Perspectivas y desafíos del movimiento sindical para el último año de gobierno de Boric

El año 2024 cerró con un debate político centrado casi exclusivamente en la reforma previsional. Más allá de no satisfacer a amplios sectores de la izquierda y centroizquierda, el aparente acuerdo alcanzado en torno a dicha reforma abre la posibilidad de nuevas discusiones en la agenda laboral del Gobierno.

Así, asumiendo que la reforma previsional pasa las instancias legislativas respectivas, es muy probable que la discusión laboral del último año de gobierno de Gabriel Boric gire en torno al proyecto de negociación colectiva por rama de actividad económica (“negociación multinivel”), anunciado varias veces durante 2024. 

Esto hace suponer que este 2025 traerá consigo varios desafíos para el movimiento sindical. Estos desafíos están asociados tanto al contexto político-social del país como a dinámicas internas del propio sindicalismo nacional. 

En relación con el contexto político-social, el país sigue estando atravesado por la confrontación entre las posturas políticas que han articulado el conflicto social en la última década y media (particularmente, entre aquellas posturas que pretenden desmantelar las instituciones pilares del régimen neoliberal en Chile y aquellas que defienden celosamente su continuidad). A pesar del carácter eminentemente político de este debate, el año 2024 fue un año de muy pocas movilizaciones sociales. 

Para enfrentar ese contexto de desmovilización, durante el 2024 la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) hizo varios intentos por reactivar la movilización social. Ejemplo claro de ello son los llamados a paro nacional del 11 de abril y del 28 de noviembre (este último, ocurrido en el marco de la negociación por el reajuste salarial del sector público y en defensa de la estabilidad laboral de dichos trabajadores y trabajadoras).

Como planteé en otra columna, este tipo de iniciativas son muestra de la apuesta de la CUT por comenzar a cumplir un rol dinamizador de la movilización social y de articulación de demandas sociales. 

Este rol es positivo por dos grandes razones. Primero, porque puede empujar la incipiente reactivación sindical observada luego de la pandemia. Un análisis reciente del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL – COES/UAH) muestra que, luego de un 2022 en donde el número de huelgas alcanzó su mínimo histórico desde 1990 (179 huelgas), el año 2023 dicho número subió hasta 261 huelgas.

Este repunte no es menor, ya que parece haberse interrumpido la tendencia a la baja observada en el periodo 2020-2022. En segundo lugar, el rol dinamizador que está intentando cumplir la CUT debe ser analizado con atención, porque cuando el movimiento sindical es parte activa de la vida pública del país, este movimiento puede ayudar a empujar las reformas redistributivas demandadas por la mayoría del país y que, por falta de capacidad o voluntad, el actual sistema político no ha implementado.

Esto es precisamente lo que ocurrió luego del llamado a paro nacional del 11 de abril de 2024. Una de las principales demandas de dicha movilización fue que el Gobierno de Gabriel Boric cumpliera su promesa de proponer una reforma al sistema de relaciones labores existente en Chile desde 1979 (particularmente, una reforma para promover la negociación colectiva por rama de actividad económica, restringida legalmente desde la implementación del Plan Laboral de 1979).

Luego de dicha movilización, el Presidente Boric anunció formalmente que iba a preparar dicho proyecto para enviarlo a fines de 2024 o inicios de este año. 

Es probable que el anuncio del Gobierno (que hasta el día de hoy no ocurre) se tome la agenda laboral de 2025. Esto producirá varios desafíos al interior del movimiento sindical durante 2025. En una investigación que realicé y que fue publicada recientemente, muestro cómo terminar con el Plan Laboral de 1979 ha sido la principal demanda de los sindicatos desde el retorno a la democracia.

Junto con esto, muestro cómo, a pesar de que prácticamente todas las coaliciones de partidos progresistas (incluida la liderada por Gabriel Boric) han incluido reformas de ese tipo en sus programas de gobierno, ninguna de ellas ha podido transformar sustancialmente las leyes contenidas en el Plan Laboral.

Las razones de ello son muchas y complejas, y van desde falta de voluntad política de las administraciones de centroizquierda y la oposición inflexible de los empresarios a tal tipo de reformas hasta la incapacidad del propio movimiento sindical para resolver sus tensiones político-estratégicas respecto a cómo actuar frente a los gobiernos que proponen las reformas.

Este último punto es central, ya que –según muestro en la investigación– las dificultades de la clase trabajadora organizada en sindicatos para actuar unitariamente como clase contrasta sustancialmente con la capacidad de los empresarios para actuar unificadamente bajo el alero de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Esta disparidad en la capacidad de la CUT y la CPC para construir “poder asociativo” (es decir, poder basado en la organización colectiva de sus miembros) es clave para entender la falta de reformas laborales prosindicales profundas en el país. 

Acá recae, precisamente, el segundo tipo de desafíos enunciado al comienzo de esta columna: los desafíos internos del movimiento sindical. De anunciarse, el proyecto de ley sobre negociación colectiva generará seguramente debate público sobre el rol de los sindicatos en la sociedad chilena actual.

Tal como en periodos anteriores de reforma laboral (por ejemplo, entre 1990-1993, 2001-2022 y 2015-2016), es probable que actores ligados a la derecha y al gran empresariado –desde partidos políticos hasta la misma CPC–se posicionen públicamente en contra de cualquier cambio que busque centralizar la negociación colectiva y derogar las normas que debilitan por la vía legal el poder de negociación de los sindicatos (por ejemplo, los artículos que promueven el “paralelismo sindical” en las empresas).

En este contexto, la CUT debería trabajar para promover espacios de unidad en donde los sindicatos, incluidos aquellos que no están afiliados a ella, concuerden estrategias de acción unitarias no solo frente al proyecto de reforma como tal, sino también frente a actores los políticos que por acción u omisión se opondrán a cualquier intento por fortalecer el derecho a la negociación colectiva y el poder de los sindicatos. 

El desafío de la unidad no es menor. Como se sabe, el sistema de relaciones laborales está diseñado para promover la fragmentación sindical, es decir, la proliferación de muchos sindicatos de empresa, con pocos afiliados y débiles. Más aún, este año la CUT enfrentará un proceso electoral en el cual se elegirá a su directiva para los próximos 4 años.

En la investigación antes señalada, estudié por qué en décadas pasadas algunas elecciones de la CUT fueron acompañadas de diversos conflictos entre dirigentes sindicales que, en casos extremos, terminaron con sindicatos desafiliándose de la central sindical. Según pude observar, parte del problema radica en las dificultades para identificar adecuadamente el número de votantes y para construir el padrón electoral.

A diferencia de las elecciones en la CPC, en donde el resultado tiende a definirse por acuerdos preelectorales entre las asociaciones sectoriales que la forman, en la CUT las elecciones son competitivas, entre listas que agrupan a varios sindicatos. La competencia entre listas electorales es, por supuesto, sana y necesaria. El problema, muy frecuente en las décadas de 1990 y 2000 y observado en algunas elecciones en la década pasada, es que cuando alguna de las partes en competencia perdía la elección, cuestionaba los resultados, levantando sospechas sobre el padrón electoral.

Más allá de si dichas sospechas eran fundadas o no, ellas le restaban legitimidad a la elección como tal. Este tipo de conflictos, sumados a la campaña interesada de actores ajenos al sindicalismo, terminaban inevitablemente desprestigiando el trabajo de los y las dirigentes sindicales, amplificando los conflictos entre sindicatos y debilitando la capacidad de la CUT para construir poder asociativo.

Esto, en total contraposición a las elecciones la CPC, las cuales, al estar basadas en acuerdos preelectorales, se desarrollan en un marco no competitivo que evita que las disputas electorales sean fuente de conflictos que atenten contra la construcción de poder asociativo empresarial.    

Como se desprende de este análisis, en un posible contexto de debate laboral intenso, el principal desafío interno de la CUT durante 2025 será asegurar que su proceso eleccionario no se convierta en una amenaza para la unidad sindical. Cambios recientes en la central sindical –por ejemplo, la implementación de voto universal y una mayor preocupación por los padrones electorales– podrían ayudar en esa tarea.

Si estos cambios se combinan con esfuerzos para convocar a sectores amplios del sindicalismo (incluyendo aquellos no afiliados a la CUT), la central sindical podría reforzar su capacidad de incidencia ante un eventual proceso de reforma laboral. En este sentido, la reciente convocatoria de la CUT a un paro nacional el 3 de abril de 2025 debería ser mirada con atención. Esta convocatoria da cuenta de las aspiraciones del sindicalismo nacional de transformase en una fuerza activa en el debate laboral de 2025.