista del problema. Al centrarse únicamente en las dificultades financieras, laborales o administrativas, el análisis pierde de vista dimensiones cruciales, como la estabilización de la demanda por acceso y la necesidad de adaptar los currículos a un mundo laboral en constante cambio, lo que exige una transformación profunda del sistema.

La educación superior es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado y que tiene un impacto directo en el desarrollo social y económico de un país. Para asegurar un sistema más justo y equitativo, es necesario superar una visión limitada y adoptar una perspectiva que priorice el acceso universal, la calidad y la pertinencia. Es preocupante la reincidencia de una visión que la concibe como un bien de consumo, sujeto a las leyes del mercado y en el fetiche del endeudamiento bancario.

Estos equívocos perpetúan desigualdades y amenazan el acceso a la educación superior para amplios sectores de la población. Se regresa una y otra vez a la crítica ideológica a la gratuidad universitaria, lo que resulta superficial y parcial. La gratuidad no es el problema, sino una solución que requiere ser implementada de manera racional y con recursos estables.

Por eso urge construir un nuevo pacto social por la educación superior, que afiance el acceso equitativo, la calidad y la pertinencia de la formación universitaria. La formulación de ese nuevo pacto requiere del compromiso de todos los actores involucrados: el Estado, las instituciones educativas, el estudiantado, los claustros docentes y la sociedad en su conjunto. Este acuerdo debe basarse en los siguientes principios:

Equidad: construir una educación superior accesible y equitativa, financiada por quienes más tienen, para garantizar oportunidades justas. Bajo un modelo de financiamiento basal y directo a las instituciones, que se aparte del subsidio a la demanda como el que opera con la actual gratuidad.

Calidad: fomentar la excelencia académica y profesional, formando ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo sostenible.

Pertinencia: vincular la educación superior con las necesidades reales de la sociedad, preparando profesionales capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Democracia: democratizar las universidades para que sean espacios de diálogo y participación, donde se construyan soluciones colectivas a los problemas de la sociedad.

Sostenibilidad: garantizar la solidez financiera del sistema a largo plazo. Para eso es clave una reforma tributaria progresiva, que financie la educación superior sin afectar otros servicios públicos. Y en reciprocidad, las universidades deberán optimizar recursos y promover una mayor equidad en los gastos, incluyendo los remunerativos. Un diseño salarial transparente es esencial para balancear los intereses institucionales y de los trabajadores.

La responsabilidad por el financiamiento de la educación superior no debe recaer exclusivamente en el Estado. A diferencia de lo que propone el proyecto del FES, creo que se deben mantener los aranceles a quienes pueden aportar en los segmentos de mayores ingresos. Pero también se podría pensar en un sistema de arancelamientos diferenciados, para lograr un modelo más justo y equitativo.

La educación superior es una sólida inversión en el futuro de un país. Un sistema fuerte y bien diseñado es fundamental para construir una sociedad más justa, democrática y próspera. Un pacto inspirado en estas propuestas ofrecería una hoja de ruta para avanzar en esta dirección. Es necesario un esfuerzo conjunto y sostenido de todos los actores involucrados para hacer realidad este proyecto.