Opinión
El mercado financiero chileno no puede permitirse otro escándalo de esta magnitud. Los inversionistas y la sociedad observan de cerca la gestión de estos desafíos, y cualquier señal de negligencia o complacencia podría agravar el daño.
El caso LarraínVial es un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza en el mercado financiero cuando la ética y el cumplimiento se ven comprometidos. La formalización de ocho directivos en el marco del caso Factop, con emisión de miles de facturas falsas y conflictos de interés, no sólo afecta a la financiera no bancaria más grande de Chile, sino que amenaza la credibilidad del sistema financiero en su conjunto.
La formalización de la Fiscalía incluye un cúmulo de delitos cometidos desde 2019 que, bajo la Ley 21.595 de Delitos Económicos, serían clasificados como de alta gravedad. Entre ellos se cuentan lavado de activos, entrega de información falsa al mercado, estafa, declaraciones tributarias maliciosas y administración desleal. La nueva normativa no sólo endurece las penas, sino que redefine la responsabilidad penal para las empresas, eliminando atenuantes como la irreprochable conducta anterior o la colaboración eficaz, que antes facilitaban sanciones más leves en casos similares.
El nuevo directorio de LarraínVial enfrenta el titánico desafío de reconstruir una cultura corporativa que ignoró señales clave de irregularidades. Este caso pone en evidencia problemas estructurales más amplios: controles internos ineficaces, una obsesión por los resultados financieros y la falta de liderazgo ético. Estas deficiencias resultan aún más preocupantes bajo el marco de la Ley de Delitos Económicos, que exige mayores estándares de responsabilidad para empresas y personas. El tone at the top es crucial: si la dirección no prioriza la integridad, ninguna política de compliance será verdaderamente efectiva.
Un ejemplo claro es el caso de Wells Fargo en Estados Unidos, donde la adopción de medidas de compliance y una revisión profunda de la cultura organizacional permitieron recuperar, lentamente, la confianza perdida. Esto demuestra que restaurar la legitimidad tras un escándalo no se limita a reparar el daño financiero, sino que requiere transformar las prácticas internas y los valores que guían la operación de la empresa.
El hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que activó un “programa reparatorio de compra” para los afectados, refleja el intento de la nueva administración por mitigar el daño inmediato. Sin embargo, estas acciones deben verse como un inicio, no como una solución definitiva. La creación de un comité de ética independiente, la capacitación constante en valores y normativas, y las auditorías externas imparciales deben ser prioridades ineludibles. Las empresas necesitan un enfoque integral de compliance que combine prevención con una cultura de transparencia, especialmente en sectores como el financiero, donde el menor error puede generar consecuencias sistémicas.
El mercado financiero chileno no puede permitirse otro escándalo de esta magnitud. Los inversionistas y la sociedad observan de cerca la gestión de estos desafíos, y cualquier señal de negligencia o complacencia podría agravar el daño. Este no es sólo un desafío para LarraínVial, sino para todo el ecosistema, que debe replantear sus estándares y fortalecer sus modelos de gobernanza para prevenir futuros casos similares.
El camino hacia la recuperación será largo, pero también es una oportunidad para demostrar que el cumplimiento normativo y la ética son pilares fundamentales de un negocio sostenible. Es el momento de actuar y elevar el estándar del mercado financiero nacional.
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