Visión de futuro para un Estado del siglo XXI

A partir de nuestras conclusiones, apretadamente resumidas en la columna anterior acerca de las luces y sombras del Estado, sostenemos que Chile necesita imperiosamente lograr un consenso político de la mayor envergadura respecto a una visión de futuro sobre el Estado, incluyendo sus funciones, roles y tamaño,  y sobre el país en general. Por la constante polarización política, esto no ha sido posible, pero el país no puede ni debe seguir navegando sin brújula en un mar internacional tan turbulento, con conflictos, cambios tecnológico, políticos, económicos y climáticos tan radicales, en el que además se avecina una suerte de “tsunami de proteccionismo trumpista”, y en el que la inteligencia artificial amenaza a las personas y países más rezagados a quedar a la vera del camino con un desempleo monumental, si no abordamos con urgencia los desafíos de reentrenamiento de la fuerza de trabajo  Por ello, nos atrevemos a plantear -a título de ejemplo- algunos elementos que podrían configurar esta imprescindible visión del Estado hacia el 2050.  

Nueve logros transversales para el Estado en rumbo al 2050

1. Visionario, capaz de planificar a mediano y largo plazo. Sea esta visión de futuro u otra, el Estado requiere imprescindiblemente dotarse de una capacidad de análisis prospectivo y planificación estratégica. Esta fue una capacidad que alguna vez estuvo presente en nuestro país a través de ODEPLAN, pero que se desdibujó en el tiempo. La capacidad para crear consenso entre los distintos estamentos de la sociedad sobre el rumbo futuro del país es por lejos nuestro principal desafío.
2. Que mantenga los elevados niveles de eficiencia en el gasto público que describimos en la columna anterior, pero aumentando su eficacia y logros en general por medio de un gasto que se irá acercando paulatinamente -y casi inevitablemente- al promedio de los países OCDE, es decir, del orden del 40 % del PIB. Los ingresos públicos podrán provenir de mayor crecimiento, tributos, del cobre, el litio o el hidrógeno verde, pero nuestras necesidades en servicios de salud, pensiones, educación, infraestructura, seguridad, combate a la desertificación y cambio climático lo hacen imprescindible.
3. Que desarrolle un elevado grado de flexibilidad institucional para actuar como “Estado en red”. Para ello, requeriremos de legislación que le facilite a las sucesivas administraciones un reordenamiento rápido de las estructuras esenciales al momento de desarrollar sus programas de gobierno.
4. Que mantenga una carrera de directivos públicos, los de mejores resultados,  seleccionados y certificados por sus habilidades y competencias, que constituyan así un cuerpo selecto y estable de líderes para enfrentar por muchos años los desafíos de los diferentes servicios públicos. Ya contamos con 21 años de experiencia en el sistema de Alta Dirección Pública, donde han surgido muchos directivos de excelencia que en su mayoría se han perdido por falta de esta carrera.
5. Con funcionarios públicos en diversas modalidades de contratación, ad-hoc para los requerimientos específicos de cada institución, bien seleccionados, remunerados, incentivados y evaluados, y adecuadamente repartidos según los requerimientos de cada período. Esto obligará a generar consenso político y gremial en torno a una largamente debatida reforma al Estatuto Administrativo.
6. Que el desarrollo digital del Estado sea de nivel internacional, con gobernanza adecuada y sirva de soporte habilitante para sus instituciones, en sus procesos internos y servicios a los ciudadanos y empresas. De igual manera, todos los servicios públicos deberán estar permanentemente al día en el desarrollo tecnológico y la adopción de nuevas tecnologías.  Este soporte debe proveer sus servicios y procesos con una lógica ciudadano-céntrica.
7. Que mantenga su carácter de Estado unitario, aunque profundamente descentralizado en sus dimensiones política, fiscal, administrativa, educativa, demográfica y cultural; buscando que las diferentes ciudades de regiones se hagan cada día más atractivas para la radicación en ellas de personas y empresas provenientes de las tres grandes conurbaciones del país.
8. Con una gobernanza de la modernización del Estado estable para proponer, gestionar y evaluar sus proyectos de reforma y sus planes de desarrollo, con una cadena de valor clara que identifica los roles y responsabilidades de sus actores, establecida constitucionalmente para no estar sometida a vaivenes.
9. Con una sólida democracia representativa y un renovado sistema político, con la duración adecuada de los períodos de gobierno y un menor número de partidos, lo que permitirá a los sucesivos gobiernos ejecutar sus programas, aquellos para los cuales la ciudadanía les otorgó un mandato en las urnas. 

Siete logros sectoriales específicos para el Estado en rumbo al 2050

1. Que tenga procedimientos de clase mundial, así como los recursos humanos, la capacidad de inteligencia, la coordinación interna y la cooperación internacional necesarias para el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, amenaza creciente en Chile y toda la región. 
2. Capaz de controlar la degradación ambiental y la desertificación del país, convirtiéndose en un ejemplo internacional en su manejo del recurso hídrico, la desalinización del agua de mar y la gestión de cuencas. 
3. Que cuide y proteja a su niñez y a sus adultos mayores como primera prioridad, y que aspire a ser un ejemplo internacional en la materia, generando la institucionalidad adecuada para proteger a la niñez y adolescencia vulnerada, y a la creciente proporción de adultos mayores en condición de pobreza y soledad.
4. Que trabaje activamente y desarrolle políticas públicas para continuar disminuyendo la desigualdad expresada por el Índice de Gini, desde el valor actual de 48 al promedio OCDE de 32, por medio de políticas redistributivas y un sano crecimiento que genere los recursos necesarios.
5. Cuyos resultados no solo de calidad, sino también de equidad educativa en la medición del test de PISA, sean similares al promedio OCDE, comenzando para ello por una cobertura de calidad internacional en la educación inicial y básica, y aplicando metodologías educativas que incluyan el desarrollo de las así llamadas “habilidades para el siglo XXI” en todos los establecimientos escolares.
6. Que desarrolle una salud preventiva y curativa con estándares internacionales en materia financiera, organizacional, tecnológica y de gestión, asegurando un trato digno y oportuno a todos los usuarios del sistema.
7. Que promueva, atraiga y facilite la inversión privada nacional y extranjera y el emprendimiento, en una cooperación activa y constructiva entre el Estado y el mercado, dando estabilidad en el tiempo, atención expedita y seguridad en cuanto a las normas para la instalación y posterior operación de las empresas, y estableciendo con claridad qué funciones y servicios le corresponden al Estado y cuáles al sector privado.

Reiteramos que este listado de 16 elementos es una primera propuesta, a la que se podrán agregar, modificar o eliminar elementos, pero la necesidad imperiosa es lograr consenso político en torno a alguna visión estratégica de largo plazo para el Estado, priorizando elementos según relevancia y urgencia. Si se revisan con atención los que hemos propuesto, es difícil imaginar que sean objeto de gran disenso ideológico, excepto en lo referente al ritmo de aumento del gasto público, a los roles del Estado y el sector privado, y a la necesaria renovación del sistema político, que han sido materias –hasta ahora– de ácida discusión entre los extremos del espectro político. Sin embargo, para comenzar, hay otros 13 elementos entre los que ya hemos propuesto que podrían ser la base de las prioridades programáticas para todas las corrientes políticas, garantizándose así continuidad y estabilidad a las reformas requeridas para alcanzar esa visión, con diferencias menores de matices y énfasis. 

Acemoglu, Johnson y Robinson ganaron el Premio Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre la desigualdad de las naciones, identificando con claridad las causas de fracaso de los países en las diferencias en sus instituciones. El Comité del Premio elogió el trabajo por sus explicaciones de cómo “las sociedades con principios de derecho débiles e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para bien; la introducción de instituciones inclusivas crearía beneficios a largo plazo para todos, en cambio las instituciones extractivas son las que proveen ganancias a corto plazo solamente para los que están en el poder”, declaró el jurado. En base a estas aseveraciones, creemos que el consenso podría y debería abarcar todo el espectro de partidos políticos.

Para el año 2050 solo restan 25 años, y los adultos de hoy tenemos el deber y la obligación de consensuar y materializar estas (u otras) visiones de futuro deseables, así como sólidas instituciones y normas inclusivas, por el bien de las próximas generaciones de chilenos. En la siguiente columna plantearemos las reformas del Estado más urgentes para el corto plazo y las más relevantes a partir de 2026.