Prevención de incendios forestales: la inminente aprobación de una mala ley
Debemos ser enfáticos en afirmar que el proyecto no contempla medidas obligatorias para la prevención de la ocurrencia de incendios.
A pasos forzados avanza en la Comisión de Agricultura del Senado el proyecto de Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. Lamentablemente, sacar un buen texto legal está cada vez más lejos. Las reiteradas observaciones del mundo forestal han sido desatendidas y, lo que es peor, caricaturizadas por una autoridad que cree ver en los propietarios de predios forestales la razón última de todos los males que provienen de los incendios. Ese diagnóstico no lo ha matizado en toda la discusión.
En vez de construir una estrategia público-privada de prevención de la ocurrencia de incendios, que aplique a nivel nacional lo que ya se hace exitosamente a nivel comunitario bajo una figura de apoyo local a la prevención (ocmo la Red de Prevención Comunitaria y Comunidades Preparadas), se ha optado por una estrategia basada exclusivamente en imponer a pequeños y medianos propietarios forestales y también agrícolas, nuevos instrumentos de regulación del uso del suelo, a costo privado.
Los alcances de este enfoque no han sido del todo comprendidos por los senadores que discuten el proyecto, ya que en reiteradas ocasiones durante la tramitación han vinculado las nuevas medidas obligatorias a la finalidad de evitar la ocurrencia de incendios, cuando la realidad indica que la prevención de la ocurrencia de incendios no es parte de este proyecto. A pocos días de una inminente aprobación de la propuesta en el Senado, esta confusión es inexcusable. Debemos ser enfáticos en afirmar que el proyecto no contempla medidas obligatorias para la prevención de la ocurrencia de incendios.
En uno de los últimos capítulos que refleja las profundas implicancias que podría tener este cuerpo legal, la senadora Carmen Gloria Aravena cuestionó la atribución que se le quiere entregar al Servicio Nacional Forestal para definir vía reglamento qué actividades podrán o no realizar los privados en el espacio correspondiente a la interfaz urbano-forestal. La senadora ejemplificó con lo que sucedería a una barraca que bajo la futura regulación podría no seguir funcionando por ser una amenaza a la población, dada la inflamabilidad del material que comercializa (madera). Bajo la nueva regulación, sostuvo la senadora, es muy posible que los privados se vean obligados a reconvertirse hacia otra actividad productiva.
Entendamos bien las implicancias señaladas por la senadora. A raíz de que personas por negligencia o intencionalidad generen incendios, determinadas actividades productivas en una zona de interfaz deberán reubicarse, reconvertirse o derechamente cerrar. Es decir, dado que algunas personas pueden quemar basura en quebradas aledañas a sus viviendas, o bien trabajen soldando o cortando metales y generando chispas durante olas de calor, o incluso alguien haga un asado en una zona rodeada de pasto seco, algunos negocios deberán cerrar o reconvertirse. No importará que esos negocios, que esa barraca del ejemplo de la senadora haya sido un emprendimiento surgido del esfuerzo de miembros de la misma comunidad que se dice proteger, o un negocio familiar de segunda o tercera generación que produce empleo y paga impuestos. El proyecto de ley los convierte en dobles víctimas: en primer lugar, víctimas de un incendio que no provocaron y, en segundo lugar, víctimas de una regulación que los criminaliza. La preocupación de la senadora, qué duda cabe, es completamente legítima.
La autoridad defiende el enfoque del proyecto señalando que la medida no es retroactiva y que esas actividades no tendrían que reconvertirse o cerrarse, bastaría que adopten acciones de prevención. ¿A qué costo habría que preguntarse? ¿Cuántas no estarán en condiciones de abordar esas “acciones de prevención”? ¿A cuántos pequeños propietarios les exigirán que enajenen el 30 o 40 % de su superficie para cortafuegos para prevenir el impacto de un delito (iniciar un fuego) del que ellos, reiterémoslo, no son responsables? No pareciera que las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, estén sopesando correctamente la gravedad de los planteamientos que están haciendo y que buscan convertir en ley.
Debemos sin embargo ver el vaso medio lleno y agradecer que la autoridad se haya allanado a revisar los montos de las multas incluidas en el proyecto. Multas, no olvidemos, que se aplicarán a los propietarios que no implementen las medidas de prevención, y no a quienes provoquen los incendios. El ministro reconoció que una multa por infracción gravísima, que asciende a casi 650 millones de pesos (10.000 UTM), puede ser un despropósito. Al fin algo de sentido común. ¿Considerarán bajarla a 300 millones?
Este es el proyecto que empuja la autoridad. De votarse a favor, muy probablemente entrará en el grupo de leyes que, a poco de promulgadas, evidencian sus nefastos impactos sobre el segmento de actores al que busca regular. Las excusas y los reconocimientos posteriores de los errores cometidos de nada servirán. ¿Estarán conscientes los senadores de su responsabilidad, o una vez que se evidencien “los problemas surgidos a partir de las soluciones” terminarán exigiendo responsabilidades a la autoridad en vez de darlas ellos por aprobar un proyecto tan deficiente?
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