Recuperar el control de las cárceles

La seguridad pública es, sin duda, una de las principales preocupaciones de los chilenos. La  delincuencia y el crimen organizado han crecido a niveles alarmantes, poniendo en jaque la  tranquilidad de nuestras familias. Pero no basta con fortalecer la persecución penal o aumentar  las penas: debemos atacar el problema desde todos los frentes y eso incluye la realidad que hoy se vive en nuestras cárceles.

Las cárceles en Chile, en muchos casos, han dejado de ser lugares de reinserción para  convertirse en verdaderos centros de operaciones del crimen. La sobrepoblación, las malas condiciones de habitabilidad y las falencias en la gestión penitenciaria han facilitado que las  organizaciones criminales adquieran poder dentro de los recintos. Esto no solo pone en peligro  a los funcionarios de Gendarmería, sino que además permite que los delincuentes sigan operando con impunidad desde el interior de los penales.

Es evidente que necesitamos cambios profundos en nuestro sistema penitenciario. Por eso, valoro la presentación del proyecto de ley que estamos revisando en la comisión de constitución de la que formo parte, el que establece un régimen penitenciario de alta seguridad para los internos más peligrosos. Esta iniciativa responde a la necesidad de contar con una institucionalidad especializada y con herramientas adecuadas para enfrentar la realidad de las cárceles en el  país.

Uno de los puntos centrales de este proyecto es la creación de un Departamento de Seguridad Especial dentro de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile. Esta nueva unidad estará conformada por funcionarios capacitados para manejar internos de alta peligrosidad, con formación específica en seguridad penitenciaria. Para garantizar su correcto funcionamiento, el personal de este departamento deberá aprobar un curso de especialización impartido por la Escuela de Gendarmería.

Además, se establecen estrictas normas de seguridad: los funcionarios no podrán pertenecer a partidos políticos, participar en reuniones o actos de carácter político partidista, ni apoyar a candidatos en elecciones. Esto busca evitar cualquier tipo de influencia externa que pueda comprometer su labor.

Otra medida clave es la protección de la identidad de los funcionarios de este departamento. Se establece que podrán ser eximidos del uso de distintivos de identificación cuando así lo disponga el director nacional de Gendarmería. Además, toda información relativa a su identidad y funciones será considerada secreta, con sanciones severas para quienes vulneren esta disposición.

El proyecto también establece un régimen penitenciario de seguridad especial, dirigido a internos considerados de alto riesgo. Esto incluye a personas que han demostrado ser un peligro para la seguridad del recinto penitenciario o que mantienen vínculos con organizaciones  criminales, ya sea dentro o fuera de la cárcel.

Este régimen contempla medidas de vigilancia y  control más estrictas, restricciones en visitas y comunicaciones con terceros, y una mayor  fiscalización para evitar que estos delincuentes sigan operando desde la cárcel. El ingreso a este régimen será determinado por la autoridad penitenciaria, previo informe técnico elaborado por una unidad especializada de Gendarmería. En el caso de los imputados, su traslado a estos recintos deberá ser informado al juzgado de garantía competente.

No podemos enfrentar el crimen organizado sin fortalecer a quienes están en la primera línea del control penitenciario. Por eso, el proyecto también considera la creación de dos asignaciones especiales para los funcionarios que integren el nuevo Departamento de Seguridad Especial.

La primera es una asignación de especialización para quienes aprueben el curso de formación en seguridad especial, y la segunda es una asignación de riesgo y operaciones especiales para quienes trabajen directamente en los establecimientos de seguridad especial o en la custodia y traslado de internos sujetos a este régimen. Esto no solo busca reconocer la labor de estos funcionarios, sino también garantizar condiciones laborales adecuadas para que puedan desempeñar su trabajo sin presiones indebidas y con la  protección que requieren frente a amenazas del crimen organizado.

Otro aspecto clave de este proyecto es la incorporación de medidas para proteger la información sensible relacionada con el régimen de seguridad especial. Se establece el deber de secreto sobre todos los antecedentes, informaciones y registros vinculados a esta materia.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con penas de presidio mayor en su grado mínimo e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Además, cualquier funcionario que utilice esta información para beneficio propio o ajeno será sancionado con presidio mayor en sus grados mínimo a máximo e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Asimismo, las contrataciones y compras necesarias para el funcionamiento de los establecimientos de seguridad especial serán reservadas, garantizando que no se exponga información estratégica  que pueda comprometer la seguridad de estos recintos.

No podemos seguir permitiendo que nuestras cárceles sean una extensión del crimen  organizado. Este proyecto es un paso en la dirección correcta para recuperar el control de los recintos penitenciarios, garantizar la seguridad de los funcionarios y evitar que los delincuentes  sigan delinquiendo desde la cárcel.

Pero esto no puede quedar solo en el papel. Es fundamental que el Gobierno garantice los recursos necesarios para implementar esta reforma  de manera efectiva. Sin seguridad penitenciaria, no hay seguridad en las calles. Desde el Congreso, seguiremos impulsando medidas para fortalecer la seguridad en el país, porque la lucha contra la delincuencia no se gana solo con discursos, sino con acciones firmes y eficaces.