Los desafíos 2025 de la minería chilena

Con el 2025 ya instalado y con los vientos de cambio de la estacionalidad, la imperante necesidad de mejorar nuestro desempeño presenta una lista de deseos con la que más de algún representante del ecosistema minero estará de acuerdo.

Y es que, aunque la industria ha demostrado ser altamente profesional, resiliente y autónoma a la hora de asumir retos, para el sector de mayor tracción de nuestra economía el camino no es tan simple en materia de inversión, desarrollo económico e innovación.

Pese a la tecnología y la capacidad del rubro para trabajar con recursos limitados, la reactivación económica, sin duda, encabeza la “lista de deseos”. Nuestra minería necesita urgentemente volver a crecer. Es fundamental romper con la tendencia a la baja en la producción, para retomar un impulso dinámico y sostenible de crecimiento.

En este punto, materializar el inicio del catastro de proyectos, con un portafolio de inversión que supere los US$ 83.000 millones es clave. Lo curioso y contradictorio es que el proyecto minero-portuario de Dominga, en La Higuera, sigue frenado por parte de un Comité de Ministros que, sin ministros, reunido fuera de plazo y con cuestionada parcialidad, lo rechaza.

En el segundo lugar de la lista podría ubicarse la transparencia. Llama la atención que, en la misma semana en que el Ministerio de Hacienda y Codelco vuelven a emitir bonos de deuda pública de largo plazo por aproximadamente US$ 4.900 millones, los recursos se equiparen a dos veces la inversión rechazada en La Higuera.

Dicho monto es también similar a dos veces la inversión requerida para recuperar la capacidad de fundición que perdimos con el cierre de las fundiciones Ventanas y Hernán Videla Lira (en Paipote), conformándose así el más claro ejemplo de injusticia tributaria transgeneracional. En 2025, las señales de transparencia deben ser claras, ya que la mayor deuda la tenemos en nuestra minería estatal. Esa deuda no la pagará esta generación, sino la futura.

Como tercer deseo, sin duda, somos muchos los actores del mundo minero que esperamos coherencia. En un país donde la crisis económica asola zonas rurales y extremas, con evidente erosión de suelos y degradación del entorno por la falta de inversión, no se entiende que la burocracia ambiental y la permisología nefasta dilaten y eviten el desarrollo de proyectos que buscan, entre otros objetivos, dar sostenibilidad al territorio en que se instalan las inversiones.

El rechazo por parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) del proyecto de tierras raras en Penco y de transmisión en Mataquito, por encontrarse seis y dos especies de naranjillos, respectivamente, en la zona de ejecución, es no entender que precisamente son estos proyectos los que salvarán a estas aisladas especies, con empleo y prosperidad para la comunidad. De otro modo, con toda probabilidad morirán.

Este año debemos sustituir la permisología patológica que está destruyendo a la industria por acciones que respondan a las necesidades del territorio y sus comunidades.

Además, como cuarto punto de la lista, muchos proveedores de la minería pedimos responsabilidad. Los esfuerzos que se destinaron para lograr una distribución más justa y equitativa de los recursos del royalty no fueron pocos. Pues bien, aún está pendiente la rendición de cuentas de los recursos adelantados, en un 50 %, a las comunas beneficiadas por el “fondo puente”.

A la fecha sólo se conoce una pequeña parte de la distribución del fondo (18,7 %). Llama profundamente la atención saber que cerca de la mitad de los dineros del royalty se haya destinado a transferencias directas (en tarjetas de regalo, por ejemplo), mientras que sólo un 8,7 % se haya dirigido a iniciativas de inversión.

Finalmente, el quinto y quizás más importante deseo es la seguridad: la salud, la prevención de riesgos y la protección física en faenas son indispensables. Sin embargo, amenazas externas como la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo oscurecen el panorama.

Igual de importante es la seguridad sobre las garantías operacionales, donde todo lo que se hace es vinculante y tiene un compromiso de largo plazo. Nuestros trenes mineros deben llegar a puerto para descargar, las garitas en faena deben controlar identidad sin riesgos y los camiones tienen que moverse en todo el territorio sin amenazas a su integridad. Lo mismo esperamos para los agentes que resguardan comunidades, faenas y entorno, ya que sin seguridad no hay industria.

Con crecimiento, transparencia, coherencia, responsabilidad y seguridad nuestra industria podrá volver a crecer en 2025, en un escenario de certidumbre legislativa, vinculante y cierta, para cuidar nuestra minería y para que Chile vuelva a ser un atractivo país minero.