¿Gestión intercultural sin antropólogos? La exclusión de un recurso esencial

La antropología, como disciplina científica, tiene las capacidades y herramientas para identificar, comprender y abordar las complejidades culturales, sociales y territoriales que atraviesan las sociedades contemporáneas. En Chile, este rol se vuelve esencial frente a los desafíos que plantea la relación con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche. Sin embargo, la tónica constante de la precarización, el desconocimiento y la desvalorización de la antropología como profesión amenazan no solo la calidad de los procesos interculturales, sino también el cumplimiento de los compromisos éticos y normativos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos, diversidad cultural y patrimonio biocultural.

Un caso emblemático de esta problemática es la no consideración, exclusión o desvinculación de antropólogos y antropólogas de espacios que, por su propia naturaleza, demandan su participación activa como condición indispensable para un adecuado funcionamiento. Estas decisiones, frecuentemente fundadas en la ignorancia, en una subestimación del valor de la práctica antropológica, o en el peor de los casos en decisiones políticas, reflejan una visión profundamente reduccionista sobre cómo deben estar constituidas las estructuras institucionales en contextos interculturales, ambientales y territoriales.

Esta perspectiva limita el alcance de las instituciones, al no reconocer que los y las antropólogas aportan herramientas únicas para interpretar y abordar las complejidades culturales y sociales que subyacen en muchos de los desafíos que enfrenta la gestión pública. La exclusión de estos profesionales no solo invisibiliza sus contribuciones, sino que también refuerza una lógica de operación institucional desconectada de las realidades territoriales y comunitarias, lo que puede generar tensiones, conflictos y una pérdida de legitimidad frente a los actores locales.

En ámbitos como la planificación territorial, la protección del patrimonio cultural, los procesos de participación ciudadana y los estudios de impacto ambiental, entre otros, la ausencia de antropólogos tiene consecuencias tangibles. Por ejemplo, en los estudios ambientales, la falta de una perspectiva antropológica implica dejar de lado el análisis de cómo las comunidades locales perciben, se relacionan y dependen materialmente de su entorno, lo que puede conducir a proyectos que pasan por alto las necesidades y derechos de quienes habitan los territorios, impactando negativamente en sus formas de vida y costumbres. En estos casos, las instituciones por lo general terminan operando bajo una lógica tecnocrática y superficial, donde la institucionalidad por falta de regulación en el área está permitiendo (lamentablemente) que cualquier profesional, sin la idoneidad necesaria, se pronuncie sobre las no afectaciones que un proyecto genera en el medio humano, desconociendo muchas veces las dimensiones indispensables de integrar para visualizar las repercusiones que pueden tener dichos proyectos para la sostenibilidad, la diversidad cultural y las formas de vida de comunidades humanas en los distintos territorios.

Asimismo, la ausencia de antropólogos en áreas vinculadas al trabajo intercultural y la gestión con pueblos originarios es particularmente grave. La antropología no solo proporciona un marco para comprender las cosmovisiones, valores y prácticas de las comunidades, sino que también facilita el diseño de mecanismos de diálogo y consenso que son fundamentales en contextos de alta sensibilidad política y cultural.

La desvinculación o no renovación de profesionales antropólogos, en particular en regiones con alta concentración de comunidades indígenas y titulaciones de tierras indígenas, como el reciente caso de la Oficina Mapuche de la Municipalidad de Padre Las Casas (con 222 comunidades indígenas según la web institucional municipal), “capital intercultural de Chile”, Región de La Araucanía, envía múltiples mensajes implícitos. Por un lado, refleja un desinterés institucional hacia las comunidades a las que estas instancias deberían servir, además de invisibilizar sus necesidades y problemáticas. También evidencia un desconocimiento o subestimación del aporte de la antropología en la gestión intercultural y en la construcción de diálogos efectivos con los pueblos originarios. A su vez, deja entrever una falsa sensación de resolución de conflictos, como si los requerimientos de las comunidades ya hubieran sido completamente atendidos, lo que resulta ingenuo pensar. Esta situación no solo limita la canalización de demandas y reduce la efectividad de las instituciones, sino que también contradice los discursos oficiales sobre interculturalidad, debilitando la legitimidad de las políticas públicas en estos territorios.

Superar esta visión reduccionista requiere un cambio profundo en la concepción de las estructuras institucionales y los equipos de trabajo interdisciplinarios. Principalmente, implica reconocer que las problemáticas, necesidades y demandas de los pueblos indígenas deben ser abordadas por profesionales con competencias en la materia y una comprensión sólida de la pertinencia cultural. Esto no solo permite orientar y derivar adecuadamente cuando corresponda, sino que también exige el establecimiento de relaciones basadas en la confianza y el respeto. Además, es fundamental entender que la antropología no es una disciplina complementaria, sino un eje estratégico para abordar las complejidades socioculturales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. En este sentido, avanzar hacia modelos de gobernanza que valoren el conocimiento cultural y las dinámicas comunitarias como elementos centrales es clave. Esto implica garantizar la presencia de antropólogos en posiciones relevantes y asegurar condiciones laborales dignas para su desempeño, considerando que, en muchas ocasiones, la pertinencia cultural en actividades con pueblos originarios depende de recursos personales y no institucionales. Reconocer y valorar el rol de la antropología no es solo una necesidad práctica, sino también una deuda ética con la diversidad cultural que define nuestra sociedad.

A pesar de su relevancia, los y las antropólogas enfrentan condiciones laborales precarias y una constante deslegitimación de su rol profesional. Muchas instituciones prescinden de su presencia o relegan su trabajo a un segundo plano, priorizando enfoques jurídicos o técnicos. Si bien estos son necesarios, por sí solos no logran captar las complejidades culturales de los territorios ni garantizar un abordaje integral en materia de pueblos originarios, derechos territoriales y culturales. En última instancia, esta falta de enfoque interdisciplinario perpetúa la exclusión de las comunidades en los procesos de toma de decisiones y debilita la posibilidad de construir políticas públicas verdaderamente interculturales y participativas.

Es urgente que las autoridades nacionales, regionales y locales tomen medidas concretas en estos asuntos. En primer lugar, es necesario replantear las estructuras orgánicas institucionales. Por ejemplo, el Gobierno Regional de La Araucanía, según lo expuesto en su web institucional, no parece contar con un departamento especializado para pueblos originarios, aunque presumiblemente encasilla esta materia dentro del “Proceso de Gestión Territorial y Participación Ciudadana”. La ausencia de un área dedicada evidencia la falta de un enfoque claro y comprometido en la gestión de temas indígenas.

Por otro lado, es fundamental regular y legalizar la emisión de informes antropológicos, garantizando que solo puedan ser elaborados por profesionales con la formación y experiencia necesarias, es decir, antropólogos y antropólogas debidamente acreditados. Esta medida permitiría asegurar la calidad, el rigor científico y un involucramiento ético en la elaboración de estos informes, evitando análisis superficiales o inadecuados que, de manera voluntaria o involuntaria, puedan afectar negativamente a las comunidades y su entorno.

Finalmente, en el ámbito de la responsabilidad profesional, es crucial que tanto los y las antropólogas, el Colegio de Antropólogas y Antropólogas de Chile, los Consejos Regionales, y las instituciones formativas que imparten esta carrera, reforcemos las gestiones de vinculación con el medio, visibilizando de manera efectiva el impacto y la relevancia de nuestro trabajo en la sociedad.

La antropología no solo se encuentra documentando y analizando, sino que, también construye puentes, amplifica voces y genera herramientas para transformar nuestras instituciones y territorios. Es urgente que las autoridades reconozcan el valor esencial de la antropología en la formulación e implementación de políticas públicas, considerando que la exclusión de estos profesionales de los procesos de toma de decisiones no solo limita la comprensión profunda de las realidades sociales y culturales, sino que también socava la efectividad de las políticas que buscan abordar los desafíos territoriales, interculturales y de derechos humanos.

Regular la emisión de informes antropológicos es un paso crucial, mas no el único necesario para garantizar la calidad y la ética en la información que sustentan las decisiones institucionales. Es necesario que los y las antropólogas ocupen roles estables, visibles y estratégicos, y con condiciones dignas en las instituciones públicas. Se requiere la articulación de verdaderos equipos interdisciplinarios, donde las y los antropólogos colaboren recíprocamente con otras áreas del conocimiento para diseñar políticas públicas realmente participativas y sostenibles. Este reconocimiento de la antropología no solo responde a una necesidad práctica, sino a una deuda ética con las comunidades humanas locales y los pueblos originarios, cuyo bienestar y derechos deben ser protegidos en todos los procesos que los afectan en aras de mejorar sus condiciones de vida y existencia.