Opinión
El desafío del sufragio femenino se vuelca hacia el fortalecimiento de liderazgos políticos femeninos y hacer de éstos un pivote efectivo que empuje la elección de mujeres, más allá del slogan y el discurso que aleja, y no convoca.
Un 15 de enero de 1934, el presidente Arturo Alessandri Palma promulgó la Ley N° 5.357, que permitió a las mujeres el derecho a sufragio y a postularse como candidatas a los cargos municipales, y un 14 de enero de 1949, el presidente Gabriel González Videla promulgó la Ley N° 9.292, que estableció el derecho de sufragio universal femenino, ampliando la participación de las mujeres a las elecciones presidenciales y parlamentarias.
En el primer caso, 25 de las 98 mujeres que se presentaron a cargos de elección popular en la campaña de 1935, resultaron electas. Una de ellas fue Alicia Cañas Zañartu, primera alcaldesa de la comuna de Providencia. En el segundo caso, se generaron cambios en la composición del Congreso Nacional, asumiendo en 1951 la primera diputada, Inés Enríquez Frodden, militante del Partido Radical, y en 1953 asumió María de la Cruz Toledo, la primera mujer electa senadora, militante del Partido Femenino de Chile. Sin embargo, será recién en 2006 cuando Michelle Bachelet resulte electa como la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la República.
A pesar de la oposición inicial de los partidos de izquierda y anticlericales para extender el voto a las mujeres, por su aparente conservadurismo, la participación de ellas, que apenas alcanzó al 20 % del total de inscritos en 1935, se fue ampliando progresivamente hasta llegar en 1970 a casi la paridad con los votantes masculinos.
Pero la historia del voto femenino en Chile tiene sus raíces varias décadas antes.
En 1875, un grupo de mujeres inscritas en los registros electorales intentó votar por Benjamín Vicuña Mackenna, pues la ley de 1874 no prohibía explícitamente el voto femenino, pero esta controversia llevó a una modificación en 1884 que excluyó a las mujeres del sufragio. Por su parte, el Decreto Amunátegui de 1877 permitió a las mujeres obtener estudios universitarios y acceder a la educación superior, lo que fomentó el surgimiento de movimientos feministas influenciados por Europa y Norteamérica, llevando a la consecuente acción de las organizaciones feministas en la década de 1920 y 1930, las que impulsaron acciones para incorporar a las mujeres a la ciudadanía plena. En 1933, se produjo el surgimiento del Comité Pro Derechos Civiles de la Mujer, liderado por Felisa Vergara y Amanda Labarca, protagonistas de la discusión en torno al voto femenino municipal.
En 1941, se presentó al presidente Pedro Aguirre Cerda un proyecto de voto universal para las mujeres, redactado por las abogadas Elena Caffarena y Flor Heredia que, pese a las expectativas, no fue aprobado. Pero a partir de 1946, y tras las gestiones de las organizaciones feministas, como el MEMCH y la FECHIF, las campañas públicas por la obtención del sufragio femenino universal se intensificaron, hasta lograr que en 1949 se lograra promulgar la ley del sufragio universal femenino.
A 76 años de consagrarse el derecho a sufragio universal femenino y a casi 90 de haber votado por primera vez en las elecciones municipales, la alta participación de las mujeres sufragando en las últimas elecciones de alcaldías y gobernaciones regionales contrasta con su inmensa subrepresentación en los cargos electos: apenas un 17,6 % resultó electa como alcaldesas y un 0 % se registró a nivel de gobernaciones regionales.
El desafío del sufragio femenino se vuelca hacia el fortalecimiento de liderazgos políticos femeninos y a hacer de estos un pivote efectivo que empuje la elección de mujeres más allá del eslogan y del discurso que aleja y no convoca.
