Opinión
El declive electoral de la Concertación no se puede explicar sin considerar el desencanto y la frustración de una parte de sus votantes históricos con la gestión económica, como también por otro factor político que caracterizó la democratización chilena: la continuidad de Pinochet.
Al comenzar un año de elecciones presidencial y parlamentaria destaco el hecho de que los cuatro últimos gobiernos chilenos no tuvieron sucesión: sus respectivos presidentes entregaron la banda presidencial a la oposición. En cada uno de sus dos gobiernos, Michelle Bachelet entregó el poder a Sebastián Piñera, político de oposición de derecha; a su vez, Piñera entregó la banda presidencial al final de sus dos mandatos a la oposición de izquierda: a Bachelet en 2014 y a Gabriel Boric en 2022. Los cuatro rompieron con lo que ocurrió después de los tres primeros mandatarios tras la dictadura: Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, que entregaron La Moneda a un candidato de la Concertación.
Este resultado no fue fortuito. Esos tres presidentes se preocuparon de la sucesión, clave para lograr el éxito de la democratización. En cambio, Bachelet y Piñera no se empeñaron en esto. Bachelet terminó su primer gobierno con una altísima aprobación, pero no la traspasó al expresidente Frei Ruiz-Tagle, quien terminó su mandato con baja popularidad y los partidos de la Nueva Mayoría no se pusieron de acuerdo en la sucesión. Y Piñera, el primer presidente democrático de derecha desde Jorge Alessandri, no se preocupó de la sucesión y descuidó a los partidos que lo llevaron a La Moneda. Estaba empeñado en ser presidente por tercera vez cuando le sorprendió la muerte.
En consecuencia, y considerando la inestabilidad de los gobiernos, lo más probable es que el próximo presidente sea de la oposición. Esta discontinuidad desde 2010 no ha sido beneficiosa para el país, al agravar problemas y mantener vacíos institucionales. Conviene preguntarse por qué ha sido tan difícil identificar la complejidad de algunos problemas. Por ejemplo, la “permisología” no es un problema que comenzó con Boric, ni es sectorial, como parece que lo aborda el Gobierno con la aprobación de la derecha y las organizaciones empresariales. Estas columnas se proponen explorar algunas respuestas a las causas de esta inestabilidad.
El abogado, cientista político, exparlamentario y exministro Ignacio Walker, protagonista de primera línea en la era de la Concertación, ha escrito dos columnas en este diario comentando el libro El proyecto Chile. La historia de los Chicago boys y el futuro del neoliberalismo (2024, Ediciones UDP) para rebatir la tesis de su autor, el economista Sebastián Edwards, sobre la continuidad del neoliberalismo en los gobiernos de centroizquierda.
Walker aprovecha la ocasión para elogiar con efusivos términos la política económica de la era de la Concertación (1990-2010), lo que sintetiza en su columna del 31 de diciembre al escribir: “Esas dos décadas virtuosas, pujantes, llenas de intención y voluntad de ser, los mejores 20 años del último siglo en Chile bajo cualquier parámetro, fueron el éxito de la política y de una coalición política, la Concertación”.
La opinión de Walker no es aislada. En un reciente seminario de Icare bajo el lema “Un pacto por el crecimiento”, según El Mercurio el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (PDC) afirmó que “durante (esos) años crecimos al 5 %, al 10 %. Durante 25 años consecutivos, y no era por el precio del cobre (porque) en mi gobierno, de los seis años, el cobre nunca superó un dólar. Y crecíamos a 5 %, 6 % o a 7 %, ¡Y nos sobraba la plata!”.
José Miguel Insulza (PS), senador y exministro de Relaciones Exteriores y de Interior, argumentó que la Concertación fue “la coalición más exitosa que haya tenido el país en su historia”; Alejandro Foxley, exministro de Hacienda y de RR.EE., sostuvo que “más allá de las legítimas preocupaciones y reclamos que recorren actualmente la sociedad chilena, estoy convencido de que los libros de historia mostrarán que los últimos 20 años fueron los más exitosos hasta ahora, en la historia republicana de nuestro país”. El senador Guido Girardi (PPD), un díscolo en aquellos años, escribió en La Tercera que la Concertación “pasará a la historia como la coalición más exitosa de Chile”. Ernesto Ottone, influyente jefe de los asesores del “segundo piso” del expresidente Ricardo Lagos, planteó: “No creo que haya otro período en la historia de Chile con tantos logros en todos los terrenos que esos 20 años, entre 1990 y 2010. Lo digo con objetividad” .
La gestión económica fue central en la definición de los objetivos del gobierno de Patricio Aylwin, que después siguieron los demás presidentes de la Concertación. Se consideró que si bien en el corto plazo la estabilidad democrática dependía de la subordinación de los militares a la autoridad civil, así como de la actitud del general Pinochet, en el mediano y largo plazo la estabilidad del orden político se jugaba en una buena gestión económica, considerando que al término de la dictadura el 40 % de la población, cinco millones de personas, estaba situada bajo la línea de la pobreza.
Sin embargo, al culminar la era de la Concertación, Chile estaba lejos de haber llegado al desarrollo, prometido por Ricardo Lagos al asumir la presidencia en 2000, asegurando que se alcanzaría en el 2010. Tres lustros después del fin de esos “mejores años” de la economía nacional, a los que le sucedieron dos gobiernos no consecutivos de derecha con Sebastián Piñera y una segunda administración de Michelle Bachelet, la meta del desarrollo se ha alejado considerablemente. Se ha observado una caída del ritmo de expansión del PIB desde la década del 2000 en adelante.
Además, la aparición de dos nuevos desafíos de enorme envergadura hace aún más difícil avanzar en esa dirección: el crimen organizado y las bandas internacionales de narcotraficantes. Estos problemas irrumpieron sin que el Estado haya tenido capacidades para enfrentarlos y los tres últimos gobiernos, incluido el actual, de Gabriel Boric, así como el Congreso, no reaccionaron oportunamente, con políticas urgentes y eficaces para abordarlos en conjunto, porque están entrecruzados. Se perdieron varios años en la batalla por la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho.
En su segunda columna Ignacio Walker responsabiliza al estallido social del 2019 por no haber llegado al desarrollo, una justificación alejada de la realidad porque este episodio ocurrió dos décadas después de la promesa de Lagos. Asumía que la política económica no tuvo responsabilidad en ese episodio: “Fuimos capaces de asomarnos al sueño y la visión de llegar a ser un país desarrollado -escribe en su segunda columna-. No fue posible, por ahora, pues sobrevinieron, entre otras cosas, tiempos de empezar a renegar de nuestra propia obra, y muchos de los nuestros terminaron por sumarse a la consigna del estallido social, aquella que rezaba no son 30 pesos, son 30 años”.
Los ministros económicos del gobierno de Aylwin, administración que hizo las principales reformas económicas del período, Alejandro Foxley de Hacienda y Carlos Ominami de Economía, no han explicado por qué no se llegó al desarrollo.
A 15 años del fin de la Concertación no se pueden desconocer los importantes defectos estructurales, aquellos que dañan la arquitectura institucional de un orden político (el parlamentarismo en su caso), afectando su funcionamiento y perjudicando su legitimidad y su eficacia. Los defectos estructurales del sistema económico ayudan a explicar el estancamiento económico y tienen responsabilidad en el retroceso político que afecta al país.
Durante los últimos años, la economía ha tenido un bajo crecimiento, una fuerte dependencia de la explotación de recursos naturales -con altos costos medioambientales-, las empresas muestran una baja productividad, mientras en el mercado laboral predomina el trabajo inestable o precario, con bajas remuneraciones, que no permiten una vida digna a los trabajadores, y el sistema de pensiones, basado en la capitalización individual en las AFP, no alcanza jubilaciones dignas. Las prácticas monopólicas y de colusión en la venta de bienes fundamentales (pollos, medicamentos, papel (Conforgate) aumentaron los precios, castigando a los consumidores. La privatización de la salud y la educación golpeó a los sectores medios y bajos, que debieron asumir los costos.
También sobresale la concentración económica, con “grupos económicos reducidos que pueden ser fuente de poder monopólico u oligopólico abusivo”, como advirtió el exministro Sergio Molina Silva, y la desigual distribución del ingreso destaca ominosamente a Chile a nivel internacional: el 1 % se apropia de un tercio del ingreso nacional, lo que impide que los frutos del crecimiento lleguen a los estratos medios y populares. Las desigualdades económicas constituyen una de las principales dificultades de las democracias modernas, como han argumentado con bastante base empírica distinguidos politólogos.
Tampoco se pueden ignorar las peculiaridades del cambio de régimen de la dictadura a la democracia, a través de una reforma, pero sin ruptura en el contenido democrático, por la continuidad de la Constitución de 1980 y de Pinochet como comandante en jefe del ejército durante ocho años, en los cuales se mantuvo en la arena política y obstaculizó la acción del gobierno de Aylwin. Mi libro La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet (Taurus, 2014) fue un modesto análisis de ese fenómeno.
Para ser exitosa, una democracia debe preocuparse de obtener logros, simultáneamente, en materia económica y en el desarrollo político. Es el caso que se puede observar en el Uruguay, donde sus gobernantes y los partidos políticos, más allá de su legítima competencia por ganar las elecciones, se preocupan tanto de la economía como de la calidad del régimen político. Los principales partidos de la democratización -Colorados, Blancos y Frente Amplio- conservan los apoyos electorales de las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias después de la dictadura, como lo reflejan las recientes elecciones del 27 de octubre de 2024, cuatro décadas después del término del régimen autoritario, con alternancia de gobierno entre las tres colectividades.
También Alemania logró, al mismo tiempo, desarrollo económico y estabilidad del sistema de partidos. Los tres partidos que dominaron la política desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la unidad alemana -CDU/CSU, SPD y liberales del FDP- se mantuvieron como fuerzas dominantes, alternándose los dos primeros en la dirección de los gobiernos, mientras que los liberales han ejercido el papel de bisagra para la formación de mayorías. Y desde entonces, los cancilleres federales han sido de los dos grandes partidos: CDU/CSU o del SPD.
Los excelentes resultados económicos alcanzados en Chile durante los años noventa no fueron valorados por un sector de la ciudadanía, como se manifestó tempranamente en las elecciones parlamentarias de 1997, cuando la DC, el partido del presidente Frei Ruiz-Tagle, perdió cuatro puntos porcentuales. Esa votación perdida no permaneció en la coalición gobernante, lo que habría permitido la estabilidad de su respaldo popular inicial, sino que emigró hacia la abstención y la derecha, beneficiándose esta última.
Un grupo de parlamentarios e intelectuales llamó a efectuar una autocrítica y revisar las causas del deterioro electoral de la centroizquierda, no obstante un contexto económico y social muy favorable -la economía había crecido un 7 % promedio anual desde 1990- para introducir correcciones y recuperar la confianza ciudadana. Sin embargo, ministros, altos funcionarios y parlamentarios reaccionaron agriamente ante el documento, defendieron férreamente la labor del Gobierno y se desentendieron de su responsabilidad en la emigración de votos. José Joaquín Brunner (PPD), ministro secretario general de Gobierno, encabezó la ofensiva contra los críticos, restando relevancia a la evaluación electoral y resaltó el hecho de que en un “rápido proceso de modernización” se producen inevitablemente vaivenes políticos y sociales: “La percepción respecto del desigual acceso y calidad de los servicios esenciales está seguramente en la base de una difundida desconfianza en las oportunidades, la cual coexiste con altas expectativas de corto y mediano plazo. Es típico de países en rápido proceso de modernización”. Este argumento lo desarrolló ampliamente en un libro que publicó dos décadas más tarde, en el que critica el segundo gobierno de Bachelet: Nueva Mayoría. Fin de una ilusión (2016).
Similares argumentos ha entregado Carlos Peña en columnas de prensa sobre los conflictos sociales de los últimos 35 años, incluyendo el estallido social de 2019 al cual dedicó su libro Pensar el malestar.
Tampoco el PDC hizo una autocrítica de su debilitamiento electoral, que lo confirmó la primaria presidencial de mayo de 1999, cuando su candidato, el senador Andrés Zaldívar, sufrió una aplastante derrota ante Ricardo Lagos, el abanderado de los otros tres partidos de la Concertación (PS, PPD y PR), que se empinó sobre el 71 % de los votos. Ignacio Walker, que fue presidente del PDC (2010-2015), al cual renunció en 2022, no se refiere al desplome electoral y organizativo de su partido en ninguno de sus libros.
La derecha tuvo un crecimiento espectacular en la siguiente elección presidencial (1999). Saltó desde el 30,59 % que logró en los comicios presidenciales de 1993 -si se suman el 24,42 % del senador Arturo Alessandri Besa (RN, apoyado por la UDI) y el 6,18 % de José Piñera, independiente, exministro de la dictadura- hasta el 47,51% que alcanzó en 1999 su candidato Joaquín Lavín (UDI), alcalde de Las Condes, quien estuvo a escasos 31.140 votos de derrotar a Lagos en la primera vuelta. El posterior debilitamiento del PDC, que sus dirigentes ignoraron, siguió favoreciendo el crecimiento de la derecha.
A pesar de su retroceso en 1997, ni después de su estrecho triunfo en las elecciones de 1999, la Concertación realizó una autocrítica.
Tampoco hizo esa introspección imprescindible después de su derrota en la elección presidencial de 2009, en que por primera vez en dos décadas, la Concertación pasó a la oposición. Era el momento propicio para detenerse y revisar su trayectoria, identificar sus carencias y errores, modificar sus propuestas programáticas, renovar sus rostros y proponerse recuperar la confianza popular perdida. No lo hicieron. Los líderes de los partidos esperaron la elección presidencial de 2013, convencidos de que vendría una nueva victoria de Michelle Bachelet que les permitiría volver al gobierno.
Los partidos no elaboraron un programa de gobierno desde las bases, ni convocaron a profesionales y académicos en la perspectiva de preparar el personal superior del nuevo Gobierno, esta vez de la exConcertación y el PC, la llamada “Nueva Mayoría”. Tampoco Bachelet se preparó para su segundo gobierno, pues ocupó un alto puesto en la ONU en Nueva York que la mantuvo alejada durante los primeros tres años del Gobierno de Piñera y regresó a Chile solo a comienzos de 2013 para iniciar la campaña electoral.
En su segundo gobierno, Bachelet descuidó a los partidos que la apoyaron; algo similar hizo en su primer gobierno. En la elección del 2017, el PS no tuvo candidato presidencial y proclamó al senador independiente Alejandro Guillier, quien fue derrotado con amplitud por Sebastián Piñera en segunda vuelta. Bachelet le entregó la banda presidencial a Piñera al final de su segundo gobierno (2018), tal como lo hizo al final de su primera presidencia en 2010.
El declive electoral de la Concertación no se puede explicar sin considerar el desencanto y la frustración de una parte de sus votantes históricos con la gestión económica, como también por otro factor político que caracterizó la democratización chilena: la continuidad de Pinochet como comandante en jefe del ejército durante ocho años, durante los cuales se empeñó en impedir que el presidente Aylwin llevara adelante el programa de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, con provocaciones e intimidaciones al Gobierno, sus partidos y a los familiares de las víctimas.
El “boinazo” en mayo de 1993 y la negativa en 1995 de Manuel Contreras a reconocer la sentencia de la Corte Suprema que lo condenó por el atentado que costó la vida del exministro Orlando Letelier, llevaron a los profesores Juan Linz y Alfred Stepan, destacados estudiosos de las democratizaciones, a concluir que fueron “actos de intimidación significativamente mayores que los que hubo en Brasil, Uruguay o Argentina (y) continúan resaltando los ciudadanos chilenos el hecho que siguen existiendo, siete años después del comienzo de la transición, importantes áreas de las políticas que están fuera del control efectivo del gobierno democrático”.
Tras entregar en marzo de 1998 la jefatura del Ejército a un oficial que en 1973 era capitán, Pinochet asumió como senador vitalicio, una disposición creada por él en la Constitución de 1980 como escudo institucional para protegerse de la acción de la justicia.
En octubre de 1998 viajó a Londres para someterse a una cirugía de columna. Ahí lo encontró la justicia española, que lo procesaba por el asesinato de varios ciudadanos de esa nacionalidad, y requirió a la justicia británica su detención para juzgarlo en España. Fue detenido mientras se recuperaba de la operación y permaneció privado de libertad en una casa en las afueras de la capital británica durante 17 meses. Pinochet y su entorno dedujeron sendos recursos de amparo ante la Cámara de los Lores, que actuó como segunda instancia, pero fueron rechazados.
La detención de Pinochet provocó el rechazo de los partidos de derecha -Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI)- y de los grandes empresarios que confirmaron su cercanía con el exdictador, al exigir al Gobierno chileno tomar medidas para su pronto regreso al país. Los principales dirigentes, incluidos los presidentes de ambas colectividades y numerosos parlamentarios de derecha, viajaron a Londres para expresarle su solidaridad. El candidato presidencial del sector, Joaquín Lavín, diez senadores elegidos, un senador designado y nueve diputados de derecha viajaron a Londres en distintas fechas.
El factor Pinochet ha estado presente en la política por más de medio siglo y ha sido un factor que es responsable del retroceso político de Chile.
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