Los sentidos de lugar y las políticas públicas: ¿estandarizadas o a la carta?

El desafío en la elaboración de una política pública es que no necesariamente es replicable: lo que es adecuado en un país, región o localidad, no siempre tiene los mismos resultados en otro. De ahí derivan dos preguntas: 1) ¿por qué una política pública exitosa en un territorio no lo es en otro?, y 2) se debe seguir una estrategia de diseño de política pública estandarizada o adecuar los diseños a las realidades locales? La primera pregunta se responde a través de los “sentidos de lugar”; la segunda a través de la descentralización.

Antes de decidir qué estrategia de diseño usar: estandarizada o “a la carta”, se debe comprender la diversidad territorial tanto en su dimensión física como en su dimensión social y, con ello, nunca dejar de comprender que el ser humano es un ente político y social, pero también es territorial. Su territorio lo moldea y define, generando un vínculo al que denominamos “sentido de lugar”.

El arraigo a nuestro territorio se genera a través de las experiencias (individuales y colectivas), de las relaciones entre los distintos grupos (organizaciones, instituciones) que lo componen y de las motivaciones (individuales y colectivas) que llevan a acuerdos (o desacuerdos) respecto a las acciones para alcanzar determinados objetivos.

Las personas y sus organizaciones, desde el núcleo familiar hasta las más complejas, valoran sus entornos –inmediatos o mediatos–, en cuanto los entienden como una parte del logro del bien común, implicando ello una continuidad de valoración por su territorio, en el entendido que se sienten pertenecientes al mismo, implicando que los habitantes de determinado territorio entrarán en una arena de fuerzas políticas, económicas y sociales tendientes a encontrar un acuerdo que les permita avanzar en determinada dirección.

Ello asociado a que cada uno de esos grupos o fuerzas tiene un vínculo estrecho con ese territorio, por lo que la discusión no solo se da en el ámbito racional, sino que también en muchos casos se aborda desde la emoción. 

De ahí la importancia de comprender los sentidos de lugar, tanto de los individuos como de las construcciones colectivas. En muchas ocasiones, el “discurso racional del sistema político” es un esfuerzo para dar argumentos que sustenten y den validez a las decisiones emocionales en torno a determinados temas, ya sea referente al cambio climático, a la tenencia responsable de mascotas, al sistema de pensiones, etc.

La imagen objetivo que los distintos grupos de actores tienen de su país, región, comuna o localidad es el anhelo que se busca cumplir a través del diseño de políticas públicas que vayan en esa dirección. De ahí la importancia de primero consensuar hacia dónde se quiere ir, para luego formular lineamientos estratégicos que permitan avanzar hacia esa imagen de futuro que queremos construir. 

La incorporación de los “sentidos de lugar” a la discusión de política pública implica considerar que los distintos territorios que componen una nación tienen una agenda priorizada distinta a la que pueda tener el Estado Central.

Sin subestimar la importancia de esta última, se requiere una mirada multiescalar, que permita adaptar la agenda nacional a las necesidades locales o, dicho de otro modo, las prioridades subnacionales (locales y regionales) debieran contribuir a la confección de la agenda nacional.

¿Cómo se pueden compatibilizar estas necesidades multiescalares de los territorios para el diseño de una política pública de carácter nacional que genere un marco de acción y de carácter subnacional que dé respuestas a las problemáticas regionales, comunales y locales? 

Uno de los actores estratégicos llamados a consensuar estos temas son las autoridades de cada uno de los niveles –un mismo territorio se puede observar desde distintas escalas y tiene distintos actores acordes a la escala escogida–; es común, además, observar que un mismo actor tiene diferentes funciones en distintas escalas. Esto nos lleva al tema de la representatividad… ¿cómo se pueden levantar las necesidades locales si aquellos llamados a representarlos no necesariamente pertenecen a esos territorios? 

Así como es impensable que llamemos a un político extranjero a que sea Presidente de Chile, tampoco tiene sentido que un gobernador regional o un alcalde no pertenezca a la región o comuna que representa –independientemente de las cualidades de liderazgo y gestión que pueda tener–.

Es, por tanto, imperativo que las autoridades escogidas tengan un “sentido de lugar” con el territorio que representan. Sin ese vínculo sus esfuerzos no serán del todo reconocidos por la ciudadanía, ya que para dicho individuo habrá una agenda personal –una carrera política– que estará subyacente en cada decisión que se tome.

No se busca indicar, con esto, que las autoridades que pertenecen a un territorio no tendrán en cuenta su agenda personal para tomar decisiones, sino que una autoridad que no tiene un vínculo emocional con ese territorio tendrá menos escrúpulos en tomar decisiones que no vayan en directo beneficio de esos territorios.

Esto se debe a que ese sentido de pertenencia y significado que le otorgan a ese lugar/territorio los individuos, familias, barrios, la comuna o la región está inmerso en una disputa que regularmente pierde, ante un sistema productivo que mantiene en el centro la ganancia y la acumulación, soslayando estos atributos de la relación persona humana y espacio geográfico. 

El territorio es (debe ser) un espacio de encuentro, donde los distintos actores deben convivir y consensuar sus intereses, ello dentro de un marco regulatorio que estipula lo que se puede (o no) hacer y que propone una hoja de ruta para que se produzca un desarrollo armónico de un país. Lo que nos lleva a la segunda pregunta planteada en un inicio: ¿políticas públicas estandarizadas o a la carta?

La arena política nacional no difiere demasiado de lo que ocurre en los niveles subnacionales, las relaciones espaciales de poder entre los distintos actores –en el marco de un sistema económico que privilegia la concentración de la riqueza– se ve condicionada por los intereses de turno (político partidistas, económicos, culturales e individuales).

En este contexto, la descentralización se ve como una amenaza a la unidad, sin tener en cuenta que un sistema estandarizado de políticas públicas no logra responder en su totalidad a las necesidades locales. Si bien las políticas nacionales deben ser “universales”, estas deben dar espacio a la flexibilidad y ajuste a las realidades territoriales –más aún si se considera que Chile es un país vasto y diverso–. 

La tendencia debería ser a tener políticas nacionales generales que sirvan de carta de navegación, entregando lineamientos estratégicos que sean el marco dentro del cual los niveles subnacionales generen sus propias políticas públicas, orientadas al bien común y al desarrollo equilibrado y equitativo de sus territorios y habitantes.

Ello, teniendo en cuenta que los actores políticos, económicos y sociales de dichos territorios deben contribuir a la generación de la agenda nacional y de las políticas públicas nacionales. No se trata de tener un marco diseñado desde el centro, con ideas centralistas y por actores centralistas, sino de que este marco recoja las necesidades levantadas desde los territorios por actores vinculados a estos por un “sentido de lugar” que garantice un compromiso con ese territorio, primero, y con sus demás intereses, después.