Las dicotomías de la defensa ambiental

En su reporte “Voces silenciadas” -publicado en septiembre de 2024-, la ONG Global Witness reveló que en 2023 se registraron 196 casos documentados de personas defensoras asesinadas por ejercer su derecho a proteger sus tierras y el medioambiente, aunque advierten que es probable que el número real de casos sea mayor.

Uno de los asuntos que más preocupa en este reporte es que el 85 % de los asesinatos de defensores ambientales registrados en 2023 se produjo en América Latina: es decir, de los 196 casos mundiales, 166 ocurrieron en nuestra región, siendo Colombia, Brasil y México los países más afectados por esta realidad. Y no solo eso: cada vez más vemos con preocupación cómo este tipo de prácticas se comienza a extender por todo el subcontinente y se vuelve más frecuente en nuestro país.

Sin ir más lejos, según antecedentes levantados por la Fundación Escazú Ahora, en el año 2023 se identificaron 35 casos de vulneraciones de derechos contra defensores ambientales en Chile, correspondientes a actuaciones realizadas contra 20 personas, siendo mujeres el 65 % de los casos, lo que evidencia una tendencia alarmante de vulnerabilidad específica hacia este grupo, como ha ocurrido recientemente con la desaparición de Julia Chuñil Catricura, líder indígena mapuche y defensora ambiental.

Desde 2014, Julia Chuñil ha ejercido como presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, en la Región de Los Ríos, manteniendo un liderazgo claro a nivel local por su lucha contra la destrucción de bosque nativo. Como consecuencia de aquello, según relata su familia, en reiteradas ocasiones sufrió actos de hostigamiento, intentos de soborno y amenazas por parte de un empresario forestal local que pretende utilizar el terreno que ella habita y protege, hasta que, lamentablemente, el pasado 8 de noviembre, Julia desapareció junto a su perro ‘Cholito’. Aún se desconoce su paradero.

Además de lo urgente que es encontrar a Julia y conocer quiénes son los responsables de su desaparición, esto también nos refuerza lo crucial que es generar mecanismos de protección reales para las personas que, valientemente, defienden sus entornos y pretenden preservar la riqueza de sus ecosistemas. La firma del Acuerdo de Escazú y, más recientemente, la entrada en vigencia del Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos representan faros de esperanza en la materia, pero -entendiendo la gravedad de lo que ocurre en los territorios, y la triste preponderancia de crímenes con total impunidad en nuestra región- esto aún es insuficiente.

Sin duda resulta crucial contar con legislaciones y protocolos -con enfoque en prevención y rápida respuesta- que, con firmeza, protejan los derechos humanos de los habitantes del país. Del mismo modo, es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad en estos asuntos, pero también urge que las empresas e industrias tengan la obligación de rendir cuentas cuando son ellas -o sus representantes- las que están detrás de estos terribles acontecimientos.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental -celebrada la semana pasada y cuyo objetivo es generar conciencia y movilizar soluciones para los desafíos que enfrenta nuestra sociedad en la materia-, me parece oportuno reflexionar sobre la dicotomía de llamar a una mayor educación cuando aún somos incapaces de proteger y garantizar los derechos de quienes trabajan por la defensa de sus territorios. Hoy es vital no solo educar en la importancia de protección del medioambiente, sino que también, realizar un reconocimiento explícito a todas las personas y organizaciones que contribuyen diariamente con el resguardo de los ecosistemas, quienes educan con su ejemplo.

Es momento de que la educación ambiental -y la responsabilidad que sobre ella recae- no sea solo un asunto de los ciudadanos y la sociedad civil, sino que también se contagie a los Estados y, por sobre todo, al empresariado. Para ello debemos dejar atrás las narrativas que, erróneamente, señalan a defensores ambientales como supuestos obstáculos al desarrollo, y propiciar su reconocimiento y valor para la sociedad.