Corrupción: un desfavorable balance

Aunque en el último año hemos avanzado en crear nuevas herramientas institucionales como la nueva Ley de Delitos Económicos, la reforma a la Ley de Compras Públicas, o la Estrategia Nacional de Integridad Pública, estas no han podido detener la abrupta baja que ha tenido nuestro país en el Índice de Percepción de la Corrupción. En un plazo de 10 años, Chile ha pasado del puesto 21 al 32 y, solo en esta edición, cayó en tres puestos más.

Y es que cualquier esfuerzo es insuficiente cuando el balance es negativo en comparación con los numerosos casos de corrupción que hemos enfrentado el recién pasado año, que van desde el abuso de posiciones de poder para cometer y encubrir otros delitos, el tráfico de influencias en nombramientos y decisiones del Poder Judicial, las dudosas acciones que emprenden parlamentarios a partir de los espacios de decisión que ocupan, o hasta incluso la utilización de espacios de decisión para encubrir otros delitos. Lo que sumado a la ineficacia de las administraciones municipales en distintas comunas y algunas acciones abusivas de empresarios inescrupulosos limitan a las personas en las oportunidades de lograr sus deseos y aspiraciones.

Lamentablemente, ninguno de los problemas que hoy enfrentamos son nuevos. Vicente Huidobro ya lo decía en su “Balance patriótico” al cumplirse el centenario de nuestro país, haciendo eco de la desconfianza que ya vivía la sociedad chilena de la época, relevando la relación entre el mundo empresarial y sus intereses utilitarios en la política, el abuso de los cargos públicos y, por sobre todo, la ausencia de valores en la acción política.

El desafío hoy está puesto en lograr impulsar la construcción de un sistema político e institucional, capaz de excluir a los corruptos de los espacios de decisión pública e incorporar liderazgos probos y honestos en los espacios de deliberación.

La alternativa para lograr hacer cambios sustanciales es dejar la pasividad para reaccionar a los escándalos y vicisitudes de nuestro sistema y emprender el camino hacia la integridad, a partir de un conjunto de valores, principios y orientaciones que le permitan al Estado, las empresas y las personas caminar hacia un rumbo común, que se materialice en acciones realistas y coherentes con el país que queremos ser.

Mientras ello no suceda, no nos queda más alternativa que reclamar el compromiso por impulsar un acuerdo transversal que nos permita fortalecer las bases de nuestro sistema democrático. Priorizar las mejoras en los mecanismos de nombramientos de autoridades, una nueva ley de acceso a la información, nuevos estándares de gestión y probidad para los municipios, herramientas para la inteligencia financiera -como el registro de beneficiarios finales- y empresas que pongan la ética en el centro respecto de su forma en que hacen negocios.