El país debe retomar el camino del crecimiento acelerado, que solo será posible a través de reformas estructurales ambiciosas a nivel regulatorio.
Es sabido que el crecimiento económico es, en muchos sentidos, el mayor motor que impulsa el bienestar de una nación (Susskind, 2024). Para Chile, un país que ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, el crecimiento económico es mucho más que una cifra en las proyecciones del Banco Central o una gráfica en los informes anuales. El crecimiento en Chile es la base material sobre la cual se construyen las oportunidades para millones de personas en materias de movilidad social y es la clave para mejorar las condiciones de vida y reducir las desigualdades.
En este sentido, comprender la importancia del crecimiento económico y cómo se traduce en bienestar social debería ser una prioridad tanto para los tomadores de decisiones como para la sociedad en su conjunto.
Así las cosas, el crecimiento no es simplemente un concepto abstracto, ya que afecta directamente las vidas de las personas al generar empleo, elevar los ingresos y financiar el gasto público necesarios para mejorar áreas clave como la salud, la educación y la infraestructura.
La relación empírica entre crecimiento y bienestar es clara: cuando la economía crece, hay más recursos disponibles para invertir en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los más necesitados –incluso evidencia reciente señala que el crecimiento promueve mayores niveles de felicidad en las personas (Susskind, 2024)–. En Chile, los avances en salud y en materias sociales e infraestructura pública durante el periodo 1990-2010 son una prueba palpable de cómo el crecimiento beneficia a todos los segmentos de la población.
Sin embargo, a pesar de estos avances, el país aún enfrenta desafíos significativos en materias de educación básica, desigualdad multidimensional, entre otros problemas que solo podrán ser superados o resueltos con un crecimiento económico sostenido y mucho más acelerado del que tenemos hoy.
Por ejemplo, uno de los principales beneficios de un crecimiento robusto es la creación amplia de empleos de buena calidad. Cuando la economía crece, las empresas necesitan contratar más trabajadores para satisfacer la demanda creciente de bienes y servicios. Esto no solo mejora las condiciones laborales –al crear más empleos formales–, sino que también impulsa el poder adquisitivo de los hogares, lo que a su vez aumenta el consumo y la inversión.
En un país como Chile, donde la tasa de empleo y el acceso al mercado laboral son factores cruciales para la inclusión social y para erradicar la informalidad, promover un crecimiento económico acelerado es la forma más efectiva de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables.
Además, el crecimiento económico es fundamental para el financiamiento de políticas públicas. Un crecimiento sostenido permite que el Gobierno obtenga mayores ingresos fiscales sin necesidad de aumentar la carga tributaria, generando un ciclo virtuoso win-win, en donde el Estado, los privados y los ciudadanos se benefician. Con más recursos, el Estado puede invertir en programas sociales que mejoren la salud, la educación, la vivienda y la seguridad, todos elementos clave para el bienestar de la población.
Esto también contribuye a reducir la desigualdad multidimensional, ya que los sectores más pobres se benefician directamente de las mejoras en los servicios públicos y las transferencias sociales financiadas por el crecimiento económico.
Lamentablemente, en la última década (2014-2024) Chile ha transitado hacia un periodo de fuerte desaceleración económica, acompañado de un gran grado de incertidumbre jurídica y regulatoria. Esto se ha traducido en un crecimiento apenas cercano al 2%, y que sigue proyectándose hacia la baja en comparación con el dinamismo que caracterizó a la economía en décadas pasadas.
El gran problema de este bajo crecimiento es que no nos alcanzará para nada: no nos alcanza para reducir la desigualdad, no nos alcanza para mejorar la educación básica, ni tampoco para promover el empleo formal, etc. Es decir, el bajo nivel de crecimiento hoy es insuficiente para satisfacer las crecientes expectativas de la población que espera mejores condiciones de vida.
La fuerte desaceleración económica actual es un reflejo claro de la ausencia de reformas desregulatorias y pro-mercado estructurales y profundas. Y, lo que se pensaba que podría ser un pequeño tropiezo temporal, se ha convertido en una tendencia preocupante de largo plazo, en donde incluso expertos y el Banco Central pronostican que –si no hacemos algo al respecto– tendremos una nueva década perdida en materias de crecimiento para el periodo 2025-2035 (véase aquí).
Es decir, si seguimos como estamos, produciríamos más de 20 años con crecimiento económico escaso o nulo: no hay país que aguante una situación así sin caer en la inestabilidad social o la fuga masiva de talento.
Por lo demás, este crecimiento modesto no solo es insuficiente para mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables, sino que también limita la capacidad de los futuros gobiernos para financiar políticas públicas eficaces, lo que se traducirá en más deuda pública pero sin crecimiento para pagar dicha deuda, lo que bien podría llevarnos a condiciones financieras y fiscales muy precarias.
De esta forma, en lugar de una economía que impulse el bienestar general, el país se encuentra en un estancamiento económico donde los avances se sienten como mínimos y lejanos: algo muy similar a lo que le ocurrió a Italia después de 1990 hasta la fecha, en donde todos los jóvenes italianos emigran en busca de oportunidades.
Este estancamiento tiene implicaciones profundas: Chile necesita un crecimiento económico mucho mayor para poder financiar mejoras en el sistema de pensiones, mejorar la calidad de su educación y salud, y, lo más importante, para reducir la pobreza y aumentar el bienestar de su población.
Para lograrlo, el país debe retomar el camino del crecimiento acelerado, que solo será posible a través de reformas estructurales ambiciosas a nivel regulatorio (desregulaciones), simplificaciones jurídicas en materias ambientales y construcción, y una profunda cirugía a la burocracia del Estado y su modernización. Sin estas reformas, seguiremos atrapados en esta situación de bajo crecimiento para las próximas décadas, y con un crecimiento que no nos alcanzará para nada.
En síntesis, el crecimiento económico importa, y es urgente que Chile recupere su capacidad para crecer, crecer y seguir creciendo. Sin un enfoque renovado y radical en el impulso de la productividad, la inversión y las reformas económicas pro-mercado necesarias, el país estará condenado a un estancamiento que exacerba las lógicas de suma cero y la polarización entre élites.
Es fundamental que los distintos sectores de la política chilena comprendan que no avanzar con reformas de esta índole no es una opción: es simplemente mantener esta triste certidumbre de una “economía zombie” de bajo crecimiento que nunca llegará al desarrollo.