Infraestructura penitenciaria ante el déficit

La reciente presentación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos marca un avance significativo en la respuesta al déficit carcelario que enfrenta nuestro país. Esta iniciativa contempla la habilitación de nuevas plazas y la modernización de las existentes, con una inversión proyectada de $1,2 billones a 2030, lo que permitirá sumar más de 28 mil cupos.

Parece ser que un componente esencial para lograr el éxito de esta estrategia sería la utilización del sistema de concesiones para la construcción y operación de complejos penales. La reciente inauguración de La Laguna en Talca, con capacidad para albergar a 2.320 internos y equipado con instalaciones para atenciones de salud, talleres laborales y gimnasio, ejemplifica los beneficios de este modelo. La colaboración público-privada no solo facilita la movilización de recursos, sino que también introduce estándares de eficiencia y calidad en la gestión de esta infraestructura, mientras que la autoridad mantiene la responsabilidad de la custodia y reinserción de los internos.

Para abordar la urgencia en la expansión de la capacidad penitenciaria, es pertinente estudiar el uso de construcción industrializada como una alternativa viable. Este enfoque, que incluye sistemas modulares y diseños estandarizados, permite disminuir los tiempos de construcción y reducir costos. Experiencias internacionales, como las implementadas en el Reino Unido, España o Australia, han demostrado que las cárceles modulares pueden ser edificadas en plazos más cortos y con una vida útil de hasta 60 años. En Chile, se estima que este tipo de obras podría ahorrar alrededor de un 30 % del tiempo habitual de construcción.

La implementación de estas soluciones requiere una planificación estratégica que considere no solo la infraestructura física, sino también aspectos como la reinserción social y el respeto a los derechos humanos. Organizaciones internacionales han subrayado la importancia de diseñar establecimientos penitenciarios que promuevan condiciones de vida dignas y faciliten la rehabilitación de los internos.

De esta forma, vemos que la combinación de un plan maestro robusto, la colaboración público-privada a través de concesiones y la adopción de métodos de construcción industrializada posicionan a Chile en la senda correcta para enfrentar los desafíos del sistema penitenciario. Estas acciones no solo abordan la sobrepoblación en estos sitios, sino que también sientan las bases para un sistema más humano y eficiente, acorde con las urgencias y necesidades de seguridad y justicia que se requieren.