Por el derecho a decidir sobre mis fondos previsionales

Los restos de la Constitución que quedan del ideario de la dictadura asumen como principio en materia de derechos sociales la libertad de elegir, lo que se ve reflejado en la regulación del sistema educativo y en el sistema de salud con la creación de las Isapres, por ejemplo. Esta idea, además, quedó plasmada en los distintos procesos constitucionales fallidos. En efecto, hay una inclinación en orden a que este tipo de decisiones deben quedar radicadas en las propias personas cotizantes. Sin embargo, esto no ocurrió con el sistema de pensiones, que fue completamente privatizado y sin alternativa pública, más que las pensiones asistenciales no contributivas del original sistema, actualmente denominadas PGU.

En el debate actual ad portas de la votación de la reforma previsional que se debería realizar en las próximas semanas, esta idea ha estado ausente y más bien se ha enfocado en la distribución de la cotización extra de cargo del empleador, del 6 %, la separación de industria y la creación de un seguro social.

En este último punto me quiero detener, dado que el marco supuestamente constitucional debería proteger nuestro derecho a decidir el destino de nuestros fondos, por cuanto ya se introdujo esa idea con la elección por parte de la persona cotizante sobre los riesgos de las inversiones con los multifondos (eso sí, intrasistema) durante el gobierno del presidente Lagos.

Ya viene siendo la hora de que se termine este totalitarismo previsional y que las personas que queremos que nuestros fondos vayan a un seguro social y público podamos ejercer y ver materializado nuestro derecho a decidir. Esto es un anhelo también de las personas en general si les damos valor a las encuestas. En este caso, por ejemplo, la encuesta de la Universidad San Sebastián “Chile nos habla” del año 2023 indica que el 78,3 % de las personas quiere elegir entre un sistema público o privado. La misma asociación de AFP informaba en el año 2022 que, según una muestra de la encuesta Criteria en Valparaíso, también un 78 % quería elegir entre el sistema público o privado.

Estas cifras son coherentes con la encuesta Cadem de la primera semana de enero, que indica que el “76 % prefiere que las personas puedan elegir si quieren que una institución estatal o una AFP administre los fondos que tiene actualmente ahorrados para su jubilación”.

No obstante, un informe de la Subsecretaría de Previsión Social (a solicitud de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones) reveló que la “elección” como un concepto bisagra se planteaba como algo negativo ante la mirada experta.

El Parlamento y el Gobierno no pueden hacer oídos sordos a este reclamo popular sobre el derecho a decidir sobre el destino de nuestros ahorros previsionales. Es una incongruencia enorme de aquellos que reclamaban “con mi plata no”, y que ahora, en completo silencio, asisten a la consolidación del totalitarismo más extremo que hayamos tenido memoria en este país, en el que un grupo de empresas nos priva de nuestro derecho fundamental a decidir sobre el destino de nuestro dinero.

¿Si no podemos decidir, qué propiedad tenemos realmente sobre nuestros fondos?