La infancia no se excluye, se protege

Las recientes decisiones y declaraciones de las distintas autoridades en nuestra región, tanto en Estados Unidos como en Chile, muestran una preocupante tendencia hacia políticas migratorias restrictivas y discursos que vulneran los derechos fundamentales de personas migrantes y refugiadas, pero, sobre todo, afectan a las infancias, quienes se ven expuestas a discursos que fomentan la xenofobia y normalizan el odio.

Las razones por las que las familias e infancias deciden migrar son múltiples y, muchas veces, desgarradoras. La pobreza, la violencia de género, los conflictos armados, el cambio climático y la búsqueda de reunificación familiar son solo algunas. En este contexto, la situación migratoria de niñas, niños y adolescentes puede cambiar varias veces, pero su condición más importante no es su estatus migratorio: es su infancia. No importa de dónde vienen ni por qué se desplazan, la niñez en contextos de migración sigue siendo niñez, con los mismos derechos que cualquier otra, y estos nunca desaparecen en las fronteras, tal como lo ha sostenido Gehad Madi, el relator especial de Naciones Unidas sobre personas  migrantes.

En medio de un escenario difícil para las personas que migran, la niñez haitiana se encuentra enfrentando niveles alarmantes de violencia y vulnerabilidad. Lo anterior, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, “Soy una niña, ¿por qué me pasó esto?”, que aborda el ataque de las bandas criminales armadas a la infancia en Haití, en donde niñas y niños son reclutados y agredidos sexualmente. Esta situación no solo constituye una grave violación de sus derechos, sino que influye en que las familias huyan de su país en busca de mejores condiciones de vida.

Según las cifras del Servicio Nacional de Migraciones, en 2023 hubo un total de 302.306 niños, niñas y adolescentes migrantes en el país. De este total, el 7,6 % corresponde a infancias haitianas, es decir, alrededor de 14.300 niñas y niños. Estas cifras reflejan la premura de garantizar políticas de protección efectivas que resguarden sus derechos y bienestar.

A pesar de esta realidad, en Chile actualmente se debate un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Migración, que, en su estado actual, podría restringir derechos fundamentales como el acceso a la salud, a la educación, además de debilitar las protecciones contra la expulsión de niños y niñas. Ante esto, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de alerta. Al mismo tiempo, han surgido declaraciones políticas que buscan negar el acceso a la educación a hijas e hijos de personas migrantes en situación irregular.

A nivel internacional, las niñas, niños y adolescentes están protegidos por el Principio del Interés Superior del Niño, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado que Chile ha firmado y ratificado. Esto significa que cualquier decisión que les afecte debe priorizar su bienestar y los impactos que pueda tener en el desarrollo de sus vidas. Es importante tener presente que las infancias no son responsables de su situación migratoria y deben ser protegidas sin discriminación.

Distintos organismos internacionales y nacionales que velan por los derechos fundamentales de las personas han sostenido que las políticas migratorias restrictivas no protegen, al contrario, precarizan y violentan. En Estados Unidos, el uso de detenciones masivas, deportaciones arbitrarias y la militarización de la frontera han generado un clima de miedo e incertidumbre que afecta directamente a las infancias migratorias. Algunos medios de comunicación han documentado cómo el temor a la deportación ha llevado a muchas familias migrantes a no salir de sus casas, limitando su acceso a la educación, salud y otros derechos. En México, Amnistía Internacional ha denunciado la deportación de niñeces sin evaluar su interés superior. En España, se ha negado la inscripción de bebés de familias migrantes, dejándoles en un limbo legal. En Venezuela, Amnistía Internacional ha documentado la detención y tortura de infancias en el contexto de represión política.

Las autoridades políticas tienen la responsabilidad de proteger en lugar de vulnerar a las personas migrantes y refugiadas, especialmente a la niñez, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Hoy más que nunca, necesitamos mayor responsabilidad política y social para garantizar la educación y protección de las infancias. La pregunta es clara e involucra a toda la sociedad: ¿seguiremos construyendo una sociedad que criminaliza y excluye, o una que acoge e integra?