Opinión
La urgencia de regular la moderación de contenidos en redes sociodigitales.
Hace unos días, Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció cambios significativos en sus políticas de moderación de contenidos. Entre las medidas destacadas se encuentra el reemplazo de su programa de verificación de hechos por un sistema de moderación comunitaria (Community Notes) y la flexibilización de restricciones en temas sensibles como inmigración, género y discursos de odio. Estas decisiones, justificadas por Mark Zuckerberg como un intento de “regresar a los orígenes de la empresa en defensa de la libertad de expresión”, plantean serias dudas sobre el rol y la eficacia de los mecanismos autorregulados en redes sociodigitales, especialmente en contextos locales como el chileno y latinoamericano.
Por su alcance, poder de penetración y elevados niveles de usabilidad y consumo, las redes sociodigitales han revolucionado las formas tradicionales de comunicación, consolidándose como verdaderos medios de comunicación masiva que han superado ampliamente a los tradicionales, como la televisión, la prensa escrita y la radio.
Así descritas, las redes sociodigitales tienen una responsabilidad fundamental en la gestión de la información que circula en sus plataformas. Sin embargo, a diferencia de los medios tradicionales, estas plataformas operan bajo reglas propias, definidas en sus normas comunitarias o políticas de contenido. Este modelo de autorregulación, si bien parece pragmático, ha demostrado ser insuficiente para abordar conductas nocivas derivadas del ejercicio abusivo de la libertad de expresión, como los discursos de odio, la desinformación y la afectación a bienes jurídicos relevantes como la honra y la privacidad.
Meta sostiene que la implementación de sistemas como Community Notes promueve un enfoque más democrático al permitir que los propios usuarios participen en la moderación de contenidos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el problema no sólo radica en quién modera, sino en los estándares utilizados. Cuando estos estándares son ambiguos o demasiado generales, las plataformas corren el riesgo de amplificar las mismas conductas nocivas que dicen querer combatir.
Este punto conecta directamente con los desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la era digital. Si bien su protección es esencial, debe considerarse también en su dimensión social. La proliferación de discursos nocivos no sólo daña a las víctimas directas, sino que también afecta la calidad del debate público, un espacio clave para la construcción de una sociedad democrática. En este contexto, la desregulación de las redes sociodigitales se presenta como un factor agravante, permitiendo que conductas abusivas florezcan y desplacen interacciones constructivas.
El problema se agrava al considerar el contexto político que rodea estas decisiones. Meta parece ajustar sus políticas en un momento en que los debates sobre la libertad de expresión están intensamente politizados, particularmente en Estados Unidos, con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Este tipo de acciones alimenta la percepción de que las decisiones de moderación están influenciadas por intereses externos, lo que socava aún más la confianza pública en las plataformas.
En países como Chile, estas materias toman una dimensión particular. Las decisiones globales de moderación rara vez consideran las especificidades culturales, normativas o sociales de los contextos locales, lo que genera una desconexión que impacta negativamente en la gestión de contenidos. Ello refuerza la necesidad de un marco regulatorio mínimo que establezca principios claros para guiar la moderación de contenidos en redes sociodigitales, equilibrando la protección de la libertad de expresión con la prevención de abusos.
En última instancia, los cambios anunciados por Meta no son sólo una cuestión empresarial, sino un reflejo de los desafíos más amplios que enfrentamos como sociedad. La libertad de expresión no puede sostenerse plenamente en un espacio donde la desinformación y los discursos nocivos predominen. Proteger este derecho implica, necesariamente, regularlo de manera adecuada para garantizar que sea un vehículo para el diálogo democrático y no un arma que fracture nuestra esfera pública.
