Las forestales, Sra. Tohá, no las reivindicaciones territoriales

Es una trágica costumbre en Chile que cada verano los incendios forestales arrasen con miles de hectáreas. Se ha normalizado su ocurrencia, y en los canales de televisión abierta no se ahonda en las razones más allá de las altas temperaturas y el cambio climático.

Como habitante de Wallmapu, he recorrido extensamente las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos, observando por años la expansión implacable de los monocultivos de pino y eucalipto.

Actualmente, las plantaciones forestales de monocultivo cubren una superficie de 3.121.969 hectáreas, equivalentes al 17,37% del total de bosques de Chile¹. Un modelo promovido por el Estado y amparado en leyes de la dictadura como el Decreto 701, que instauró un sistema de bonificación forestal.

Fue en enero del 2024 cuando participé en un tribunal ético^[1] convocado por organizaciones vecinales del Biobío, aquí escuché testimonios desgarradores de víctimas de los incendios de 2023 donde, recordemos, afectó a más de 100 mil hectáreas. Familias campesinas despojadas de sus tierras por las forestales, comunidades enteras sin agua y rodeadas de monocultivos que se convierten en combustible para el fuego.

Estos testimonios reflejan la realidad que el Tribunal observó: la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y la alteración de los ecosistemas producto del modelo forestal.

Expertos biólogos y geólogos confirmaron lo que los testimonios evidenciaban: el modelo forestal es incompatible con la vida. No solo destruye la biodiversidad y agota las fuentes de agua, sino que crea un paisaje altamente inflamable. Tal como señaló el Tribunal^[2], este modelo atenta contra la vida y el territorio, y el Estado chileno tiene la responsabilidad de no regular adecuadamente la actividad forestal y permitir su expansión.

Las pocas leyes existentes son débiles y la industria forestal no las respeta. Por ejemplo, la regulación que prohíbe la instalación de monocultivos forestales en las quebradas no se ha respetado, lo que se ha traducido en un déficit hídrico y en pérdida de biodiversidad.

¿Cómo es posible tamaña impunidad? ¿Cómo es posible que hoy nuestra ministra del Interior, sin ninguna vergüenza, genere una relación de causa y efecto entre el ejercicio de derechos establecidos en la ley, como son las reivindicaciones territoriales realizadas por el pueblo mapuche, directamente con los incendios?

Sra. ministra, las forestales son dueñas de vastas extensiones de terreno. En relación con la prevención de los incendios, han sido señaladas como negligentes, por no implementar cortafuegos adecuados, no realizar limpieza de maleza y, en muchos casos, sus prácticas son directamente responsables de la propagación del fuego por la resequedad de los territorios y el gran consumo de agua de estos monocultivos.

Sin embargo, no hay análisis respecto de la existencia y consecuencias del negocio y modelo forestal. Sus siembras parecieran extenderse por todo el Estado, comprando voluntades y silenciando voces críticas.

Se nos dice que los incendios son obra de “reivindicaciones territoriales” y hoy la vocera de este Gobierno respalda estos dichos gravemente discriminadores, rematando con esto la política pública cobarde del Gobierno de Boric en Wallmapu, un estado de excepción eterno, criminalización y persecución judicial y nulo diálogo con comunidades autónomas.

Finalmente, una cortina de humo y la persistente estigmatización para ocultar la verdadera causa: un modelo económico que privilegia las ganancias de unos pocos por sobre la vida de comunidades enteras, mapuches y chilenas.

^[1] El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la Región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal instalado en Chile y los devastadores incendios forestales de 2023. Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale (Argentina), Natalia Greene (Ecuador) en la Secretaría y Ricardo Frez (Chile) como Fiscal de la Tierra, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile) y Karina Riquelme (Chile).

^[2] Ver sentencia: https://www.rightsofnaturetribunal.org/wp-content/uploads/2025/01/VF.-Veredicto-Tribunal-DDNN-Biobio-FINAL-SinFirmas.pdf