Política de Acceso Abierto en Chile: avances, desafíos y oportunidades

Este 2025 se cumplen tres años desde la entrada en vigor de la Política de Acceso Abierto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y seis años desde la elaboración de su primer borrador. Esta iniciativa busca democratizar el conocimiento científico y humanístico en Chile, garantizando que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos sean accesibles para toda la sociedad.

Para ello, la política estableció disposiciones orientadas a promover la transparencia, reutilización y libre acceso a la información científica. Entre ellas, destaca el uso del repositorio de datos de ANID para la difusión de trabajos de investigación —principalmente artículos científicos—, así como la adopción de estándares para la gestión de datos, asegurando su acceso, resguardo e interoperabilidad.

Una implementación incremental

La política consideró dos fases de implementación. La primera, con una duración de dos años, permite que los investigadores publiquen en revistas de suscripción, siempre que estas autoricen el depósito de los manuscritos aceptados en repositorios institucionales tras un período de embargo de entre 6 y 24, modalidad conocida como Ruta Verde de acceso abierto (Green Open Access).

Tras evaluar este modelo, y considerando costos y niveles de adopción, se permitiría avanzar hacia la Ruta Dorada de acceso abierto (Gold Open Access), que implica la publicación inmediata en revistas de acceso abierto mediante el pago de tasas de publicación o Article Processing Charges (APC). En este caso, los trabajos de investigación son accesibles públicamente desde el momento de su publicación.

Durante estos últimos años, los esfuerzos han estado dirigidos a fortalecer las capacidades institucionales en acceso abierto, en especial dentro de las universidades mediante proyectos de financiamiento InES de Ciencia Abierta. Y a su vez, se han formalizado directrices para la gestión de planes de datos y el uso de metadatos, recientemente publicadas por ANID. Un hito clave en este contexto fue la adhesión de la agencia, en 2023, a la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), iniciativa que promueve la revisión de los criterios de evaluación académica, con el propósito de valorar los resultados de investigación más allá de las métricas tradicionales, dando señales por ahora tempranas a un cambio en el modelo de evaluación de la productividad académica en investigación.

Desafíos pendientes

Pese a los avances, la implementación de la política enfrenta desafíos importantes. Una parte significativa de la producción científica chilena sigue publicándose en revistas sin acceso abierto o con altos costos de APC, lo que restringe la disponibilidad de investigaciones financiadas con fondos públicos.

Aunque se han mejorado los repositorios institucionales, la adopción de la Ruta Verde ha sido lenta. Esto se debe tanto a limitaciones en infraestructura como a la falta de incentivos claros para los investigadores, quienes perciben que el autoarchivo no impacta en su evaluación académica.

De acuerdo con datos de la base especializada Scopus, entre 2020 y 2024 se publicaron aproximadamente 28.400 trabajos de investigación financiados por ANID. De estos, cerca del 40 % se encuentra en revistas sin acceso abierto, mientras que solo un 38 % ha sido publicado bajo la Ruta Verde (Scopus, 2025), lo que sumado al bajo número de publicaciones de acceso libre y manuscritos efectivamente depositados en el repositorio de ANID, evidencia en la práctica una lenta adopción de la política, 

Además, según estimaciones de 2019, el gasto en APC ascendió a cerca de US$ 9 millones (Krauskopf, 2021), concentrándose el 52 % de estos fondos en cinco grandes editoriales: MDPI, Wiley, Frontiers, Elsevier y Springer. Estas cifras, en lugar de disminuir, han seguido aumentando, mientras que algunas de estas editoriales han sido cuestionadas por sus elevados cobros y la rapidez en sus procesos de publicación. 

En un contexto de alta presión por publicar (publish or perish) y exigencias institucionales rigurosas, la baja adopción de la Ruta Verde y los altos costos de publicación continúan representando barreras significativas para el acceso abierto. A esto se suma la falta de financiamiento específico para cubrir APC en muchas universidades y la escasa capacitación para que los investigadores comprendan los beneficios y procesos del acceso abierto.

Oportunidades y caminos a seguir

Es fundamental que la revisión y discusión de la implementación de la política de acceso abierto se centre en el fortalecimiento de la infraestructura de repositorios, el establecimiento de incentivos concretos para los investigadores y el desarrollo de mecanismos de financiamiento sostenibles para los costos de APC. Limitar la implementación del acceso abierto a un proceso lineal de adopción impide abordar la diversidad de realidades y culturas de investigación presentes en las distintas universidades e instituciones del país, cada una de las cuales ha alcanzado en mayor o menor medida distintos niveles de madurez en esta materia.

Es clave apoyar a investigadores con menos recursos, garantizando opciones de publicación gratuitas y promoviendo revistas que cumplan con estándares de integridad. Un referente es Finlandia, que cuenta con un sistema de clasificación de revistas, liderado por la comunidad científica, para evaluar la calidad de las publicaciones. Chile también podría beneficiarse de estrategias como las del Plan S en el Reino Unido o las directrices de EE.UU. y Canadá (NIH, NSF y NSERC), que fomentan activamente el autoarchivo en repositorios institucionales.

A medida que la Política de Acceso Abierto de ANID avanza, es crucial reconocer las diversas realidades del ecosistema académico chileno. Fortalecer la infraestructura, generar incentivos claros y fomentar una cultura de acceso abierto entre los investigadores serán clave para lograr un cambio sostenible y democratizador en la producción científica financiada con fondos públicos. Un esfuerzo colaborativo permitirá consolidar un sistema de acceso abierto robusto, en beneficio de toda la sociedad.