Cambios en el Sistema de Admisión Escolar y la defensa soterrada de privilegios

Para la aprobación del presupuesto 2025, y tras años de aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en los establecimientos escolares con subsidio público, la oposición política le asestó un duro golpe a la política educacional progresista, materializando en el corazón de la educación la cogobernanza de la política educacional, ya que la oposición junto con decidir acerca del SAE, establece en el mismo acuerdo presupuestario medidas que afectan decisivamente a los nuevos sistemas de educación pública (SLEP).Tanto el SAE y los SLEP son íconos de las reformas educacionales del gobierno de Bachelet II y por lo mismo, no es casualidad que se transformen en el centro de control “de facto” de la educación instalado por la mayoría conservadora del parlamento.

Entre las obligaciones suscritas por el Gobierno en esta materia, está la de convocar a una mesa técnica que prepondrá –en marzo próximo- medidas de corrección del SAE, mesa que ya inició su trabajo y que debiese culminar con una propuesta para generar en abril un proyecto de Ley, que en lo esencial busca reinstalar la selección de estudiantes en los establecimientos escolares.

Inexplicablemente también reponer la selección ha sido defendida por autoridades de gobierno que parecieran no comprender el problema de fondo de la desigualdad social del país, y conjugar aspectos claves del “derecho a educación” que toda democracia debiese apoyar, junto a criterios meritocráticos que avalan “que se ven perjudicados” por la mal llamada tómbola como se conoce indebidamente al SAE.

Si entendemos la educación como un derecho social, entonces al Estado en todos sus niveles (y no solo el gobierno) le corresponde garantizar este derecho con estándares similares de calidad a todo estudiante. Por ende, no existe argumentación razonable que justifique que el Estado provea -como lo ha hecho desde sus orígenes hasta hoy- un derecho social de diferente calidad según la localización de su población o su condición socioeconómica, pues la razón de todo derecho social es no exigir requisitos para su obtención.

En este marco, también todos los establecimientos escolares privados que reciben subsidio público se obligan –por el contrato social que implica recibir recursos públicos- a garantizar el derecho a educación para todos, por lo cual abogar por la defensa del Proyecto Educativo del Establecimiento, como esgrimen algunas autoridades para justificar la reposición de la selección de estudiantes (y de familias), no puede en ningún sentido condicionar el derecho a educación señalado.

Con igual fuerza que se reclama sobre el SAE (que sin duda requiere optimizarse), debiésemos hacerlo respecto de los diferenciales de calidad de la educación rural que históricamente han sido inferiores, o de los establecimientos de algunas regiones, y también que la existencia de la oferta educativa de los “establecimientos emblemáticos”, no es sino una muestra discriminatoria para la  mayoría de la población.

Entonces podríamos preguntarnos ¿por qué en Chile -desde hace varias décadas- el factor por lejos más importante que explica los resultados escolares es el nivel socioeconómico de la familia (su capital social), y secundariamente la escuela?

Se trata de un problema estructural -al parecer olvidado- que atraviesa las políticas sociales, por lo mismo, es fundamental corregir las enormes desigualdades que evidencia la sociedad chilena en muchas áreas, como lo dejó en claro la pandemia, siendo ésta una tarea primordial de la educación. La clase política y sus expresiones institucionales (parlamento y partidos políticos) parecieran haber desoído estos aspectos, y sucesivamente los gobiernos democráticos han sido impotentes para atacar sus fundamentos, contentándose -pareciera- con atender las expresiones más externas, satisfaciendo demandas de grupos de poder que han visto reducidos sus espacios de influencia por la incorporación de mecanismos de equidad como el SAE que, finalmente, reducen los privilegios de algunos.Por lo mismo, en la actualidad algunos añoran reinstalar procesos de selección meritocráticos, lo cual es la herramienta más simple para discriminar a la población con argumentaciones muy peligrosas de sostener, como es la meritocracia, si ésta no posee correctores eficientes de inequidad.

Es indispensable entender que en Chile el aporte de la escuela al aprendizaje de los estudiantes es bastante menos incidente que el derivado del nivel socioeconómicos de las familias (lo que los centros formativos del profesorado en Chile, después de más de cuatro décadas de evidencia debiesen haber resuelto en buena parte). Por lo mismo, si los procesos de selección instalados por décadas en los establecientes educacionales chilenos, incluyendo los liceos emblemáticos -salvo excepciones- seleccionaban por calificaciones -, entonces elegían a los menos pobres de entre sus postulantes, siendo esa la principal causa de sus mejores rendimientos. Dicha selección meritocrática desregulada es un mecanismo que oculta la debilidad de la escuela chilena para cumplir su tarea pedagógica, cualquiera sea la condición social del estudiante y su familia.

Un efecto colateral del SAE, por el cual se quiere matar “al mensajero”, fue evidenciar que la escuela chilena –en su gran mayoría-no cumple plenamente su tarea pedagógica y, el SAE al reducir este sesgo socioeconómico derivado de la selección convencional de estudiantes, desnuda el aporte menor a los resultados educativos de gran parte de las escuelas chilenas de todo orden socioeconómico y dependencia. Es decir, la defensa a ultranza de la selección por mérito es porque por su intermedio se busca una “garantía de calidad de estudiantes” que haga la tarea pedagógica escolar menos demandante para la escuela, que en el caso actual atiende estudiantes de menor capital social. Sobre este aspecto existe evidencia abundante por décadas que demuestra esta situación y ahora último el aporte positivo del SAE a reducir el problema.

La creencia que “antes los padres elegían el establecimiento y ahora lo hace la tómbola”, requiere analizarse ya que es un argumento esencialmente falaz. De ser cierto el “que antes los padres elegían el establecimiento”, no se entiende porque los directivos de algunos colegios públicos y privados reclaman el derecho de selección según la afinidad de la familia con el proyecto educativo del establecimiento. Es decir, demandan la potestad del establecimiento de elegir a las familias, como efectivamente ocurría antes, y por tanto en este acto confirman que éstas (las familias) eran elegidas por la escuela. Los padres no elegían el Colegio, solo se inscribían en éstos para que los directivos decidieran su futuro, proceso que ahora realiza el SAE, con parámetros de mayor equidad que han afectado privilegios injustificados de unos pocos, proceso que ciertamente requiere mejorarse dentro de su marco de principios y de eficacia.