¿La semilla de una siguiente crisis?

Hoy se discute una reforma de pensiones nostálgica, mirando al país de hace una década: ahorros previsionales inmaculados, sin retiros de la pandemia; economía creciendo al 3-4%; y costos laborales acotados. En cambio, el escenario actual exhibe muchos trabajadores con escaso ahorro previsional a raíz de los retiros, un crecimiento bordeando el 2%, un 8% de tasa de desempleo al cual nos estamos acostumbrando, y una fracción de personas que podría trabajar, pero que no encuentra oportunidades, sean formales o no, cercana al 16%. 

A esto sumamos un salario mínimo llegando a 512 mil pesos, cubriendo al menos 18% del empleo asalariado de jornada completa. Si bien el alza es una buena noticia para quienes tienen trabajo, esto aumenta los costos laborales de contratar a trabajadores de menor calificación. Los efectos podrían ser negativos sobre la contratación o incentivar despidos. De hecho, el IPoM de diciembre del Banco Central de Chile muestra evidencia de una fuerte reducción en el empleo formal de trabajadores que ganan el mínimo.

El nuevo incremento podría ralentizar aún más la contratación de los grupos más expuestos: mujeres, jóvenes, personas de bajo nivel educacional y trabajadores en regiones de bajo salario promedio. Agreguemos a esto una persistentemente alta tasa de informalidad laboral, alrededor de 27%.  

Con todo lo anterior, es razonable plantear que el proyecto de reforma a las pensiones que propone un aumento de 6% en las cotizaciones contribuye significativamente al encarecimiento del trabajo formal, por lo que podría gatillar alzas en la informalidad y en la subdeclaración de ingresos. Lamentablemente, es claro que la existencia de la PGU también desincentiva imponer, pues garantiza un piso que, en muchos casos, ofrece una tasa de reemplazo bastante alta para quienes han tenido empleos precarios.

En el contexto de un mercado laboral debilitado, sin clara mejoría en el mediano plazo, una reforma de pensiones inadecuada para el 2025, si aumenta fuertemente los costos laborales, podría ser la semilla de una nueva crisis, más aún tomando en cuenta la creciente automatización y alta rotación laboral en empleos formales de baja calificación.

Necesitamos, con urgencia políticas diseñadas para elevar la formalización de los trabajadores, especialmente los más jóvenes. Hoy, con la inercia de una década de discusión, podríamos aprobar una reforma que proteja más aún a quienes tienen empleo formal y buenos salarios y deje al amparo de la PGU a los trabajadores informales de bajos ingresos.