Democracia y acuerdo de pensiones: algo más que una reforma

El reciente acuerdo sobre la reforma de pensiones es un paso significativo en un país acostumbrado a la parálisis política. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo resumió como un logro que trasciende los intereses inmediatos y apunta a enfrentar un problema que afecta, dramáticamente, a muchos. Sin embargo, más allá del contenido técnico, este acuerdo plantea una interrogante fundamental: ¿qué ocurre cuando la democracia parece impotente frente a los desafíos que enfrenta?

La percepción de una democracia que no actúa, que se pierde en sus contradicciones y que posterga decisiones clave, es el terreno fértil donde germinan liderazgos autoritarios. No es casualidad que, en contextos de frustración social, figuras como Donald Trump o Jair Bolsonaro hayan encontrado un eco en el desencanto. Chile no está exento de estos riesgos. La desconfianza en las instituciones y el sentimiento de que “todo sigue igual” abren la puerta para discursos que capitalizan el malestar sin ofrecer soluciones reales.

El caso de las pensiones ilustra este dilema. Durante décadas, el sistema previsional chileno ha sido un símbolo de las desigualdades estructurales del país. Pero mientras sucedían los gobiernos, el statu quo parecía inamovible. La incapacidad del mundo político para llegar a acuerdos no solo perpetuaba el problema, sino que erosiona la legitimidad democrática. Cuando las instituciones no se resuelven, se abona el terreno para quienes prometen soluciones simples a costa de principios democráticos.

Este acuerdo, con todas sus limitaciones, surge de una correlación de fuerzas que no puede ignorarse. En un sistema político como el chileno, los consensos no son concesiones, sino expresiones de una democracia que enfrenta la realidad de sus propios equilibrios. Las críticas, aun las más radicales, aunque legítimas, a menudo no constituyen una estrategia política. Al contrario, cuando las críticas se desconectan de los caminos posibles, solo refuerzan la sensación de parálisis y contribuyen a mantener aquello que dicen combatir.

Los datos son reveladores. Según la última encuesta Cadem, un 68 % de los encuestados está a favor de la reforma. Lo llamativo es que, entre quienes se identifican con la derecha o centroderecha, el 58 % la aprueba y el 39 % la rechaza, mientras que, entre los identificados con la izquierda o centroizquierda, el apoyo asciende al 85 %

Este acuerdo, con todas sus limitaciones, rompe una inercia. No elimina las AFP ni representa un cambio radical, pero implica una redefinición del sistema previsional, introduciendo elementos de solidaridad y diversificación, en el que aquellas ya no serán el único actor. Este cambio demuestra cómo las instituciones pueden adaptarse incluso en contextos de polarización política. Pero para que este logro sea más que un respiro temporal, es necesario que los actores políticos comprendan que la ciudadanía no solo exige resultados, sino que también necesita liderazgos que orienten, expliquen y asuman responsabilidades.

El fortalecimiento de las instituciones no es un lujo; es una urgencia. Cada paso en falso, cada señal de inacción, abona el terreno para el avance de quienes vacían la democracia. Y no es solo la derecha la que puede capitalizar esta oportunidad. La izquierda también enfrenta el desafío de ofrecer respuestas que trasciendan los eslóganes y se traduzcan en políticas públicas que respondan al presente.

En ese sentido, el debate preliminar no es solo un tema técnico. Es un recordatorio de que la política no puede limitarse a administrar el presente, sino que debe proyectar un futuro donde las instituciones sean vistas como espacios de cambios, no como meros espectadores de la frustración ciudadana.

La lección es clara: la democracia no puede permitirse ser percibida como impotente, porque cuando no actúa, otros llenan el vacío y el precio de esa omisión es demasiado alto como para seguir ignorándolo.