Chile y la percepción de corrupción: un análisis con perspectiva

El pasado martes se publicó el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2024. Chile obtuvo 63 puntos, posicionándose solo detrás de Uruguay en América Latina, pero sobre el promedio regional (42) e incluso cercano al puntaje promedio de los países de la OCDE (65). A su vez, países como Portugal (57), España (56) e Italia (54) tienen una puntuación menor que Chile. El resultado de Chile no constituye una diferencia estadísticamente significativa respecto a años anteriores, como señala la base de datos del índice.

El IPC mide la percepción de expertos y empresarios sobre la corrupción, pero la percepción no equivale a un diagnóstico absoluto de la realidad. Si bien han ocurrido hechos graves durante los últimos años –como el caso Audios o el caso Convenios– un puntaje menor en el índice también puede explicarse por instituciones que investigan y sancionan de manera efectiva. En este sentido, el resultado de Chile no debe interpretarse como una crisis de corrupción descontrolada.

El país ha enfrentado en los últimos años casos de alto impacto que han mermado la confianza ciudadana en las instituciones. No obstante, la corrupción es por definición una actividad oculta que solo sale a la luz mediante investigaciones y procesos judiciales. Que estos casos sean conocidos y estén en distintas etapas judiciales es, en sí mismo, una señal positiva de que el sistema está funcionando.

En este contexto, cabe destacar la independencia y autonomía del Ministerio Público en la investigación de delitos de corrupción, así como el rol del Consejo de Defensa del Estado en la presentación de querellas. Los tribunales han dictado medidas cautelares gravosas contra imputados de alta figuración pública. Aunque muchas de estas causas aún están en etapa de investigación o probatorias, es previsible que en el futuro se dicten condenas que impacten positivamente en la percepción de impunidad.

Si bien el IPC es una herramienta relevante para evaluar percepción, existe otra evaluación que permite un análisis basado en indicadores objetivos: el informe de Perspectivas de Anticorrupción e Integridad de la OCDE, publicado en marzo de 2024. Este informe evalúa a los países en cinco criterios y destaca a Chile por su enfoque estratégico y a largo plazo en la lucha contra la corrupción.

Además, resalta que la Estrategia Nacional de Integridad Pública del país, presentada por el Gobierno en 2023, está entre las mejores del mundo, cumpliendo con el 87% de los indicadores evaluados.

En esta línea, el Gobierno ha avanzado en su agenda de probidad. Se han presentado proyectos de ley como el que crea un registro nacional de beneficiarios finales, el que moderniza la regulación de lobby o el que previene conflictos de intereses, así como indicaciones al de Transparencia 2.0 y al de integridad municipal, que actualmente se discuten en el Congreso.

Adicionalmente, ya se han promulgado leyes como la de delitos económicos; la reforma a la ley de compras públicas y la que establece un estatuto de protección al denunciante por faltas a la probidad en el sector público. Estas acciones, aunque no siempre se reflejan de inmediato en las percepciones, son fundamentales para construir un país con altos estándares de integridad.

En conclusión, el resultado del IPC 2024 no debe ser motivo de alarmismo, sino un llamado a seguir reforzando las políticas de transparencia y fortalecimiento institucional. Chile sigue siendo un referente en la región en materia de lucha contra la corrupción, y el funcionamiento independiente de sus instituciones es la mejor garantía de que los hechos de corrupción no quedarán impunes. La percepción puede fluctuar, pero el compromiso para combatir la corrupción debe permanecer firme.